La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1-Expresar su más enérgico repudio frente a una nueva actitud antisocial, antipopular y antidemocrática del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs As., en cabeza del Ing. Mauricio Macri, que decidió entablar una demanda Judicial millonaria contra trabajadores del Teatro Colón por las pérdidas que habría generado la suspensión de funciones durante la temporada 2010, derivada de legítimas medidas de fuerza tomadas por los mismos.-

2-Manifestar que procedimientos como los denunciados van en contra no sólo de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes, nacionales e internacionales, sino que también se contraponen a conquistas laborales - como el derecho de huelga - que desde antaño los trabajadores, con mucho esfuerzo y sacrificios, han sabido conseguir.-

3-Exhortar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que desista no solo de la demanda ya incoada contra los trabajadores del Teatro Colón sino que también se abstenga en el futuro de conculcar los derechos elementales de los ciudadanos.-

Señor presidente:

El gobierno porteño inició una millonaria demanda judicial contra trabajadores del Teatro Colón por las pérdidas que habría generado la suspensión de funciones en medio de un conflicto laboral. El Ejecutivo de la ciudad reclama una indemnización de 55 millones de pesos por el supuesto daño causado por las medidas de fuerza tomadas durante la temporada 2010.

La administración de Mauricio Macri también solicita a la Justicia el embargo de los bienes de un grupo de empleados y que ordene a los trabajadores "no interferir en el normal funcionamiento del teatro para la temporada 2011", cuyo inicio está previsto para marzo. Los trabajadores del Colón mantienen desde hace meses una agria disputa con la dirección del teatro, que los llevó a realizar huelgas, suspender funciones, protagonizar conciertos callejeros e incluso ocupar el escenario en plena función.

Es de público conocimiento que el Colón era un edificio que no estaba apto para ser reinaugurado para la fecha en la que se reinauguró, se forzó la reapertura para hacerla coincidir con un fecha política y para que Macri tuviera su gran fiesta mediática y tener algo dentro de la gestión medianamente positivo, para mostrarle al electorado que él había hecho obra en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el transcurso de los meses se demostró que había muchas cosas que no sólo no habían sido terminadas en el teatro sino que había muchas otras que se habían hecho mal.-

Ahora bien, la demanda judicial que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende llevar adelante en contra de los trabajadores del Teatro Colón por daños y perjuicios tiene varias aristas de análisis. Una de las cuestiones que hay que poner sobre el tapete, es que la acción judicial, disfrazada de una demanda por daños y perjuicios, esconde una profunda actitud antisindical y antipopular. Pero ello es la superficie del problema, no menor, pero superficie al fin. El problema central es que el gobierno de la Ciudad ve en los conflictos sociales, sean ellos cuales fueran -si no, veamos los ejemplos del Parque Indoamericano, las tomas de los colegios, entre otros- una patología en el andamiaje de la administración de la cosa pública. Tal esquema de pensamiento esconde un concepto antidemocrático, puesto que los conflictos son parte inescindible de la democracia, y nutren el pluralismo y las diferencias que deben ser zanjadas por el consenso y no por la represión.

Por su parte el abogado Sebastián Alanís, defensor de los trabajadores, explicó que la demanda está dirigida contra ocho personas, los "portavoces" de los "más de 500 miembros de la asamblea del teatro". "El perjuicio que esto va a ocasionar es gravísimo. No hay antecedentes a nivel nacional ni internacional de un Estado demandando a sus trabajadores", afirmó el abogado, para quien el gobierno del PRO "altera el fin público que debe perseguir" al denunciar un "supuesto daño económico". La demanda, dijo, "pretende acallar a estos ocho interlocutores", entre los que hay un técnico, cuatro integrantes de la orquesta estable y tres del coro, "todos con más de veinte años de antigüedad", con el fin de "imponer el temor en los distintos cuerpos estables" del Colón, opinó Alanís.

Esta demanda contra los trabajadores del Colón, demuestra una vez más el marco de ilegalidad y arbitrariedad con que se desenvuelven el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, cuya concepción elitista, aristocratizante, excluyente y clasista se contrapone con el ideario y con la práctica de la democracia como sistema político y como forma de vida.

Por las razones expresadas solicito la aprobación del presente proyecto.