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PROYECTO DE TP
Expediente 8686-D-2014
Sumario: CODIGO PENAL. MODIFICACIONES, SOBRE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. INCORPORACION DEL ARTICULO 278, SOBRE DELITOS COMETIDOS CON LA COMERCIALIZACION DE APARATOS DE TELEFONIA CELULAR Y ELECTRONICOS.
Fecha: 03/11/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 158
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°.- Modifícase el artículo
162 del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 162. - Será reprimido
con prisión de tres años y seis meses a seis años, el que se apoderare
ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena".
Artículo 2°.- Modifícase el artículo
163 del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 163. - Se aplicará
prisión de cinco a ocho años en los casos siguientes:
1º Cuando el hurto fuere de
productos separados del suelo o silobolsas o de máquinas, instrumentos de
trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares,
dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos.
2º Cuando el hurto se cometiere
con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de
ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de
cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del
damnificado;
3º Cuando se hiciere uso de
ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que
hubiere sido substraída, hallada o retenida;
4º Cuando se perpetrare con
escalamiento.
5º Cuando el hurto fuese de
mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se
cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
6º Cuando el hurto fuere de
vehículos con o sin motor dejados en la vía pública o en lugares de acceso
público.
7° Cuando para la perpetración del
delito se utilizaren vehículos automotores, ciclomotores, motos, bicimotos o
cuatriciclos.
8° Cuando se aprovechare de la
condición física de la víctima, su minoría de edad, discapacidad, mayor de
setenta años de edad o condición evidente de disminución física o mental.
9° Cuando el objeto del delito
fueren teléfonos celulares, de radiocomunicación o sucedáneos, carteras y
bolsos de mano, computadoras portátiles y tabletas, calzado y ropa de la
víctima, reloj, anillos, cadenas, aros o colgantes.
10° Cuando se utilizaren máscaras
o disimulación de rostro de cualquier índole.
11° Cuando el hecho se cometiere
en una entidad bancaria o financiera, oficina pública, cooperativa o mutual,
centro de salud u hospitalario, establecimiento educativo o universitario.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo
164 del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 164. - Será reprimido
con prisión de cinco a diez años, el que se apoderare ilegítimamente de una
cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia
física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para
facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su
impunidad".
Artículo 4°. Modifícase el artículo
166 del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 166. -Se aplicará
reclusión o prisión de diez a dieciocho años:
1. Si por las violencias ejercidas
para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos
90 y 91.
2. Si el robo se cometiere con
armas de cualquier tipo, o en despoblado y en banda.
Si el arma utilizada fuere de fuego,
la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su
máximo.
Si se cometiere el robo con un
arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiere tenerse de ningún modo
por acreditada, o con un arma de utilería, o si el arma no fuere habida, la pena
será de siete a doce años de reclusión o prisión.
Si el arma utilizada fuera
punzocortante, la escala prevista se elevará en un cuarto en su mínimo y en su
máximo."
Artículo 5°. Modifícase el artículo
167 del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 167. - Se aplicará
reclusión o prisión de ocho a quince años:
1º. Si se cometiere el robo en
despoblado;
2º. Si se cometiere en lugares
poblados y en banda;
3º. Si se perpetrare el robo con
perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un
lugar habitado o sus dependencias inmediatas;
4º. Si concurriere alguna de las
circunstancias enumeradas en el artículo 163".
Artículo 6°. Modifícase el artículo
167 ter del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
"ARTICULO 167 ter.- Será
reprimido con prisión de tres años y seis meses a ocho años el que se
apoderare ilegítimamente de UNA (1) o más cabezas de ganado mayor o
menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos
rurales o, en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el
de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el
trayecto.
La pena será de cinco a diez años
de prisión si el abigeato fuere de CINCO (5) o más cabezas de ganado mayor o
menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte".
Artículo 7°. Modifícase el artículo
167 quater del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
"ARTICULO 167 quater.- Se
aplicará reclusión o prisión de siete años y seis meses a doce años cuando en
el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1.- El apoderamiento se realizare
en las condiciones previstas en el artículo 164.
2.- Se alteraren, suprimieren o
falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación del animal.
3.- Se falsificaren o se utilizaren
certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de marca o señal, o
documentación equivalente, falsos.
4.- Participare en el hecho una
persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración,
comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de
origen animal.
5.- Participare en el hecho un
funcionario público quien, violando los deberes a su cargo o abusando de sus
funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.
6.- Participaren en el hecho TRES
(3) o más personas".
Artículo 8°. Incorpórase al Código
Penal el artículo 278 con la siguiente redacción:
"Artículo 278. Se aplicará prisión
de tres a seis años, a quien comercializare aparatos de telefonía celular,
computadoras personales portátiles, tabletas, GPS, relojes pulsera, joyas,
autopartes y repuestos de automotores y ciclomotores; cuando en cualquiera
de los casos, fueren usados y no se verificare la identidad del vendedor ni la
procedencia de las cosas comercializadas, o no se instrumentare o registrare el
pertinente contrato escrito de compraventa
Será obligación celebrar contrato
de compraventa por escrito de cualquiera de los elementos detallados en el
párrafo precedente y se deberá proceder a su registración inmediata vía
Internet, cuya reglamentación será efectuada por el Poder Ejecutivo
Nacional".
Artículo 9°.- De Forma
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un documento de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), llamado "Seguridad Ciudadana con rostro
humano" -que incluye estudios de 18 estados de América latina-, advierte que
la Argentina es el país con mayor tasa de robos por habitante del
subcontinente.
El informe, que incluye varios
ítems relacionados con la seguridad, detalla que Argentina, de acuerdo a
estadísticas de 2008, encabeza la lista de robos por habitante con 973 hechos
al año, seguida de México (688), Brasil (572) y Chile (495).
En tanto, en el "rubro" Hurtos, la
Argentina está segunda en el continente, con 715, detrás de Uruguay, que
tiene 3.093 hurtos al año por habitante.
Para confeccionar el estudio, la
ONU se basó en información oficial que hizo pública o envió a la organización
cada uno de los Estados. Por caso, Colombia y Ecuador no aportaron
información. Aunque la mayoría de los países aportaron estadísticas en 2011
por última vez, Argentina lo hizo en 2008.
El estudio tiene un apartado
especial que compara sólo seis países: México, Perú, El Salvador, Brasil, Chile y
Argentina, que también figura a la cabeza en casos de presos que llevaban
armas a la hora de cometer el delito, con el 60%, seguido de Chile con el
36,6%.
En América Latina los robos se
han casi triplicado en los últimos 25 años, dijo Muñoz, director regional para
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Es por ello, que desde el Congreso
de la Nación debemos dar una respuesta a la ciudadanía afectada por la
epidemia de delitos contra la propiedad (robos y hurtos), adecuando la ley
penal a la realidad, siempre dentro del respeto más estricto a las garantías del
debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa en juicio, pero poniendo en
claro que quienes deben estar detrás de las rejas son los ladrones y no los
habitantes.
En todo el mundo, el Estado de
derecho y la seguridad ciudadana son elementos clave de los programas del
PNUD. Trabajamos para mejorar los sistemas de justicia y la aplicación de la
ley, y también nos enfocamos en las medidas preventivas, como la generación
de oportunidades de empleo y promoción de la inclusión social, y una cultura
de paz y de estabilidad.
La seguridad ciudadana, tal como
se define en el presente informe del PNUD, es un tema delicado que preocupa a
muchos tomadores de decisión y repercute al calor de las campañas electorales.
No es de extrañar que el tema haya escalado en América Latina hasta
convertirse en la principal preocupación pública en muchos países. El nivel de
inseguridad que muchos sufren en la región impide el desarrollo humano.
América Latina muestra hoy en día
economías más fuertes e integradas, menos pobreza, democracias más
consolidadas, así como Estados que han asumido mayores responsabilidades en
la protección social. Pero, el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y
la inseguridad. En la última década la región ha sufrido una epidemia de
violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por
el aumento del temor entre los ciudadanos.
Entre 2000 y 2010 la tasa de
homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones
del mundo descendió o se estabilizó. En una década han muerto más de 1
millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia
criminal. Por otra parte, considerando los países para los cuales se cuenta con
información, los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Y, en un día
típico, en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia
sexual; la mayoría son mujeres. La violencia y el delito dañan directamente el
núcleo básico de derechos que están en la base del desarrollo humano: la vida
y la integridad física y material de las personas.
El deterioro de la seguridad no se
ha dado de manera homogénea. En algunos países la violencia letal es la que
más aqueja a la población mientras que, en otros, los niveles de homicidio son
relativamente bajos, pero el aumento repentino y considerable de los delitos
patrimoniales ha disparado la percepción de inseguridad en la ciudadanía.
Al mismo tiempo, al interior de los
países la situación es heterogénea, con municipios, estados o departamentos
que tienen indicadores comparables a los países de Europa, y lugares en los
que la violencia letal es incluso mayor a la de países en guerra. Los Estados de
la región muestran grandes déficits de capacidades en materia de justicia y
seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que
atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia
las instituciones de justicia y policía. A la luz de estos déficits, la privatización de
la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad
en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado
como principal garante de la seguridad ciudadana. Paralelamente, los vínculos
comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han perdido fuerza en
algunos contextos como tensores sociales que permiten cooperación y
convivencia positiva , propiciando, en algunos casos, formas de organización
distorsionadas por el temor y la desconfianza como la llamada "justicia por
mano propia", así como el apoyo a las políticas de "mano dura".
No hay una fórmula mágica y
única para resolver el problema, pero la inseguridad sí tiene remedio.
Las distintas amenazas a la
seguridad ciudadana deben ser atendidas mediante respuestas diferenciadas
que tomen en cuenta su nivel de organización y los espacios en los que estas
operan: el hogar, la escuela o el ámbito público. Finalmente, las políticas de
seguridad deben ser evaluadas periódicamente en términos de su efectividad e
impactos, asegurando que éstas no generen mayores niveles de violencia y que
funcionen con pleno respeto a los derechos humanos.
Los avances en materia de
seguridad ciudadana no resultan de una sola política aislada, sino de un
enfoque multisectorial y de una serie de políticas que incluyan medidas de
prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la
relación entre Estado y comunidades, voluntad política amplia y sostenida, y la
adopción de sistemas de información y de intervención más modernos y
eficaces.
Esta ley que se propone da una de
las soluciones, sacar de la calle a los que han adoptado al delito como medio de
vida. Pero, no es toda la solución, porque, más que pensar en un modelo único,
los tomadores de decisión deben diseñar una serie de políticas y reformas con
objetivos claros y que atiendan necesidades en el corto, mediano y largo
plazos. Para ello, se recomienda que las fuerzas políticas y sociales de cada país
definan un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, con el propósito de
alinear los esfuerzos públicos y privados hacia la reducción del delito y la
violencia como política de Estado.
La inseguridad sí puede
remediarse, como se muestra de las lecciones de cinco iniciativas regionales
para disminuir los niveles de homicidio y delito en zonas de alta violencia e
inseguridad: Fica Vivo (Brasil), Plan Cuadrante (Colombia), Barrio Seguro
(República Dominicana), tregua entre pandillas (El Salvador) y Todos Somos
Juárez (México).
Las políticas de mano dura han
fracasado en la región y América Latina presenta un abanico de respuestas que
la evidencia empírica señala como óptimas para hacer frente a las distintas
amenazas a la seguridad ciudadana. Pero, siempre partiendo de la tolerancia
cero a los delitos de robos y hurtos, que más allá de la magnitud de la violencia
que exhiban representan el inicio de otras afectaciones al Estado de Derecho y
se vinculan, necesariamente con la droga, el narcotráfico, la toxicomanía, el uso
ilegal de armas de fuego, su comercialización, encubrimientos, reducción de
elementos sustraídos, lesiones e incluso homicidios.
Hay que proteger a los ciudadanos
y combatir denodadamente que los delincuentes ganen la calle.
En las últimas tres décadas, la
definición tradicional de seguridad ha experimentado cambios importantes: esta
noción giraba en torno a la defensa de intereses neurálgicos de los Estados,
como la soberanía y la autonomía. No obstante, al menos tres aspectos de esta
definición se han cuestionado internacionalmente: la idea de que seguridad
equivale a la seguridad nacional o a la seguridad del Estado ante posibles
agresiones externas; la creencia de que las amenazas a la seguridad son
principalmente militares, y la visión de que tales amenazas tienen un carácter
objetivo que permite identificarlas, independientemente de las consideraciones
políticas que las rodeen (Lipschutz 1995, 6).
Estos cambios están vinculados
con las transformaciones que, en la práctica, han afectado la realidad de los
países, particularmente a raíz de los procesos asociados con la globalización: la
"frontera" que dividía lo interno de lo externo se ha desdibujado, lo que refleja
la interrelación que existe entre el ámbito nacional y el internacional. Si bien
algunas amenazas a la seguridad pueden contenerse a nivel local, muchas
dinámicas internas -como la debilidad institucional o la falta de gobernabilidad
pueden convertirse en amenazas regionales o incluso globales. Asimismo,
amenazas de carácter transnacional o global -como el tráfico ilegal de armas,
trata de personas y de drogas- pueden exacerbar las condiciones locales de
inseguridad (Banco Mundial 2011; UNODC 2012; Small Arms Survey
2013).
La seguridad puede definirse
desde múltiples perspectivas que pueden agruparse de acuerdo con el nivel de
análisis que adoptan (el individuo, la comunidad, el Estado, la región y el
mundo), las amenazas que subrayan (delito común, delincuencia organizada,
guerras, hambre, pobreza) o incluso desde las respuestas de política pública
que implícita o explícitamente privilegian (prevención frente a represión, por
ejemplo) (Baldwin 1997; Tickner y Mason 2003; Abello y Pearce 2007).
Desde el punto de vista de este
informe, la definición de seguridad se centra en el concepto de seguridad
ciudadana y su relación con los conceptos de seguridad humana y desarrollo
humano.
La seguridad humana se define
como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. Es un concepto
amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la
vida y contra el bienestar de las personas: desastres ambientales, guerras,
conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria,
violencia política, amenazas a la
salud y delitos (PNUD 1994, 27- 28). Estas amenazas, sin importar las
diferencias en el desarrollo económico de los países, pueden afectar a las
personas y limitar sus oportunidades de desarrollo humano (Gasper 2005,
223).
En comparación con la diversidad
de amenazas que contempla la seguridad humana, la seguridad ciudadana
resulta un concepto mucho más acotado. De hecho, la seguridad ciudadana
puede entenderse como una modalidad específica de la seguridad humana,
relacionada con la seguridad personal y, más específicamente, con amenazas
como el delito y la violencia (PNUD 2005, 35; PNUD 2010b, 31).
La seguridad ciudadana es una de
las principales preocupaciones de los ciudadanos de América Latina. El delito, la
violencia y el temor que éstos generan son desafíos que comparten todos los
países de la región, aunque con distintas intensidades. De ahí que este informe
centre su atención en esta modalidad específica de la seguridad humana, sin
negar que una concepción amplia de la seguridad -que integre aspectos como
la salud, la educación y la seguridad alimentaria- es la base de la seguridad
ciudadana y del desarrollo humano.
La seguridad ciudadana consiste
en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida,
el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener
una vida digna (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica PNUD
2010b, 31).
Esta concepción está centrada en
el bienestar de las personas y considera que la provisión de seguridad
ciudadana es un requisito indispensable para su desarrollo humano. Asimismo,
subraya el papel central que tiene la vigencia real y la tutela de una serie de
derechos humanos que son exigibles frente al Estado (PNUD 2010b, 38; PNUD
2013, 7). Así, la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de
libertades, por citar sólo algunos ejemplos, son obstáculos directos para la
convivencia y la seguridad ciudadana (PNUD 2005, 32).
La seguridad ciudadana no debe
entenderse exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito
y violencia. Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una
estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población,
la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia
accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia
pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión
social.
El delito y la violencia constituyen
amenazas a la vida y a la integridad física y patrimonial de las personas. Sin
embargo, deben entenderse como categorías analíticas distintas, dado que no
todo delito es violento ni todo acto de violencia es tipificado como delito en las
leyes. La corrupción y el fraude, por ejemplo, no están asociados a actos
violentos generalmente, y el hurto se define como la "sustracción no violenta de
bienes ajenos sin el consentimiento de su dueño" (PNUD 2010b, 34). Por otro
lado, no todos los actos violentos son tipificados como delitos. Por ejemplo, el
ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado no constituye un
delito.
Más aún, la violencia como
categoría de análisis permite subrayar claramente un conjunto de motivaciones
que suelen ser excluidas cuando se piensa en la categoría de delito. Mientras
que el delito se asocia comúnmente a móviles de tipo económico, la violencia se
reconoce como una conducta que puede estar motivada tanto por intereses
políticos e institucionales como por diversas formas de exclusión y
discriminación social (Moser y Winton 2002). Por ejemplo, la violencia de
género no puede entenderse sin tomar en cuenta el conjunto de normas y
conductas sociales que conducen a esta forma de violencia y que contribuyen a
su invisibilización y normalización. En esta misma línea, la categoría de violencia
permite reconocer que la inseguridad puede estar motivada por normas y
conductas que no pueden resolverse mediante la mera aplicación de leyes más
severas, sino mediante la transformación profunda de patrones sociales y
culturales que promuevan una cultura de paz, convivencia democrática y
equidad de género (Pearce 2006).
La categoría "delito" se refiere al
conjunto de conductas clasificadas como ilegales o contrarias a la ley y a la
norma jurídica vigente en un Estado y que, como tales, están sujetas a castigo
o sanción por parte de las autoridades correspondientes (Tilly 2003, 19).
La categoría "violencia," por su
parte, tiene distintas acepciones. La definición de la Organización Mundial de la
Salud define violencia como "el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones"
(OPS 2002, 5).
Otras definiciones sociológicas van
más allá de la dimensión física de la violencia y se refieren, por ejemplo, a la
violencia simbólica -entendida como un tipo de dominación o violencia que ha
sido interiorizada por la víctima a tal grado que no es percibida como
violencia- (Bourdieu 2004, 339) o a la violencia estructural -entendida como
el resultado de una "organización político-económica de la sociedad que impone
condiciones emocionales y físicas adversas en las personas, desde altas tasas
de mortalidad hasta pobreza y explotación laboral" (Bourgois 2001, 8)-.
Se entiende por violencia el uso
deliberado e impuesto de la fuerza física por parte de una persona o grupo de
personas en contra de otra u otras personas.
No obstante, se reconoce que la
violencia psicológica y emocional es una dimensión ineludible de la violencia
física, así como un impacto importante de la misma. Asimismo, vulnerabilidades
de carácter estructural, como la pobreza, la desigualdad económica, el
desempleo y la marginalidad, constituyen expresiones de la llamada violencia
estructural que limitan de manera importante las opciones que tienen las
personas.
Las seis amenazas principales
son:
- Delito callejero: se refiere a
hurtos y robos de pequeña cuantía que suelen ocurrir en lugares públicos y que
involucran, en algunos casos, amenazas de violencia, golpes o lesiones contra
las víctimas.
- La violencia y el delito callejero
ejercido en contra y por los jóvenes: los jóvenes constituyen el grupo más
afectado por la criminalidad y la violencia, y a su vez, son los responsables más
comunes de la violencia intencional y de la comisión de delitos.
- Violencia de género: son todas
las formas de violencia contra una persona o un grupo de personas en razón de
su género, que suelen expresarse de manera más intensa y predominante
contra mujeres y niñas.
- Corrupción: en su sentido amplio,
comprende la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya provisión es
responsabilidad del Estado.
- Violencia ilegal por parte de
actores estatales: incluye un amplio rango de actividades que van desde el
abuso policial de los ciudadanos, acciones que constituyen claras violaciones a
los derechos humanos, hasta la participación directa de actores estatales en
actividades vinculadas con la delincuencia organizada.
- Delincuencia organizada: es toda
acción delictiva organizada y prolongada en el tiempo cuya capacidad de
sustraer y proveer bienes y servicios implica la corrupción, la coacción y, en
algunos casos, la violencia.
El Estado es el único actor que
tiene el mandato de proveer seguridad ciudadana, en tanto que ésta constituye
un bien público. Para cumplir con su responsabilidad, el Estado debe actuar con
apego a la ley y al respeto de los derechos humanos.
La seguridad ciudadana es un bien
público, es decir, un bien al que todas las personas deben tener acceso sin
distinción de clase social, preferencia política, raza, etnia, género o identidad
sexual.
Para referirse al papel del Estado
en la provisión de seguridad ciudadana, este informe propone la noción de
Estado responsable. A partir de esta noción, se entiende que el Estado es el
principal encargado de proveer seguridad ciudadana, en tanto que ésta
constituye un bien público al que todas las personas tienen derecho. Asimismo,
se subraya que, aunque muchos otros actores intervienen en la provisión de
seguridad, el Estado es el único que tiene el mandato de asegurarse de que
esta provisión no sirva a intereses privados limitados ni proteja a unos pocos,
sino a todos los ciudadanos y de acuerdo con el "interés común".
En entornos democráticos, el
Estado debe ser la materialización del pacto suscrito entre los miembros de una
comunidad política (PNUD-OEA 2010). En otras palabras, sus leyes y sus
instituciones deben representar y garantizar el bien común o el bien público.
Los ciudadanos, por su parte, definen y actualizan el significado de "lo público"
a través de elecciones, movimientos sociales, organizaciones civiles o prestando
su voz en medios de comunicación.
Al hablar de seguridad ciudadana,
destacan otras características del Estado. De acuerdo con la definición del "tipo
ideal" de Estado planteada por el sociólogo Max Weber (1994), el Estado es el
único actor que puede demandar el ejercicio del uso exclusivo y legítimo de la
violencia. Al caracterizar el uso de la violencia como de "uso exclusivo" o
monopólico del Estado, Weber plantea que el Estado constituye la más alta
fuente de autoridad o soberanía dentro de un territorio dado; y al caracterizar
su uso como "legítimo", se refiere a que la violencia que ejerce el Estado debe
estar basada en las leyes vigentes.
Esta definición de un "tipo ideal"
de Estado no necesariamente refleja la realidad. En la práctica, tanto en países
desarrollados como en países en desarrollo, el Estado no es el único actor que
reclama para sí el uso de la fuerza. Otros actores hacen uso de la fuerza,
aunque no siempre sea de forma legítima o coherente con un marco regulador.
Por ejemplo, los grupos armados que operan con fines delictivos o para
procurarse justicia "por mano propia", las empresas de seguridad privada que
operan fuera de la ley o en una zona gris, los grupos de personas que actúan
-de manera más o menos espontánea- para castigar públicamente a
supuestos criminales, entre otros, responden a una realidad en donde la
provisión de la seguridad es "híbrida" (Luckham y Kirk 2012).
Es decir, no es sólo el Estado sino
una multiplicidad de actores quienes buscan ejercer la violencia y proveer
seguridad, aunque muchos de estos estos actores lo hagan con fines privados
y, eventualmente, al margen o fuera de la ley.
La democracia es el único sistema
político en el que las libertades y los derechos de las personas imponen límites
inconfundibles en el ejercicio del poder y, por lo tanto, es el único sistema
capaz de garantizar las libertades necesarias para que las personas desarrollen
sus capacidades: por ejemplo, la libertad de participar en la vida pública,
organizarse, decidir sobre su propia vida.
No obstante, para que el Estado
provea la seguridad ciudadana como un bien público, la democracia no debe
restringirse a su dimensión meramente electoral. La democracia debe ser un
sistema que garantice la vigencia del Estado de Derecho, la resolución pacífica
de conflictos, la rendición de cuentas y el empoderamiento de las personas en
un marco de respeto a las libertades fundamentales (O'Donnell 1993, 305;
Ungar 2011).
La ciudadanía es la condición de
pertenencia de los individuos a una comunidad política -encarnada por el
Estado y por el conjunto de leyes, instituciones y prácticas vinculadas con
éste- ante la cual se tienen derechos y deberes (Posas 2007, 7). Thomas H.
Marshall (1992) identifica tres dimensiones de la ciudadanía: la civil, la política y
la social. Estas dimensiones se refieren a distintos derechos y libertades que
incluyen desde el derecho a expresarse y a tener acceso a la justicia, pasando
por el derecho a participar como miembro de una comunidad política, hasta el
derecho a un mínimo de bienestar económico.
Estos derechos, no obstante, están
vinculados con deberes: la ciudadanía es finalmente un pacto entre el Estado y
las personas. Esto es, la ciudadanía se entiende como el pacto político y social
entre miembros de una comunidad política llamada Estado, del cual se deriva
un conjunto de deberes y derechos compartidos por todos los ciudadanos por
igual.
El respeto de los derechos de
todas las personas constituye el camino más firme hacia la seguridad
ciudadana. Es decir, no amenazar la integridad física y material de otros y
respetar las leyes que protegen el núcleo de libertades fundamentales
constituyen un paso elemental para construir la seguridad ciudadana.
El aumento de las expectativas de
consumo, a la par del estancamiento en la movilidad social y la falta un
crecimiento incluyente, se encuentran entre los factores que podrían ayudar a
entender el crecimiento del delito en Latinoamérica y por supuesto en
Argentina.
Más aún, en un contexto de
persistentes desigualdades, empleos precarios y expansión de las expectativas
de consumo, el denominado delito aspiracional constituye una hipótesis
plausible para la región que requiere profundizarse.
En América Latina, la estructura
familiar ha tenido profundas transformaciones en las últimas décadas. Éstas
han mermado su capacidad de responder a los cambios de la sociedad y
mantenerse como un soporte y un catalizador básico para el desarrollo de los
individuos (Arriagada 2002; Sunkel 2006). La familia no sólo cumple funciones
básicas de apoyo social y de protección material, física y emocional, sino que
también tiene un papel fundamental en la socialización de las normas y su
aprendizaje.
Esto la hace un mecanismo de
control social y un espacio de ampliación de oportunidades por excelencia. Los
cambios y las transformaciones de la estructura familiar, así como la
persistencia de factores que ponen en tensión su funcionamiento, son
elementos a considerar en el contexto de inseguridad que vive la región. Se
pueden identificar tres cambios importantes en las familias latinoamericanas: el
aumento de las familias monoparentales, la persistencia en las altas tasas de
fecundidad adolescente y los procesos migratorios.
América Latina ha dado pasos
importantes en el campo de la educación, al incrementarse los niveles de
alfabetización y de acceso de los niños y niñas a las escuelas primarias, con
altos niveles de cobertura en todos los países (CEPAL 2010). Las tasas de
analfabetismo de la población adulta son de alrededor del 11%, mientras que
las nuevas generaciones tienen un porcentaje de analfabetismo del 2% a nivel
regional (CEPAL 2010).
En la actualidad, se cuenta con
mayores niveles de educación que hace dos décadas, lo cual contrasta con el
panorama de deterioro de la seguridad ciudadana. Si se parte del supuesto de
que una de las respuestas para contrarrestar los niveles de violencia e
inseguridad está en la educación, es evidente que por sí misma la escuela en
América Latina no ha evitado la violencia. Algunos estudios señalan que cuando
los jóvenes en situación de vulnerabilidad se mantienen en la escuela durante la
adolescencia, se reduce significativamente su participación en actividades
criminales (Heller et al. 2010).
Desde esta perspectiva, los
sistemas educativos de la región afrontan los siguientes tres retos para
fortalecer la resiliencia juvenil ante la inseguridad: los altos niveles de
deserción, especialmente en la secundaria, los déficits en la calidad de la
educación y la falta de oportunidades de inserción laboral.
América Latina es la región más
urbanizada del mundo, con casi el 80% de la población que habita en las
ciudades, una proporción incluso mayor a la que presentan los países más
desarrollados (ONU-Habitat 2012). Éste es un dato importante si tenemos en
cuenta que es en las urbes en donde se concentra el delito.
Los países de la región tienen
mayores tasas de victimización en las zonas urbanas que en las rurales.
Un estudio del Centro
Internacional de Desarrollo e Investigación de Canadá (IDRC, por su siglas en
inglés) sobre el nexo entre las ciudades, los procesos de urbanización y el
crimen identifica diversos marcos analíticos (Muggah 2012, 6). Para esta
investigación, se utilizan dos de ellos: primero, la teoría de la
desorganización
social, que señala que las
desventajas económicas, la heterogeneidad entre los habitantes y la
inestabilidad contribuyen al desorden de las comunidades y, por lo tanto, a la
violencia.
Segundo, la perspectiva del
capital-cohesión social, la cual postula que la confianza interpersonal y las
relaciones sociales son determinantes para entender la criminalidad.
Las características de los cambios
en las urbes latinoamericanas, en especial el crecimiento urbano, pueden
ayudar a explicar el deterioro de la seguridad. Merecen especial consideración
los procesos activos de crecimiento urbano y su relación con el deterioro de la
seguridad. Es posible identificar dos desafíos principales: el crecimiento
desordenado de las ciudades intermedias y el ritmo acelerado de urbanización
en algunos países.
En los últimos 20 años, si bien la
proporción de la población urbana que vivía en condiciones de tugurio30
disminuyó en términos porcentuales -del 33% al 24%-, la cantidad absoluta
de personas en estas condiciones aumentó de 106 a 111 millones en América
Latina y el Caribe (ONU-Habitat 2012).
En términos generales, el
crecimiento demográfico y la urbanización han perdido fuerza en la región
(ONU-Habitat 2012).
Los puntos de inflexión de la
urbanización en América del Sur fueron en 1960, y en América Central, en 1965
(ONU- Habitat 2010-2011), con gran impulso de migraciones internas hacia las
urbes. Por ejemplo, en 1950, había en la región 320 ciudades con al menos
20,000 habitantes; medio siglo después, la cifra se acercaba a las 2,000
ciudades (Rodríguez 2011). Así, la urbanización avanzó más rápido que la
capacidad de respuesta de las instituciones y de las propias comunidades, lo
que generó que amplias capas de la población quedaran fuera de la cobertura
estatal y de las redes de protección social.
Aunque los niveles delictivos entre
esas primeras generaciones de migrantes internos no fueron altos, a la postre
creció el número de personas que incurrieron en delitos entre las segundas y
terceras generaciones en comunidades relativamente marginadas.
El crecimiento del delito en
grandes urbes, como São Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México y Buenos
Aires en los años 1980, da cuenta de estas nuevas generaciones de jóvenes
que crecieron en periferias marginadas (Bergman 2009; Beato y Couto 2009).
Diversos estudios han mostrado cómo estos barrios en desventaja,
desordenados física y socialmente, así como con bajos ingresos, han tenido un
mayor despliegue del delito (Geneva Declaration Secretariat 2011; Alda 2012;
Escobar 2012).
Se ha identificado una fuerte
correlación entre el crecimiento urbano y el delito. La mayoría de los países que
tuvieron un crecimiento de la población urbana superior al 2% anual-el
crecimiento demográfico natural-, también tuvieron incrementos en las tasas
de homicidio -con la excepción de Colombia y Paraguay-.
El problema no parece ser el
tamaño de la ciudad, sino la capacidad institucional para incorporar a los
sectores que se encuentran en los barrios, colonias y villas en condiciones de
marginalidad. En un estudio realizado en 50 ciudades en el mundo, el Banco
Mundial encontró que no hay pruebas que permitan vincular el tamaño de las
ciudades y la violencia, pero sí hay una fuerte relación entre la tendencia de
urbanización y las tasas de homicidio. El ritmo de urbanización de las ciudades
es un factor clave para tener en cuenta en la vulnerabilidad con respecto a la
violencia (Banco Mundial 2011a).
Los facilitadores son factores que
inciden en el delito y la violencia, sin ser sus causas estructurales. La presencia
de armas de fuego, el tráfico de drogas y el consumo de alcohol actúan como
impulsores de la inseguridad.
Según la teoría criminológica de la
disuasión, una persona tiene menos incentivos para cometer un delito si sabe
que las probabilidades de ser sancionada son altas (Paternoster 1989). Además,
los ciudadanos tendrán más incentivos para respetar las leyes establecidas si
consideran que su aplicación es justa, proporcional al delito y respetuosa de los
derechos humanos y del Estado de Derecho. La corrupción estatal y la
impunidad son dos elementos q ue no podemos soslayar al momento de
analizar el incremento geométrico de los delitos.
Dijimos más arriba que la
seguridad tiene solución, que requiere acuerdos de Estado para transformar a
la política de seguridad en una política de Estado.
Ahora bien, cómo se llega a ello,
en primer lugar aplicando el garantismo que enunció Luigi Ferrajoli para todos
los ciudadanos y no sólo para los delincuentes, a quienes se debe juzgar y
encarcelar en resguardo de la los derechos, libertades y bienes de la
ciudadanía.
La remanida frase que los ladrones
entran por una puerta y salen por la otra, es una lamentable realidad. Ello
ocurre, en parte por la laxitud de ciertos ordenamientos procesales, pero
eminentemente por dos razones: la desidia en su persecución y juzgamiento y
la baja graduación de las penas. Argentina tiene en relación a Brasil, Chile o
Estados Unidos una menor proporción de presos por cada millón de habitantes.
Eso significa lisa y llanamente que hay un ejército armado irregular e ilegal de
entre 50 a 60 mil individuos que se dedican a cometer delitos contra la
propiedad. Si se los detiene, lleva a juicio y se los condena a penas de prisión
efectiva podremos advertir en poco tiempo cómo se reducirá ostensiblemente el
índice delictivo y así se restaurará la seguridad pública.
¿Qué debemos hacer desde la
Política?
1.- Atender de manera integral los
múltiples factores socioeconómicos asociados al delito y a la violencia en
nuestro país.
2.- Contener y mitigar los
facilitadores del delito: armas, drogas y alcohol.
3.- Atender los factores de riesgo y
vulnerabilidad que afectan a los jóvenes, y generarles entornos de
oportunidades y protección.
4.- Fortalecer el tejido social, como
espacio de protección y movilidad social.
5.- Promocionar una sociedad
solidaria, con reencuentro con los valores, como alternativa de una sociedad
hiperconsumista; arraigar que el "éxito" es ser mejor y no sólo tener más.
6.- Combatir la corrupción y
disminuir la impunidad.
En el Informe del PNUD de
referencia, se concluye que: "el robo constituye un problema de inseguridad
común para la mayoría de los países de la región. Destacan tres hallazgos: En
América Latina se ha extendido el problema de robos, y el uso de violencia ha
aumentado. La gran mayoría de los robos involucran valores relativamente
menores y no se denuncian. Se han desarrollado amplios mercados de
productos robados, a través de una gran cadena de comercialización.
El robo se ha convertido en un
acto más cotidiano que excepcional en la región y en nuestro país. La mayoría
de los delitos que ocurren son robos. Así como hay avances notables en la
sistematización del registro de homicidios, no se ha logrado esto con los robos.
Éstos consisten en el despojo de un bien o patrimonio. Las leyes distinguen
varias modalidades de robo con distintas penalidades; la más común es la
distinción entre robo y hurto. En el primero, hay una presencia física y
consciente de la víctima al momento del despojo, mientras que el segundo se
refiere a un acto donde la víctima no reconoció el momento o no se encontraba
físicamente en el lugar. Los hurtos, por naturaleza, no son violentos, mientras
que los robos generalmente lo son. Asimismo, para ciertas categorías de robo,
hay muchos países que lo clasifican en forma separada dada su naturaleza o
tipo: robo a casa-habitación, robo de automóviles o el robo de ganado
(abigeato), entre otros (Bergman 2013).
Los países latinoamericanos no
sólo registraron más delitos que los de una muestra de países de Europa y Asia
con una población menor, sino que presentan una tendencia opuesta. La gran
mayoría de los países de Eurasia, como Rusia, Ucrania y Georgia, muestran
descensos en los registros de robo, mientras que en América Latina la
tendencia es al alza. Cabe mencionar que en algunos países como Chile se han
realizado esfuerzos para motivar la denuncia, lo cual puede explicar aumento
en el registro de robos. Podría ser más preciso analizar la evolución del robo a
partir de la tasa de victimización, pues la "cifra oculta" o cifra de no denuncia
en los delitos relacionados con el robo y el hurto suele ser muy alta.
Las encuestas muestran que más
de la mitad de los detenidos por robo habrían robado relativamente poco dinero
o productos de bajo valor, y menos de la mitad lo hacían en forma continua. Es
decir, habría muchas personas involucradas en muchos robos de cantidades
pequeñas, lo que refuerza el hallazgo de este informe a través de las encuestas
de victimización: el robo tiene una alta frecuencia en la región. Las encuestas
de victimización muestran que la gran mayoría de los robos suelen ser de
bienes personales o de uso corriente.
Las estadísticas disponibles para
algunos países corroboran que, junto al incremento del robo, también existe
un marcado crecimiento en el último año en el uso de la violencia al cometerlo.
La violencia o amenaza en los robos suele involucrar el uso de arma de fuego o
arma blanca. En algunos casos, ya sea porque las víctimas del robo se resisten
o porque el victimario es inexperto o incapaz de someter a la víctima por medio
de la amenaza del arma, el atacante la dispara, por lo cual, algunos robos
pueden derivar en heridas graves u homicidios (Blumstein 1995, 2000 y
2003).
De acuerdo con la encuesta
LAPOP-PNUD 2012, cerca del 80% de las personas en la región que declaran
haber sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses sufrieron algún tipo de
robo, ya sea con o sin violencia. Como muestra el cuadro 3.12, en Chile y
Uruguay la mayoría de los robos se cometen sin violencia. Lo mismo se
observa, aunque en menor medida, para países como Costa Rica, Perú y
Bolivia. En ningún caso, el porcentaje acumulado de otros delitos excede el
35%, y México es el país donde la explicación de la victimización por el robo es
más baja.
Las encuestas a reclusos ratifican
el uso extendido de armas y de violencia física en los robos. Hay una
importante disparidad en el porcentaje de reclusos que reportan haber portado
armas de fuego en los robos. En Argentina, el uso de armas de fuego en los
robos es muy alto, prácticamente el 80%, mientras que en El Salvador y Chile
es del 36%. Llama la atención también que la mitad de los robos reportados
por los internos en Argentina se efectuaron con violencia; 39% en México, 37%
en Chile, 30% en Perú y Brasil, y 12% en El Salvador.
Los datos desagregados por
género muestran que, en general, las mujeres son en mayor proporción
víctimas de robo sin arma ni agresión física, mientras que los hombres son
víctimas de robo a mano armada. Lo anterior reafirma que la inseguridad
impacta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, y que es necesario
prevenir y atender el delito tomando en cuenta estas diferencias.
El Estado debe propender a que
quien sea víctima de un delito, cualquiera sea su índole formule la denuncia
correspondiente, para ello es menester:
Mejorar los sistemas de
información.
Fortalecer los sistemas de
denuncia con procesos más expeditos y con mayor capacidad de respuesta
local.
Darle prioridad a la disminución de
los homicidios, especialmente en países y ciudades que tienen tasas mayores a
10 por 100,000 mil habitantes.
Adoptar acciones para disminuir el
robo y el hurto, conteniendo la expansión de los mercados ilegales.
Responder a la percepción de
inseguridad, atendiendo a las múltiples variables que influyen en el temor al
delito.
De tal manera, Se recomienda que
la intervención de las instituciones del Estado se centren, al menos, en cuatro
factores para combatir el robo y hurto: el aumento de la denuncia por parte de
la ciudadanía; la contención de los mercados ilegales -dirigiendo las acciones
contra los eslabones de la cadena que centralizan la distribución y reciben
mayores ganancias-; la intervención en las "zonas rojas" donde se concentra
el mayor número de delitos; y el fortalecimiento de la cultura ciudadana.
Lo anterior requiere intervenciones
complejas, que atiendan las múltiples dimensiones de este fenómeno. En el
caso del robo de vehículos y de celulares, el trabajo conjunto con las empresas
aseguradoras y con los operadores de telefonía es clave para identificar
estrategias que contribuyan a disminuir los incentivos y protejan a los
propietarios (con lógicas de mercado que permitan el acceso a repuestos -en
el caso de los vehículos- y equipos, a precios asequibles, entre otras
medidas).
Más que dirigir la acción del Estado
contra el delincuente callejero o pequeño distribuidor, es preciso que las
intervenciones institucionales se centren en los mercados mayores. Los robos
de menor cuantía requieren una respuesta diferenciada, más centrada en la
prevención.
La inseguridad ciudadana es un
fenómeno complejo que incluye diferentes amenazas: aunque el análisis de las
tasas de robos y homicidios ofrece un panorama útil, aún resulta insuficiente.
Por eso, para entender las amenazas a la seguridad ciudadana, es necesario
analizar el contexto en el que surgen y se desarrollan, el perfil de las víctimas y
de los victimarios, la manera cómo interactúan y sus impactos en la
ciudadanía.
Por delito callejero se entienden
los actos motivados por afán de lucro, como hurtos y robos de pequeña
cuantía, que suelen ocurrir en lugares públicos y pueden involucrar, en algunos
casos, amenazas de violencia, golpes o lesiones contra las víctimas.
Transcurren con mayor intensidad
en entornos urbanos y generalmente no se denuncian. Aunque parezcan
menores, estos delitos son los que atentan con más frecuencia contra la
seguridad de los ciudadanos. Por esta razón, cuando se habla de una ciudad
segura o de un barrio seguro, generalmente se alude a la poca ocurrencia de
delitos callejeros. Como puede observarse, en casi todos los países de América
Latina, las personas identifican este tipo de delito como la principal amenaza a
su seguridad. De manera agregada, el 48% de los latinoamericanos identifica a
la delincuencia común como su principal amenaza (LAPOP 2012).
Aunque faltan estudios
sistemáticos en América Latina, la evidencia mundial y la experiencia de campo
sugieren que el delito callejero se asocia, generalmente, con condiciones de
marginalidad.
Las encuestas de cárceles
muestran que la reincidencia entre los reos acusados por robo es significativa.
La literatura apunta que, a medida que las infracciones sucesivas se quedan sin
castigo, puede presentarse un círculo vicioso entre hechos delictivos y
marginalización cada vez más intensa (Cloward y Ohlin 1960; Mettifogo y
Sepúlveda 2005).
Destaca la poca información y la
subsecuente escasez de análisis sobre el delito callejero en la región. Se sabe
que afecta no sólo a las clases medias y altas, sino también a los pobres,
quienes cuentan con menos recursos materiales para procurarse protección.
Ante la gravedad y letalidad de otras amenazas a las que se enfrenta la región
-como es el caso de la delincuencia organizada-, las autoridades suelen
concentrarse en violencias mayores.
Sin embargo, el delito callejero es
justamente la amenaza que más afecta, de forma insistente y cotidiana, al
ciudadano promedio a través del principal delito que se le asocia: el robo.
La inseguridad tiene múltiples
impactos negativos en el desarrollo humano: afecta profundamente las
capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen la
vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado. La inseguridad
genera importantes costos, desde el gasto público de las instituciones y los
gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos
irreparables en la vida y en la integridad física de las personas.
Los impactos de la inseguridad en
el desarrollo humano no pueden abordarse desde una perspectiva lineal de
causa-efecto. Su análisis requiere un enfoque que reconozca la heterogeneidad
de las causas y los efectos, así como las conexiones que existen entre estos
impactos. Las amenazas que afectan a los individuos tienen consecuencias para
la sociedad en su conjunto. Asimismo, lo que ocurre en los espacios colectivos
-comunidades e instituciones- tiene implicaciones para los ciudadanos.
Además de afectar múltiples dimensiones, los impactos pueden ser
interdimensionales; es decir, lo que sucede en un ámbito específico -por
ejemplo, en el hogar- genera consecuencias negativas en otros espacios -por
ejemplo, en la escuela o en el espacio público-. Los impactos de la inseguridad
tienen, entonces, un fuerte componente endógeno, con efectos negativos que
se retroalimentan y se multiplican.
En Argentina, las y los ciudadanos
han tenido que cambiar su cotidianidad para evitar ser víctimas del delito, lo
que ha restringido de distinta manera sus libertades. La inseguridad genera
impactos colectivos: transforma y cambia la manera como las personas
construyen sus vínculos sociales, deteriora el espacio público y acentúa la
desigualdad y la exclusión urbana.
La victimización y el temor al delito
erosionan la confianza de las personas y estimulan, en algunos casos, el
respaldo a medidas represivas que vulneran sus derechos democráticos. La
inseguridad ciudadana tiene consecuencias significativas para la sociedad, con
costos altos en términos del PIB, del gasto público e incluso en la esperanza de
vida.
La inseguridad genera impactos en
el desarrollo urbano en diferentes niveles. El Informe Mundial del Estado de las
Ciudades (ONU-Habitat, 2012) revela que las ciudades de América Latina son
las más afectadas por la inseguridad.
La encuesta de expertos realizada
en 50 ciudades de países de ingreso bajo y medio muestra que la inseguridad
impacta negativamente la dimensión Calidad de Vida del Índice de Prosperidad
de Ciudades desarrollado por ONU-Habitat (2012).
Se han identificado los siguientes
impactos de la inseguridad en las ciudades de América Latina: La cohesión
social. Según Antanas Mockus (alcalde de Bogotá en 1995-1998 y 2001-2003),
la violencia, en sus diferentes niveles, afecta la cohesión social, es decir, la red
de relaciones familiares, profesionales, espirituales y vecinales que tejen una
ciudad. Esto debilita los vínculos sociales y los valores urbanos compartidos.
Cuando las sociedades están menos unidas y no disponen de referentes de
control social o cultural, pueden ser más vulnerables a la violencia y más
propensas a incubar comportamientos violentos.
La forma y la estructura de la
ciudad. La forma y la estructura de la ciudad y de sus espacios públicos inciden
en la inseguridad: se sabe que la inseguridad urbana se nutre del deterioro y el
mal diseño de los espacios públicos, así como de los problemas de localización,
de accesibilidad e incluso de la falta de iluminación y de la mala calidad de la
infraestructura urbana y de la planeación. Pero en la otra dirección, la
inseguridad afecta el espacio público, y así, los espacios públicos vacíos o
violentos dificultan su apropiación por parte de la comunidad. El resultado es
una afectación negativa en la convivencia social: éste es un efecto común en
las ciudades latinoamericanas.
La inseguridad tiene un impacto en
la vida de la ciudad que se expresa en nuevas actitudes: preferencia -más allá
de criterios de comodidad y oferta de productos-, por los centros comerciales
cerrados en lugar del comercio tradicional; preferencia por urbanizaciones y
condominios cerrados en lugar de las áreas con uso de suelo mixto y con
diversidad social. El resultado es la segregación urbana que a la larga también
incide en nuevas prácticas de desarrollo inmobiliario y de producción de
ciudad.
La gobernanza urbana. La
inseguridad suele venir acompañada de un incremento de la demanda de
respuestas de políticas públicas efectivas por parte de la ciudadanía y de la
opinión pública. Si el gobierno local no está preparado para brindar respuestas
oportunas, la gestión política de la ciudad se ve afectada, lo que mengua su
legitimidad.
Los costos contables de la
inseguridad pueden discernirse de la siguiente manera:
DE ANTICIPACION
-Gastos en seguridad
- Gastos en seguros
- Gastos preventivos
-Gastos en prevención de la
delincuencia
- Gastos en seguridad
privada
CONSECUENCIA DIRECTA
- Propiedad robada o dañada
-Impacto emocional y
psicológico
- Servicios de salud
- Gasto de apoyo a víctimas
- Reparación a víctimas
-Disminución de la acumulación de
capital físico, capital humano y capital social
- Deterioro de la infraestructura
Física
CONSECUENCIAS DIRECTAS
- Policías
- Fiscalías
- Prisiones
- Magistraturas y cortes
- Costos de defensa legal
- Costos de investigación
-Costo de rehabilitación y
reinserción
Las tres instituciones basales -
policías, jueces y cárceles- representan los puntos nodales de la llamada
"cadena de justicia". Ésta se define como la serie de instancias que el
ciudadano debe seguir para acceder a la justicia (ONU-Mujeres 2011, 48).
La cadena es compleja y varía
según el sistema jurídico de cada país. El primer eslabón es la ocurrencia del
delito, seguido por su denuncia, la investigación, la imputación y la sentencia.
En caso de que la sentencia del juez sea condenatoria, el acusado puede
terminar en la prisión. En este esquema, debe agregarse la reincidencia con
fines analíticos, ya que, de ocurrir, la cadena de justicia vuelve a su primer
eslabón.
La cadena funciona como un
embudo. Es decir, se hace más estrecha a medida que avanza el proceso. Un
porcentaje mayoritario de los delitos quedan impunes al no ser enunciados:
ésta es la denominada "cifra oculta". Sólo una pequeña fracción de casos llega
a la etapa de juicio, y una proporción mucho menor de delincuentes ingresa a
la cárcel (Carranza 2004, 57). La escasa confianza en el sistema judicial incide
en la baja denuncia: por ejemplo, en Colombia la denuncia es del 24.5%
(encuesta realizada por el DANE 2013).
La efectividad del sistema de
justicia varía de acuerdo con la gravedad y complejidad de los delitos. La
cadena de justicia, generalmente, muestra mayores tasas de imputación para
los delitos que demandan menores esfuerzos de investigación. Los policías,
fiscales y jueces tienden a concentrarse en la detención y sanción de personas
que son fáciles de detener, en vez de hacerlo con criminales organizados que
requieren mayor labor de inteligencia y coordinación interinstitucional (Bergman
2002).
Este es el caso de los delitos
caracterizados por la flagrancia, como el hurto, la portación de armas o los
delitos relacionados con estupefacientes. En el caso de los homicidios o las
violaciones, las imputaciones son más difíciles y, por lo tanto, más bajas (La
Rota y Bernal 2013). El Estudio comparativo de población carcelaria, PNUD
(2013), por ejemplo, indica que la proporción de los internos que fueron
detenidos -en flagrancia- el día en que fue cometido el delito es alta en los
seis países de la encuesta. El porcentaje es mayor al 60% en Argentina, Brasil y
México; en Perú, llega al 56.4% y en El Salvador, al 44.8%.
Esta situación se agrava por los
elevados índices de reincidencia, pues los infractores recurrentes generan una
sobrecarga para el sistema de justicia, que para el caso de Argentina
representan el 38.6 % de los delincuentes.
Por ello, propongo esta
reformulación de los delitos de robos y hurtos y la someto a la consideración de
mis pares a fin de abrir el debate y aprobar la ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
| COMUNICACIONES E INFORMATICA |