El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- Incorporase dentro del Titulo I "Delitos contra las Personas", del Libro Segundo del Código Penal de la Nación, el Capítulo VII "Maltrato Infantil".

Artículo 2º.- Incorporase como art. 108 bis. del Capitulo VII "Maltrato Infantil", del Titulo I "Delitos contra las Personas", del Libro Segundo del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:

ARTICULO 108 bis.- El que abusare física o mentalmente o maltrate de cualquier otra forma a un menor de diez (10) años que se encuentre bajo su patria potestad, guarda, custodia o tutela legal ya sea temporal permanente, será reprimido con prisión de un mes a dos año e inhabilitación especial, en su caso, por uno a cinco años.

Artículo 3º.- De forma.

Señor presidente:

El Presente Proyecto tiene por objeto operativizar en nuestro derecho interno y en forma específica la manda del art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que goza de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994, sin perjuicio de la concreción normativa general de esa Convención lograda a través de la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicho artículo obliga a los Estados parte a adoptar "... todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo", las que podrán comprender "la intervención judicial".

La intervención judicial que prevé la Convención solo puede importar en el estado actual de nuestra legislación una acción civil o bien una administrativa específica "de protección" en el marco de la Ley 26.061, pero nunca una sanción punitiva a los responsables de los mismos, salvo en los casos de explotación o abuso sexual. Y si bien los abusos físicos podrían configurar un delito -el de lesiones-, ello solo se materializaría cuando estos "causaren" un daño verificable en el cuerpo o la salud de la víctima.

Pero los maltratos físicos, que pueden comportar una situación permanente y grave que puede no producir lesiones pero si poner en peligro la salud y la psiquis de los niños, y el abuso mental al que también refiere la Convención, hoy no encuentran protección a través de la tutela penal, aún cuando pueden afectar, y en la mayoría de los casos así lo es, el sano crecimiento de los infantes.

Y entiendo que dichos hechos, cuando son materializados sobre y en perjuicio de menores, justamente por las personas que tienen por responsabilidad legal u obligación contractual su guarda o custodia, deben merecer reproche penal, en línea con lo que propicia la Convención.

Ello en la inteligencia de que los menores, por su especial situación de vulnerabilidad, merecen esta protección especial.

A su vez, aquellas personas que teniendo responsabilidad de protegerlos, violan este deber, revelan una conducta socialmente disvaliosa y, por ende, de mayor antijuridicidad frente al ordenamiento penal que debe ser pasibles de una sanción penal.

Esta valoración especial está además recogida y reafirmada legalmente por la referida Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que, relacionado con las conductas ilícitas a incorporar, garantiza expresamente en su art. 9 su derecho a la dignidad e integridad personal y a "no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante". Como vemos, no todas las conductas que configuran "maltrato" para la Ley 26.061 son atendidas desde el ordenamiento penal, pese a su gravedad y expresa prohibición.

Pero además, y para precisar bien el tipo penal, hemos limitado la figura a la posibilidad de que solo una persona con especial responsabilidad sobre el menor y con especiales deberes de respeto y cuidado, pueda resultar sujeto activo, para no extralimitar el delito abarcando situaciones que puedan ser eventuales y no supongan el aprovechamiento de una situación lógica de vulnerabilidad de todo niño y, además, de una situación de mayor responsabilidad, como lo son aquellas personas de las que depende la crianza, educación y el cuidado de los menores.

Bastó ver el testimonio del último caso en el que se verificó este tipo de maltratos en el Jardín Tribilín de San Isidro para darnos cuenta, como sociedad, que no hace falta que el daño contra los menores llegue al grado contrastable de las lesiones para que estemos en presencia de un hecho aberrante que merece ser prevenido, repudiado y también abordado desde el derecho penal para dar un mayor marco legal de protección a nuestros niños, privilegiando de esta forma aquellos bienes jurídicos más preciados y valorados por el conjunto social y cuyo daño o puesta en peligro nos genera mayor desaprobación.

A su vez, este lamentable caso no nos permite dudar del enorme daño y las secuelas que puede causarle a la psiquis y desarrollo de un menor, para lo cual no hace falta lesionar, explotar o amenazar a un niño -delitos estos ya previstos en nuestro ordenamiento penal-. Vimos como es posible, de maneras más sutiles y reservadas -y hoy descuidadas por el Derecho Penal-, provocar en los niños temor, humillación y un daño psicológico tremendo.

Finalmente, el caso nos mostró como este horror puede permanecer silenciado por las particulares condiciones de privacidad en las que se sucede, ya sea en el ámbito familiar, asistencial o educativo.

A la hora de fundamentar la ubicación del delito dentro del ordenamiento de bienes jurídicos de nuestro Catalogo Penal, no dudamos de insertarlo, por supuesto dentro del Capitulo de Delitos contra las Personas, pero a partir de un Capítulo nuevo, denominado "Maltrato Infantil", que permita una mejor identificación del bien jurídico que se pretende proteger: la integridad y dignidad de nuestros niños.

La escala penal escogida tiene un mínimo idéntico al delito de lesiones pero la posibilidad de que recaiga condena de un máximo de dos, ello para dejar abierta la posibilidad de atender justamente casos en los que el daño para la psiquis y desarrollo del menor pueda ser particularmente graves.

La edad de diez años de la víctima fijada como condición objetiva de punibilidad guarda relación con aquella prevista en el delito de abandono, el que supone una situación de minusvalía del menor para valerse por si mismo y advertir del hecho a terceros, lo que supone el peligro de la perpetuidad del crimen.

Por supuesto, somos conscientes de que esta propuesta no soluciona de raíz este flagelo, a cuyo efecto reivindico la necesidad de revalorizar y dar cumplimiento efectivo a la Ley de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes que es el instrumento indicado para dar una respuesta integral a la problemática.

Por todo lo expuesto, y en la inteligencia que como legisladores debemos garantizar una especial protección a nuestros niños, un justo tratamiento de las situaciones que los ponen en peligro y, a la vez, dar un claro mensaje a la sociedad que pueda ser traducido en una mayor aprehensión por los menores y una mayor prevención de este tipo de hechos, es que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.