La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que correspondan impulse ante los Consejos Federales de Educación - CFE - y el de Niñez, Adolescencia y Familia - COFENAF -, la creación de una unidad de detección, registro, supervisión y control de los establecimientos o instituciones que brinden educación y cuidado a los niños y niñas de hasta cinco años de edad, en el marco de las normativa vigente sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley 26.061, Centros de Desarrollo Infantil, Ley 26.233 y la ley de Educación Nacional, Ley 26.206.

Señor presidente:

La opinión pública está conmovida ante los hechos denunciados y que son de público conocimiento, por los que un grupo de padres de niños de edades que van desde los 45 días hasta los 3 años habrían sido víctimas de maltrato en un establecimiento que funcionaba como jardín de infantes maternal, en la localidad bonaerense de San Isidro.

Por una parte, las evidencias indicarían que se trata de una institución que no estaría habilitada para la función que estaba cumpliendo, la que sin embargo venía cumpliéndose desde hace muchos años. Sin duda que la intervención de la Justicia permitirá dilucidar las responsabilidades de los que venían realizando una actividad ilegal, en el marco de la aplicación de las sanciones establecidas en nuestra legislación, por cualquiera de los hechos aberrantes por los que son investigados sus perpetradores.

Sin embargo, vemos por otra parte y con preocupación, la ausencia previa del estado y además, la falta de una legislación que impida que este tipo de situaciones pueda ocurrir.

Como integrante de la Comisión de Educación de esta H. Cámara, he sido partícipe de varios proyectos que tenían que ver con el comportamiento escolar, el que apunta a los alumnos de la escuela primaria y secundaria, que por problemas de personalidad u otros, son las víctimas principales de la violencia escolar en el colegio.

Pero en este caso que ahora nos ocupa, tenemos a los niños más pequeños, los que ni siquiera pueden comunicar con palabras los maltratos de los que son víctimas, porque en muchos casos no saben hablar todavía. Paradójicamente estamos hablando de jardines maternales y la violencia y el maltrato provendrían de las propias maestras jardineras, es decir las encargadas de velar por la seguridad y tranquilidad de esos menores, y de quienes menos se esperaría semejantes hechos aberrantes.

La situación ha repercutido hondamente en la gente, que nos pide que accionemos o mejor dicho reaccionemos antes estas atrocidades.

Es por eso que presentamos este proyecto de declaración, por el que solicitamos al Poder Ejecutivo que por medio de sus representantes en los Consejos Federales de Educación - CFE - y el de Niñez, Adolescencia y Familia - COFENAF -, impulse la creación de una unidad de detección, registro, supervisión y control de los establecimientos o instituciones que brinden educación y cuidado a los niños y niñas de hasta cinco años de edad.

No es nueva esta iniciativa, toda vez que la propia Comisión de Educación promovió a fines del año 2011 un dictamen que fue aprobado el 30 de noviembre de ese año y que está en estudio en el Senado de la Nación (Expediente 2821-D-2011). Esta media sanción promueve una regulación de las condiciones de funcionamiento y supervisión pedagógica para las instituciones no incluidas en la enseñanza oficial que brindan educación y cuidado de la primera infancia desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad. Entre sus disposiciones destacamos la de generar un organismo que supervise, controle y haga un seguimiento del funcionamiento de estas instituciones de enseñanza inicial, en el marco del Consejo Federal de Educación.

Creemos que el marco que se establece en esa iniciativa podría ser una herramienta adecuada que de haber sido aprobada, hubiera permitido al menos contar con más herramientas que permitieran la intervención del Estado en los controles de este tipo de establecimientos que llevan a cabo las funciones de jardín maternal.

Pero no es solamente el sistema educativo el que debe brindar respuestas al maltrato infantil. Nuestro país ha adherido a la Convención de los Derechos del Niño y la ha reglamentado y hecho operativa por medio de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y esta normativa permite intervenciones del estado, sea el nacional, provincial o municipal, en defensa de los derechos de los niños, a fin de que los organismos que este régimen establece se ocupen del derecho a la dignidad de los niños como sujetos de derecho y de personas en desarrollo que son y a no ser sometidos a trato violento, vejatorio, humillante o intimidatorio. Esta responsabilidad de los organismos del Estado es indelegable, no solamente porque lo establece la propia ley 26.061, sino por la propia naturaleza de las funciones que ejercen.

Creemos que esta normativa se debe complementar con la de los Centros de Desarrollo Infantil, Ley 26.233, a fin de que las políticas que el marco normativo vigente, pueda concertarse con las jurisdicciones y en todos los aspectos que abarca.

Señor Presidente, una convocatoria a los Consejos Federales intervinientes con el objeto de establecer una unidad de detección, registro, supervisión y control de los establecimientos educativos de nivel inicial y maternal, sería un avance fundamental en el cumplimiento de los objetivos que ya están vigentes, pero que no se llevan a cabo por falta de una regulación que contemple la necesaria coordinación que requiere el sistema federal de nuestro país, pero que a su vez le dará eficacia a esa función controladora del Estado.

Este proceso debería complementarse con las iniciativas que están vigentes en el Congreso de la Nación, cuyos objetivos acompañamos. Con el convencimiento de que este proyecto permite un primer paso para que los hechos denunciados de maltrato infantil no vuelvan a repetirse, solicitamos de nuestros pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.