La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enorme preocupación por las divergencias en las opiniones vertidas a la opinión pública por diferentes integrantes del Poder Ejecutivo Nacional con referencia al caso del avión Challenger 604 matrícula N600AM secuestrado el pasado sábado 2 de enero de 2011 en el aeropuerto español de El Prat con 944 kilogramos de cocaína a bordo, las que demuestran, cuanto menos, la improvisación del gobierno en materia de control de la manufactura, tráfico y consumo de drogas en el país.

Señor presidente:

El motivo del presente proyecto de declaración es manifestar nuestra preocupación por los contradictorios mensajes emitidos por los principales funcionarios del gobierno nacional sobre el avión Challenger 604 matrícula N600AM secuestrado el pasado sábado 2 de enero de 2011 en el aeropuerto español de El Prat con 944 kilogramos de cocaína a bordo.

"Nunca hay que descartar ninguna hipótesis. No hay nada por sentado aún. La droga pudo haber salido de Ezeiza o Cabo Verde", afirmó el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el 13 de enero, demostrando un llamativo conocimiento y experiencia en este tipo de operaciones.

Más cercano con la defensa cerrada más tradicional y habitual de quienes hacen de la obsecuencia su estilo de sobrevida, el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, el 17 de enero, afirmó de manera contundente: "Nosotros creemos que la droga se cargó en Cabo Verde".

Una semana después de las declaraciones de Randazzo, la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, dio una versión completamente diferente y apuntaló la sospecha judicial de que la droga fue embarcada en nuestro país.

Mientras el jefe de la base aérea de Morón, comodoro Jorge Ayerdi, declaraba ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 4, la Ministra Garré avaló la posibilidad de que el cargamento de cocaína tuviera origen en nuestro país: "No hay seguridad, pero los últimos datos hacen pensar cada vez más que la droga pudo haber sido cargada en la Argentina", afirmó en declaraciones radiales.

La Ministra de Seguridad no precisó qué información reservada la llevó a realizar tal afirmación, pero explícitamente aceptó las fallas en el sistema de vigilancia: "Es evidente que hay controles que se han relajado un poco, por la superposición a veces de diversos organismos en el control de aeropuertos", reconoció Garré.

Si bien en la Casa Rosada intentaron minimizar las diferencias que el caso provocó en el gabinete, las diferentes posiciones fueron inocultables.

Para completar el abanico, días después, el flamante Ministro de Defensa, Arturo Puricelli, en un desesperado intento de despegar a la Fuerza Aérea afirmó: "A nadie le puede caber la duda de que la Fuerza Aérea no está involucrada, ni rozada". Sin embargo, renglón seguido, Puricelli admitió que la fuerza "está tocada por la triste circunstancia de que estos personajes tuvieron una vinculación por el hecho de que el padre haya sido jefe del Estado Mayor en la década del 90", y aclaró que, en caso de que haya "responsabilidad de personal" de la Fuerza Aérea Argentina en el tráfico de cocaína "el Gobierno va a ser irreductible".

Lo que resulta harto evidente es que los errores en la seguridad aeroportuaria quedaron expuestos, más allá de que la droga fuese embarcada aquí o en el exterior, y en cualquier caso, la pasmosa improvisación del Gobierno Nacional en la materia nos lleva seriamente a dudar acerca de que esta llamativa ausencia de controles no resulte en abierta complicidad.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicito la aprobación del presente Proyecto.