El Senado y Cámara de Diputados...

COMISIÓN INVESTIGADORA MIXTA, PARA EL SEGUIMIENTO, CONOCIMIENTO, Y ESCLARECIMIENTO DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y POSIBLES HECHOS ILÍCITOS COMETIDOS POR EL EX SECRETARIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN. CREACIÓN

Artículo 1: Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Investigadora Mixta para el seguimiento, conocimiento, y esclarecimiento de presuntas irregularidades y posibles hechos ilícitos cometidos por el ex Secretario de Transporte de la Nación.

Artículo 2: La Comisión estará integrada por ocho (8) senadores/as y ocho (8) diputados/as nacionales, correspondientes a los primeros ocho bloques parlamentarios de cada cámara. En caso de que en alguna de las cámaras el número de bloques previsto en el párrafo precedente no alcance, la comisión se integrará primero con un legislador de cada uno de estos y luego se completarán las vocalías faltantes comenzando por los mayoritarios hasta completar el número previsto.

Artículo 3: La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que fuere necesario y con el presupuesto adecuado para el cumplimiento de su objeto y funciones.

Los miembros de la Comisión elegirán por mayoría simple una Mesa Ejecutiva integrada por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios, que desempeñarán lo cargos por un período de un año. Al término de dicho período, la Presidencia de la Mesa Directiva será renovada, debiendo resultar la misma rotativa entre la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

Artículo 4: La Comisión tiene como misión el seguimiento, conocimiento, y esclarecimiento de presuntas irregularidades y posibles hechos ilícitos cometidos por el ex Secretario de Transporte de la Nación.

Artículo 5: Para el cumplimiento de su misión, la Comisión podrá:

Requerir informes, expedientes, documentos, información o material, a funcionarios gubernamentales u organismos estatales centralizados o descentralizados, correspondientes a la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipios, como también a entidades no gubernamentales y toda persona jurídica de existencia física y/o ideal.

Solicitar la presencia de funcionarios, empleados públicos, directivos de empresas privadas y del estado, denunciantes, testigos y cualquier particular que pueda brindar información sobre los hechos objeto de seguimiento por la Comisión y tomar su testimonio.

A través de su Presidente, presentarse en calidad de "amicus curiae" en los procesos penales que tengan por objeto la investigación de hechos ilícitos cometidos por el ex Secretario de Transporte de la Nación.

Impulsar, ante el Consejo de la Magistratura, pedido de juicio político aquellos Jueces y/o Fiscales que actúen con negligencia en la tramitación de causas sobre denuncias hechos ilícitos cometidos por el ex Secretario de Transporte de la Nación.

Artículo 6: La Comisión deberá informar bimestralmente al Congreso acerca de su actuación. Asimismo realizará un informe anual, que será publicado de forma tal que se garantice su más amplia difusión.

Artículo 7: La Comisión deberá conformarse en un plazo máximo de diez (10) días desde sancionada la presente, y funcionará durante un período de 12 meses.

Artículo 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Convención Interamericana Contra la Corrupción indica en su preámbulo que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos "...están convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos; considerando que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio...".

También Expresa que ..."el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social; reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos; convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción; para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos...".

Para terminar categóricamente diciendo..." Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio...".

El presente proyecto tiene por objeto conocer y hacer conocer, la relación respecto de los distintos viajes aéreos al exterior, en su mayoría con destino a la República Federativa del Brasil, realizados por parte del Sr. Ex Secretario de Transporte de la Nación, Ing. Ricardo Raúl Jaime, en diferentes aeronaves privadas cuyos costos habrían sido solventados sin justificación ni vínculo alguno con actos inherentes a la función que desempeña, entre otras, por empresas pertenecientes al denominado "Grupo Cirigliano", empresas que además se encuentran bajo la órbita de control funcional del Secretario de Transporte.

Los viajes realizados, y la forma en que han sido solventados sus costos se encuentran avalados por alguna autorización o razón oficial que justifique este proceder sino que, por el contrario, los traslados aéreos habrían sido realizados -en especial algunos de ellos- en beneficio exclusivo y privado del ex Secretario de Transporte Jaime y un grupo de personas que esta FIA estima podría tratarse de personas vinculadas a su núcleo íntimo de relaciones personales.

Carlos Colunga, Carlos Lluch y Gonzalo Patoqui, procesados en abril pasado por el juez federal Claudio Bonadio por haber participado en la maniobra mediante la que el ex secretario de Transporte de la Nación Ricargo Jaime también fue procesado por recibir dádivas, fueron sobreseídos a los tres imputados por considerar-luego de conseguir más pruebas- que no habían participado de los hechos.

Colunga, presidente de la firma de taxis aéreas MacAir Jet demostró que el vuelo que hizo Jaime con su empresa fue pagado por la OPS S.A.C.I y esa firma petrolera lo negó, obviamente sin probar. Ante esa evidencia, Colunga fue sobreseído, pero en OPS S.A.C.I, siguen invictos. Patoqui y Lluch formaban parte del directorio de la empresa de taxis aéreos "Ayres del Sur". En uno de los aviones de esa empresa Jaime hizo un vuelo de los cuestionados por la Justicia. Quedó demostrado que la empresa "Ayres del Sur" se creó para que se trasladara en su aeronave el empresario del transporte Claudio Cirigliano y su familia. El empresario fue procesado por Bonadio y al igual que Jaime, su situación procesal fue confirmada por los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Una vez demostrada la situación de "Ayres del Sur", para Bonadio, tanto Patoqui o Lluch, quedaron desvinculados de la maniobra. El dictado por Bonadio fue el primero de los procesamientos de Jaime. El juez Marcelo Martínes De Giorgi también lo procesó pero por desobedecer una orden judicial.

Para el 17 de noviembre próximo fue citado a indagatoria por el juez Norberto Oyarbide por otros dos casos de dádivas. Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo investigan a Jaime por enriquecimiento ilícito. En ese expediente se descubrió que la empresa TEBA que explota la Terminal de Ómnibus de Retiro le pagaba el alquiler de su departamento que Jaime usaba en la Capital. Y además se determinó que tenía autos que le dieron empresas privadas. Luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña respaldara la pesquisa por dádivas que llevan adelante Oyarbide junto al fiscal Carlos Rívolo -quienes además investigan a Jaime por enriquecimiento ilícito -, el juez le puso fecha a las indagatorias.

Por ese caso ya fueron llamados a indagatoria Otero y dos directivos de TEBA que fueron garantes de los alquileres de Jaime: Edgardo Preiti -que no trabaja más en la empresa- e Ignacio Akerman. Y también Alfredo Pielach, mano derecha de Otero, quien pagó el alquiler de Jaime desde 2007 a 2009, cuando Jaime detentaba mucho poder.

Otero, quien se vio favorecido en sus negocios por el kirchnerismo a partir de decisiones de Jaime, que fue secretario de Transporte desde el 2003 hasta el 2009, culpó a sus subordinados por las operaciones vinculadas a los alquileres.

El segundo caso de dádivas está relacionado con la utilización que Jaime hizo de tres autos. El primer auto pertenecía a la constructora IECSA SA-contratista de obra pública- que iba a construir el subte en la ciudad de Córdoba, una promesa realizada por Jaime. El segundo auto era de la empresa Vial 3 que explotaba rutas por peaje. Y el tercer auto estaba a nombre de una firma uruguaya llamada Damixtaren Inc., cuyo dueño tenía un kiosco en la estación Paso del Rey y había trabajado en la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Héctor Ribulgo por Damixtaren, Santiago Ramón Altieri por IECSA y Miguel Marcelino Aznar por Vial 3 deberán declarar en indagatoria sospechados de haber otorgado dádivas para Jaime.

El llamado a indagatoria de Oyarbide deja al descubierto que -por lo menos hasta ahora- la Justicia considera que varios empresarios aportaron dinero para que Jaime viviera más cómodamente mientras él debía, entre otras cuestiones, controlarlos desde la secretaría de Transporte.

Los interrogantes que nacen de la presente exposición de los hechos, son los siguientes;

1) ¿estos empresarios aportaron dinero y bienes para hacer mas cómoda la vida del ex secretario de transporte, a cambio de nada?,

2) ¿existen otros funcionarios de algunos de los tres poderes del estado, que también utilizaron dinero y bienes de empresarios para hacer cómodas sus vidas o las de sus familiares?,

3) ¿en los avales o garantías otorgadas por funcionarios a privados en las compra particular de bienes o viceversa, se configura una simulación?,

4) ¿la prueba ofrecida por las empresas para desvincularse es la simple negación de los hechos como en el caso de OPS SACI, o debe indagarse el alcance de los desembolsos de esas empresas en las fechas de los vuelos de Jaime?,

5) ¿porque empleados de estas empresas asesoran y representan judicialmente a funcionarios del estado nacional?,

6) ¿puede una empresa tener contratos con el estado nacional si hace años funciona junto a otras empresas, en una oficina en capital federal que no esta debidamente habilitada?,

7) ¿Puede una empresa ir modificando su objeto social en virtud de los contratos que va logrando con el estado?.

No es infrecuente que ocurran hechos de corrupción ejercidos por funcionarios del poder ejecutivo, así como tampoco, es infrecuente que tales hechos terminen en causas prescriptas, o sobreseimientos. Esta realidad acuciante que atravesamos debe ser abordada con seriedad, con convicción y con la firme decisión política de poner todas las herramientas disponibles al servicio de la lucha contra la impunidad. En este caso proponemos la creación de una comisión especial que convierta a la casa de los representantes del pueblo en la caja de resonancia de lo que está sucediendo e investigar desde un ámbito externo, ajeno a las partes involucradas.

Es aquí donde el Estado tiene el deber de garantizar la implementación de mecanismos institucionales tendientes a evitar las imprudentes o inapropiadas prácticas administrativas por parte de agentes públicos y funcionarios del Estado mismo. Facilitando la labor parlamentaria para la búsqueda de soluciones y el desarrollo legislativo por la inmediatez con relación a esta temática.

La conjugación corrupta entre lo público y lo privado, ha alcanzado una latitud que verdaderamente aterra, el poder judicial, de neutro pasa a incompetente, en virtud de que claramente por lo complejo del entramado no sabe como empezar o como continuar una investigación.

Por lo expuesto solicito el acompañamiento de los/as Señores/as Diputados/as para la aprobación del presente proyecto de ley.