La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar beneplácito por el centésimo quin- cuagésimo aniversario de la instalación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cum- plido el 15 de enero de 2013.

Señor presidente:

El 15 de enero de 1863 prestaron juramento los primeros integrantes de nuestra Corte Suprema de Justicia, designados por el presi- dente Bartolomé Mitre. Casi once años habían transcurrido desde la sanción de la Consti- tución Nacional sin que la cabeza del Poder Judicial hubiera podido instalarse y comenzar a ejercer su importante rol republicano.

El año anterior, el 13 de octubre de 1862, había sido sancionada la ley 27 mediante la cual se estableció la organización y competen- cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue en ese contexto que el pensamiento institucionalizador de Mitre, su preocupación por equilibrar los poderes del Estado y sus esfuerzos por afianzar los mandatos y principios de la Constitución, lo llevaron a remitir al Senado ―al día siguiente de la sanción de la ley 27― los pliegos de los doctores Valentín Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Ba- rros Pazos como jueces, y de Francisco Pico como procurador general.

Debe destacarse el criterio "publicista" de Mitre para la elección de los jueces ―siguiendo los antecedentes norteamericanos― basa- do en la relevancia de la sabiduría jurídica y en la actitud política e ideológica de los candi- datos. En relación con esto último fue notable el gesto de proponer a personalidades que tenían notorias diferencias políticas con el presidente.

Así pues, Valentín Alsina ―quien no aceptó finalmente el nombramiento propuesto por Mitre― fue escritor, jurista y político unitario argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades y padre de Adolfo Alsina. Por su parte, Francisco de las Carreras, había sido ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, diputado, senador provincial y miembro de la convención porteña de 1860. Más rico aún es el curriculum de Salvador María del Carril, quien había sido gobernador de San Juan, ministro de Rivadavia, emigrado, instigador de Lavalle, cons- tituyente de 1852, ministro del Interior de Urquiza, vicepresidente de la Nación en 1853, constituyente en 1860, y senador nacional en 1862. Francisco Delgado, por su parte, fue magistrado cordobés, actúo en el Congreso de 1826 , emigrado en 1840, diputado y sena- dor nacional. En el caso de José Barros Pazos oncurren también las notas comunes, inte- grante de la Asociación de Mayo, emigrado, miembro del Partido Liberal, ministro de Va- lentín Alsina y constituyente provincial en 1860. Finalmente, José Benjamín Gorostiaga, quien cubrió el 10 de junio de 1865 el vacío dejado por la negativa de Alsina, fue sin dudas el más iluminado de los integrantes de la aquella primera Corte Suprema. Gorostiaga, principal autor del texto constitucional de 1853, había desarrollado una actividad intensa como ministro de Hacienda de Vicente López, fue constituyente en 1860, y diputado na- cional en 1862. En 1868 renunció a la Corte para ser ministro de Hacienda de Sarmiento, volviendo nuevamente al tribunal en 1871.

La mayor tarea de esta primera Corte Supre- ma fue la de revitalizar la vigencia de la Constitución Nacional y pasar de la justicia como "letra muerta" ―tal como afirmó Bartolomé Mitre ante la tumba de De las Carreras, a la justicia como "un hecho". Dichas ideas debían procurar la aceptación por parte de la socie- dad de una norma suprema reguladora de la convivencia, no sólo entre los habitantes del país sino también entre los tres poderes del Estado.

La importancia que se asigna- ba a la instalación de la Corte Suprema queda en evidencia al recordar la nota circular en- viada el 16 de enero de 1863 por el presidente Mitre a los gobernadores, la cual decía: "De hoy en adelante, la propiedad particular, la seguridad individual, los derechos todos que la Constitución acuerda a los habitantes de la República, sin distinción alguna, colocados al abrigo de un poder moderador, estarán garantidos contra las invasiones a que la exaltación de las pasiones políticas tan fácilmente pueden conducir a los poderes públicos, induciéndo- los a ultrapasar el límite de sus atribuciones respectivas".

Gracias al empeño para que nuestra Constitu- ción sea, efectivamente, la ley suprema de la Nación, y al accionar de los primeros miem- bros del tribunal, el artículo 31 de la Constitución Nacional comenzó a hacerse reali- dad.

Para comprender la importancia institucional de la Corte Suprema es necesario tener en cuenta que ella, como órgano supremo del apa- rato judicial argentino, no solo se aboca a resolver los litigios individuales que le llegan por las vías procesales, sino que tiene los más diversos roles, sus dinámicas funciones institu- cionales cortan transversalmente las conductas sociales, culturales, políticas e institucio- nales de un país. La Corte Suprema es la encargada del control de constitucionalidad; es el intérprete final de la Constitución; es el supremo custodio de las garantías constituciona- les; es uno de los poderes del estado; es la creadora de jurisprudencia, doctrina, e institu- tos legales; y es referente y constructora argumentativa para las instancias inferiores.

Sería bueno que este aniversa- rio de siglo y medio de historia del máximo tribunal de justicia nos sirva de impulso para asimilar las enseñanzas positivas que nos ha brindado la Corte Suprema defendiendo los intereses, derechos y garantías de los argentinos; y para que siempre tengamos presentes las palabras del tribunal en el sentido de que "fuera de la Constitución sólo cabe esperar la anarquía o la tiranía".

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.