PROYECTO DE TP
Expediente 8654-D-2016
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS HECHOS DE ABUSOS DE MENORES OCURRIDOS EN EL "INSTITUTO ANTONIO PROVOLO PARA NIÑOS SORDOS E HIPOACUSICOS" DE LA LOCALIDAD DE LUJAN DE CUYO, PROVINCIA DE MENDOZA.
Fecha: 07/12/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 184
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar preocupación por los actos aberrantes ocurridos en el ““Instituto Antonio Próvolo, para niños sordos e hipoacúsicos” sito en la localidad de Luján de Cuyo, Mendoza en el que han sido abusados sexualmente en forma sistemática niños y niñas Sordos e hipoacúsicos, esperando la rápida acción de la justicia con respecto a los responsables y la intervención del Gobierno de la Provincia de Mendoza a fin de contener a las víctimas y a sus familiares, y proveer la asistencia económica, médica y de cualquier otro tipo que pudieran necesitar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sólo dos años de haberse otorgado jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la sanción de la ley 27.044, nos sacuden los hechos aberrantes ocurridos en “Instituto Antonio Próvolo, para niños sordos e hipoacúsicos” sito en la localidad de Luján de Cuyo, Mendoza.
Nuestro país está siempre entre los primeros en adherir y ratificar los tratados internacionales de derechos humanos pero está muy lejos de cumplirlos. En tal sentido la citada Convención obliga a los “Estados parte” a garantizar que las personas con discapacidad accedan a los derechos, sin embargo el Estado argentino en cualquiera de las jurisdicciones nacional, provincial, municipal está ausente y delega sin control el cuidado de aquellos que enfrentan las más terribles condiciones de vulnerabilidad. En el caso de Luján de Cuyo la ausencia del Estado es más grave aún porque las personas Sordas abusadas son niños y niñas.
El doble discurso de un Estado con leyes actualizadas y de vanguardia sobre derechos humanos y la ausencia de las políticas públicas para asegurar el cumplimiento de esas normas debe llamarnos a una profunda reflexión como sociedad. ¿Por qué esos niños y niñas Sordas no pueden expresarse en su lenguaje natural: la Lengua de Señas Argentina? ¿Por qué la Cámara de Diputados de la Nación no la ha reconocido aún si hace años hay un proyecto de ley esperando ser tratado? Somos uno de los pocos países en el mundo que no ha reconocido la Lengua de Señas como lengua natural de la comunidad Sorda, lo que permitiría que las personas Sordas se expresen, reclamen, aprendan y pidan auxilio contando con intérpretes cuya presencia debería estar garantizada por el Estado en cumplimiento de lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto constituye un acto gravísimo de discriminación y lesiona los derechos de las personas Sordas que gritan en el silencio.
Otro cuestionamiento que debe hacerse es el del papel de la Iglesia Católica en la educación argentina. Es el Estado argentino en cualquiera de sus jurisdicciones nacional o provincial el que debe garantizar el acceso a una educación igualitaria y no
derivar fondos a la Iglesia Católica para evitar el gasto de construir escuelas públicas donde todos los educandos argentinos deberían ser iguales. ¿Qué control puede ejercer el Estado argentino detrás de los muros de una institución religiosa?.
Nuestra sociedad sostiene con profunda hipocresía un sistema educativo donde algunos niños y algunas niñas con o sin discapacidad reciben una educación denominada “privada” sostenida en un alto porcentaje por los impuestos de todos los argentinos. Es la piedra angular de la discriminación y la desigualdad. El Estado debe garantizar la mejor calidad de educación pública e inclusiva. La Constitución Nacional y las constituciones provinciales lo mandan expresamente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga y compromete al Estado argentino a incluir a los educandos con discapacidad brindándoles los apoyos necesarios como hubieran sido en este caso los intérpretes de la Lengua de Señas Argentina.
El sistema como el de Luján de Cuyo es un sistema colonial, superado en los debates legislativos hace mucho tiempo. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica es la que se ocupa de instituciones educativas con el dinero de todos los argentinos? Muchas madres y muchos padres de niños y niñas con discapacidad deben acudir a estos institutos porque el Estado no se ocupa, no invierte en educación e inclusión. Detrás de los ropajes hechos de leyes y tratados sobre derechos humanos que no faltan en los discursos de quienes gobiernan la Nación y las Provincias, hay abandono, un abandono cruel, hay falta de control, hay gritos en el silencio.
La Iglesia Católica es una institución que debe hacer una profunda introspección. Son muchas las víctimas de un sistema que esconde la pedofilia o la traslada a países llamados en desarrollo, como si la víctima indefensa de una pequeña localidad de una provincia argentina no sufriera el horror de la aberración como la de un país del primer mundo.
Este caso escalofriante debe llamar a la reflexión, pero también a la acción: debe reconocerse en forma urgente la Lengua de Señas Argentina y crearse una escuela de intérpretes de la misma para que estén presentes en las escuelas públicas. La educación inclusiva requiere de apoyos y deben proveerse en forma inmediata destinando el presupuesto que sea necesario para ello. El Estado argentino debe hacerse cargo de las
instituciones educativas denominadas “especiales” a fin de convertirlas en apoyos para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación común.
La justicia tiene su parte en esta cuestión estando a la altura de la gravedad del delito con métodos de investigación modernos y con tiempos razonables que permitan a las víctimas y a sus familiares sentirse nuevamente amparados un sistema en crisis.
Las estadísticas reclaman la acción inmediata de las autoridades, según las Naciones Unidas en Latinoamérica el 80% de las niñas y mujeres con discapacidad fué o es víctima de alguna clase de violencia y abuso sexual. ¿Cuántos más deben sufrir para que actúen los que están obligados a actuar?
Justamente por el abandono de las obligaciones asumidas por el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones: nacional, provincial y municipal, es que frente a los actos consumados esperamos se brinde a las víctimas y a sus familiares toda la ayuda y asistencia que necesiten para atravesar esta terrible situación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma el presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
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TROIANO, GABRIELA ALEJANDRA | BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
TORROBA, FRANCISCO JAVIER | LA PAMPA | UCR |
CICILIANI, ALICIA MABEL | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
DURE, LUCILA BEATRIZ | FORMOSA | PARTIDO SOCIALISTA |
VILLAR MOLINA, MARIA INES | NEUQUEN | MOV POP NEUQUINO |
CREMER DE BUSTI, MARIA CRISTINA | ENTRE RIOS | UNION POR ENTRE RIOS |
BEVILACQUA, GUSTAVO | BUENOS AIRES | FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA |
SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNION PRO |
ALONSO, HORACIO FERNANDO | BUENOS AIRES | FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA |
RICCARDO, JOSE LUIS | SAN LUIS | UCR |
BINNER, HERMES JUAN | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
COPES, ANA ISABEL | SANTA FE | DEMOCRATA PROGRESISTA |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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Trámite
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