La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informe al Congreso sobre la exactitud de la información que ha tomado estado público de acuerdo con la cual la Dirección de Lealtad Comercial ha intimado a varias consultoras, con fecha 1° de febrero, a responder en 48 horas un cuestionario de 19 preguntas relativo al modo en que desempeñan su trabajo, y en su caso:

¿En el marco de qué actuaciones se emitieron estas intimaciones y con qué objeto fueron enviadas?

¿Qué curso de acción tiene planificado la Dirección de Lealtad Comercial adoptar con la información colectada?

¿Cuáles fueron las consultoras intimadas y con qué criterios fueron seleccionadas?

¿Cuáles facultades específicas de las leyes 20.680, 22.802 y 24.240 fundan las intimaciones realizadas?

¿Qué medidas destinadas a asegurar la debida privacidad de la información requerida dispuso la Dirección?

¿Qué criterios y políticas vinculadas al secreto estadístico rigen la labor de la Dirección de Lealtad Comercial?

Por otro lado, y dado que el cuestionario que parcialmente tomó estado público incluye una serie de interrogantes de relevancia en punto al modo en el que el propio Estado construye sus indicadores solicitamos se informe al Congreso, también en 48 horas:

¿Cuál es la respuesta del INDEC a cada una de las mismas preguntas formuladas a las consultoras privadas?

Señor presidente:

Ha tomado estado público a través de la prensa escrita y de declaraciones radiales de uno de los interesados que la Dirección de Lealtad Comercial habría intimado a varias consultoras, con fecha 1° de febrero, a responder en 48 horas un cuestionario de 19 preguntas relativo al modo en que desempeñan su trabajo, tales como el método de reemplazo de variedades por obsolescencia en la elaboración de índices de precios, una descripción del área geográfica relevada, o el método de selección de locales de referencia.

Todo acto del Estado, y en particular si se trata de una intimación en un plazo breve, requiere una fundamentación. El pedido de la dependencia del Ejecutivo, por ello, llama la atención de esta Cámara ya que se trata de un asunto de claro interés público, en el cual la libre circulación de ideas e información favorece el debate. La información pública disponible no permite concluir cuál es el fin último o la razón detrás de la serie de intimaciones, dirigidas, en principio, a un grupo de consultoras que ofrecen información estadística económica que difiere de los índices que difunde el estado.

Por supuesto, el Estado debe favorecer la producción de información confiable y es valioso que las discusiones con componentes técnicos o científicos se enmarquen en el ámbito del saber correspondiente.

Sin embargo, la condición de un debate maduro-incluso para confrontar con las informaciones producidas por el sector privado-es que el propio Estado haga propias las mismas reglas de juego y que justifique debidamente sus intervenciones sobre la actividad de los demás actores, en especial, cuando esa intervención, en ausencia de una justificación sólida, no luce a primera vista como un intento serio por modelar el debate sobre la información económica en el marco de buenas razones, sino como una pura interferencia sobre las voces discordantes.

La mejor manera de echar luz sobre la calidad de los indicadores económicos que habitualmente se difunden, en cambio, es que el Estado produzca los suyos de modo serio y transparente, y no indagando a tientas sobre los producidos en el sector privado.

Por ello, pedimos a nuestros colegas nos acompañen en este pedido de informes.