La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio del Jefe de Gabinete de Ministros , se sirva informar a esta Honorable Cámara sobre la asignación directa de fondos federales a Municipios de todo el país, que se que se hubieren ejecutado en relación con las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2609/12 y la Resolución JGM N° 13/2013, desde el mes de Diciembre de 2012 a la fecha, indicando las jurisdicciones beneficiadas con dichas ayudas financieras, las pautas utilizadas para su distribución, los mecanismos dispuestos para la pertinente rendición de cuentas y la incidencia que las transferencias de dichos recursos proyectan sobre los porcentuales vigentes de coparticipación federal de impuestos.

Señor presidente:

La actividad del Congreso de la Nación ha comenzado este año con el tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, de un Decreto de necesidad y urgencia (DNU 2609), que modifica la Ley del Presupuesto Nacional y le permite al Gobierno asignar partidas directamente a los Municipios, sin la intermediación de los gobernadores.

La decisión fue adoptada en el inicio de un año electoral y en medio de graves problemas financieros de las Provincias, en momentos en que varios gobernadores reclaman cambios en la distribución de los fondos de la coparticipación federal.

El envío de fondos de Nación no requerirá ahora que los Municipios realicen una gestión previa ante los gobernadores de sus respectivas Provincias para acceder a los fondos federales.

Sobre la base del referido DNU los Municipios podrán solicitar "ayuda financiera" a la Casa Rosada en forma directa, siguiendo el procedimiento para dichas solicitudes reglamentado por la Jefatura de Gabinete de la Nación, por Resolución 13/2013 publicada el último 23 de Enero.

La asignación directa de de fondos federales a los Municipios así dispuesta significa un nuevo embate contra el sistema federal y abre serios interrogantes y cuestionamientos, que profundizan las inequidades y deteriora las bases de nuestro federalismo fiscal.

En primer lugar, el Decreto 2609 de Necesidad y Urgencia (DNU) modifica el Presupuesto Nacional aprobado el año pasado y dispone ayudas financieras por $1.129 millones para pagar salarios y gastos corrientes de gobiernos municipales que no se dan a conocer.

También el Decreto expresa que por la urgencia de la crítica situación, se debe resolver la cuestión a través de un DNU, sin esperar los tiempos del Congreso ya que "ante la falta de una rápida respuesta a los requerimientos, algunas Municipalidades no podrían desenvolverse con normalidad.

La norma no dice cuáles son los Municipios beneficiados, que atraviesan una situación financiera crítica, ni a qué Provincias pertenecen. En definitiva, sabemos que se trata de otra herramienta del armado político del oficialismo para cooptar Intendentes y favorecer a determinadas jurisdicciones. Reitera además la acostumbrada confusión que se hace a diario del Frente para la Victoria, como partido de gobierno, con el Estado.

En segundo lugar, importa destacar la absoluta discrecionalidad para manejar los recursos y la falta de pautas razonables establecidas para la asignación de ayuda financiera a los Municipios, con fondos propios de la coparticipación federal de impuestos.

Toda inversión pública debe obedecer a criterios y objetivos explícitos y transparentes, factibles de auditarse en su contabilidad y resultados. Tampoco puede compararse la ayuda nacional para salvar una emergencia, con la distribución para otra finalidad, entre comunas en idéntica situación, que no guarda ningún criterio equitativo, ni de rentabilidad ni eficiencia en la asignación de los recursos públicos. En consecuencia, resulta de una discrecionalidad injustificable.

Nadie sabe qué pautas se utilizaron para su distribución, ni a donde va a parar cada peso que dispone el Estado para su giro a los Municipios. Es una medida que no puede hacer sólo por Resolución del Jefe de Gabinete, sin quebrar el principio de legalidad en materia fiscal. Porque las normas referidas al reparto de fondos de la Nación y las Provincias sólo pueden ser decididas por ley del Congreso Nacional y deben respetar el nivel que la Constitución Nacional establece para la Legislaturas y los Gobernadores provinciales.

Con esta clase procedimientos y metodología se perturba aún más la organización y funcionamiento del sistema de coparticipación federal de impuestos, por lo que cabe interrogarnos si se trata de una medida transitoria o permanente.

Si admitimos que estos giros de fondos federales a los Municipios se conviertan en una práctica permanente, terminarán por obligar a los Intendentes a pedir de rodillas cada ayuda financiera a la Casa Rosada.

Abren fundadas sospechas las circunstancias en que se concretó la medida, luego que en los últimos meses el gobierno nacional, por medio del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, profundizara los contactos con distintos jefes comunales del conurbano bonaerense, prometiendo fondos para obras públicas y otras obligaciones de esos Municipios.

En este contexto, se extiende por el país el reclamo de recuperar la coparticipación primaria de las Provincias, poniendo límites a nuevas detracciones de recursos y restituyendo fondos que se han ido detrayendo por diversas vías y pactos ya perimidos.

Se trata también de evitar un agravamiento de las discriminaciones políticas del gobierno nacional en la remisión de fondos nacionales no automáticos,- diferentes de la coparticipación federal de impuestos-, que bajo esta administración, por primera vez en nuestra historia, han superado a la coparticipación nacional en los últimos años.

La coparticipación federal es el conjunto más importante de transferencias que corresponde volcar de la Nación a las Provincias, y así debe sostenerse en virtud de la organización federal del país. Sin embargo, tomando exclusivamente las transferencias por coparticipación, hoy la Nación no cumple la obligación legal de transferirles al menos el 34% de los recursos tributarios. Con la creación de nuevos impuestos, como el de los débitos y créditos bancarios y las retenciones, las Provincias quedaron relegadas, con una parte menor de los recursos.

Por otra parte, la existencia de más de un nivel de gobierno exige respetar un orden que atienda de alguna manera y fije campos de acción para cada uno de ellos. Entre todos los aspectos involucrados en tal ordenamiento, la dimensión fiscal es particularmente importante en todos los países que han adoptado esa forma de gobierno, por lo que las finanzas públicas provinciales y municipales constituyen un tema central en la agenda del federalismo.

La disponibilidad de recursos financieros y el correcto manejo de los mismos, son aspectos que determinan la capacidad de los gobiernos locales para incidir directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo que deben formar parte de una legislación sustantiva.

Es sabido que para lograr un esquema óptimo de distribución de recursos y funciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno, es necesario alcanzar un punto de equilibrio entre un "principio de correspondencia fiscal", que establece que cada orden de gobierno debe contar con atribuciones suficientes en materia de ingresos como para solventar adecuadamente sus necesidades de gasto; y por el otro, el "principio de eficiencia recaudatoria", que establece que los impuestos más importantes deben estar ubicados en el nivel de gobierno federal que, debido a su óptica y alcance nacional, garantiza una mejor y mayor recaudación de este tipo de contribuciones.

Para conjugar ambos principios se requiere sostener un sistema de transferencias federales que tenga la capacidad de resarcir a los órdenes de gobierno subnacionales que han renunciado al cobro de los impuestos cedidos a la Nación. Es así como, en nuestro país, se creó el sistema de coparticipación federal, por el cual las Provincias han delegado en el gobierno nacional la facultad de cobrar algunos impuestos, y el gobierno central delegó la administración del gasto en educación, salud, justicia y seguridad.

Por ello, en su vertiente fiscal, el federalismo implica la adecuada distribución de atribuciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno, de forma tal que la recaudación y la dotación de bienes y servicios públicos que provee el Estado sea lo más eficiente posible.

No podemos permanecer impasibles cuando se perturba la organización y funcionamiento del sistema de coparticipación federal de impuestos, se desconocen las atribuciones propias de las Provincias, se pasa por encima de las instituciones, del federalismo fiscal y del Congreso de la Nación.

La actual concentración de recursos de que se aprovecha el gobierno central proyecta sus consecuencias sobre la realidad política nacional, quebranta las autonomías de las Provincias y Municipios, agrava el sistemático deterioro del federalismo fiscal que arrastramos desde la década del 90 y profundiza un ejercicio autoritario del poder, indiferente a la necesidad de resolver las inequidades actuales del gasto público nacional.