La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe:

1. Sobre lo referido al faltante de 200 armas que se enviaron a destruir dentro de la propia dependencia del RENAR:

a. Si se han identificado los responsables del hecho.

b. Si fue la propia UFI quien está llevando a cabo la investigación, y caso contrario por qué no fue la encargada.

c. Lugar donde se radicó la denuncia y si se apartó a la Policía Federal de la causa, dado que era la responsable del control.

d. Mecanismos de seguridad con que cuenta el RENAR para garantizar que todas aquellas armas entregadas con la finalidad de ser destruidas, realmente sean destruidas.

e. Nuevas medidas adoptadas para asegurar el control de las armas que se encuentran custodiadas ya sea porque fueron entregadas para su destrucción o que se deben preservar porque están judicializadas.

2. Sobre el control del comercio de municiones:

a. Responsables del control de comercio de municiones.

b. Evaluación realizada frente al incremento exponencial de decomisos realizados por Gendarmería Nacional (de 90.000 unidades a 1.000.000) entre el 2011 y el 2012. Detalle si se han identificado responsables de esta situación.

c. Área responsable de inspeccionar y autorizar el ingreso de pólvora al país.

d. Auditoria interna realizada para identificar de qué manera fue posible el ingreso de efedrina al país como si fueran barriles de pólvora, tal como está registrado en la causa judicial sobre el triple crimen relacionado con el tráfico de Efedrina.

3. Sobre el Programa de Desarme Voluntario:

a. Evolución de este programa.

b. Si se ha realizado una evaluación de su funcionamiento. En caso afirmativo, describir la misma.

c. Si están previstas nuevas acciones para impulsar el programa y cuáles son.

Señor presidente:

El comercio ilegal de armas es una de las ramas de la economía del crimen organizado (junto con la del lavado de dinero) que tiene la particularidad que ser un negocio en sí mismo, vinculado a las guerras internas en los países y a las actividades delictivas tradicionales, y, a la vez, que ofrece "productos" que son imprescindibles para el funcionamiento de todas las otras actividades de las organizaciones del crimen organizado. Las mismas garantizan su actividad territorial a través de la violencia y la intimidación, tanto hacia sus posibles competidores en el negocio como hacia quienes combaten su accionar.

Una característica especial de esta actividad es que representa más que otras, la superposición entre la economía legal y la ilegal. Prácticamente la totalidad de la producción de armas se realiza en empresas legales que están bajo el control de sus respectivos estados nacionales. Estos controles, no aparentan ser muy estrictos en lo referido al transporte y comercialización internacional, frente a la envergadura del mercado ilegal de armas

En cada país existen organismos de control específicos sobre el tema, que tienen el poder de otorgar los permisos de exportación y los de importación, así como el registro de tenencia de armas a particulares. Los controles son aún más relajados y la información es casi nula sobre el comercio de municiones, como si las mismas no fueran indispensables para el funcionamiento de las armas.

A nivel mundial se asiste a un aumento tanto del comercio legal como del ilegal y el mismo está absolutamente ligado con el incremento de todos los tipos de violencia. Según Lora Lumpe, una experta en el tema, a nivel mundial se producen anualmente medio millón de muertes, una por minuto, la mitad de las cuales ocurre en sociedades que están en guerra y la otra mitad, en países que no están en guerra. América latina toda es el territorio donde este efecto es mayor, ocurren el 50% de las muertes por causas de armas de fuego y vive el 10% de la población. (Rebeca Peters)

En Argentina, país productor de armas, el RENAR estima que hay igual cantidad de armas registradas que no registradas Las propias fuentes oficiales estiman que el mercado de las armas, tanto legal como ilegal, alcanza los dos millones y medio de unidades.

Además de Fabricaciones Militares existen en el país, 5 empresas privadas de armamentos. Argentina es el tercer productor de armas de América Latina después de Brasil y Méjico, en especial de las armas pequeñas y livianas.

Toda arma ilegal fue en algún momento legal. Las fuentes de este mercado ilegal son diversas: van desde particulares que las venden sin tomar requisitos, armerías que no respetan las condiciones, robo a particulares, hasta el robo a arsenales de las fuerzas militares o de seguridad, a los depósitos judiciales y también ventas simuladas que facilitan funcionarios corruptos. Recordemos que como estado, Argentina realizó ventas ilegales de armas a otros estados. En este marco resulta preocupante la "pérdida" de 200 unidades dentro del RENAR. Se trataba de armas (revólveres, pistolas y subametralladoras) que todavía estaban sometidas a procesos judiciales (con mayor probabilidad de que estuvieran en mejor estado que las que se entregan para destruir) que se colocaron en el lote que iba a destrucción y que desaparecieron dos días antes que se fueran a trasladar para su destrucción. El control de esta partida de armas estaba a cargo de la Policía Federal.

El RENAR funciona a nivel de dirección nacional dentro de una de las secretarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su presupuesto que está ligado al cobro de las licencias que otorga, la administración de dicho fondo está terciariazada a través de la asociación que agrupa a los productores de armas y municiones nacionales. Una extraña combinación donde los que deben ser controlados son los que manejan los fondos de sus controladores. Por otro lado, su ubicación institucional dentro del organigrama del Ministerio de Justicia refleja una baja prioridad que tiene en la estructura administrativa del estado.

El Plan Nacional de Desarme se inició en el año 2007, tuvo en sus inicios un fuerte impulso por parte de las organizaciones civiles dedicadas a esta temática. Pero paulatinamente fue teniendo menos impulso. En cinco años se recibieron aproximadamente 130.000 armas. Programas de este tipo constituyen una herramienta importante para un debate más abierto con el conjunto de la sociedad. Seguramente su alcance no llegará a recuperar una proporción significativa de las armas de fuego en circulación, pero, resulta necesario continuar con su promoción, alentando la participación de la sociedad civil. Cada arma que se retira de circulación contribuye a la reducción de la violencia.

Otro dato preocupante, por la falta de control, es que la cantidad de municiones decomisadas por la Gendarmería Nacional que pasó de 90.000 en el 2011 a 1.000.000 en el 2012. Los procedimientos se realizaron en el momento que las mismas eran transportadas por el interior del país. Las mismas habían sido sustraídas del circuito legal para introducirlas en el mercado ilegal por las organizaciones delictivas. Esta sustracción solo puede darse por la falta de controles y /o por la protección y los acuerdos que estas organizaciones tienen con las estamentos policiales, judiciales y políticos. Sin municiones, las armas pierden su fuerza destructora.

En una investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, realizada por los investigadores Appiolaza y Ávila, se advierten sobre las interrelaciones entre el comercio ilegal de armas, el de drogas y el trata en el país. Hay que recordar que la violencia es una de las herramientas de los grupos delictivos para dominar un territorio. En este sentido, para cualquiera de estas actividades, las armas son un insumo indispensable.

El incremento significativo de las actividades de este tipo de grupos, los mayores niveles de violencia y corrupción que traen aparejados representan un desafió para los estados y requieren una readecuación de los organismos de control y seguimiento. En este sentido, lamentamos que el año anterior haya perdido estado parlamentario, por voluntad del partido oficialista, el proyecto con media aprobación del senado para la Creación de una Agencia Nacional de Control de Armas y Explosivos.

Por los argumentos expuestos y para comenzar a reflexionar sobre estas realidades en el marco de la Cámara de Diputados de la Nación, solicito a mis pares que me acompañen con la firma en este proyecto.