La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los Ministerios de Seguridad, de Interior y de Defensa, se sirva informar a esta Cámara de Diputados de la Nación acerca de los procedimientos de decomiso de municiones realizados durante el año 2012 y, específicamente, si existe conexión entre ese tráfico ilegal de balas y el de narcóticos; asimismo, se informe sobre la localización geográfica de los procedimientos de incautación y cuántos traficantes han sido encarcelados y/o procesados.

Señor presidente:

Mucha alarma social ha causado la noticia publicada en enero pasado de que en 2012 se decomisaron, en diversos procedimientos, más de un millón de municiones. Esa aprensión se magnifica si se tiene en cuenta que en 2011 sólo se habían incautado 90 mil balas.

Todos somos conscientes de que existen miles y miles de armas cuya tenencia es ilegal. Si a ello se aduna que en los últimos tiempos se han producido numerosos robos de armas de comisarías, arsenales militares y obviamente en armerías particulares, el tráfico clandestino de municiones configura un notorio agravante del cuadro de situación. Para colmo, la ruta del tráfico de municiones coincide con la del narcotráfico. Sobre todo en la región septentrional del país.

Es claro que el Registro Nacional de Armas no ejerce el control pleno al que por ley está obligado. Según la norma, el RENAR está obligado a registrar la totalidad de las municiones que se comercializan en el territorio. Evidentemente, la realidad exhibe lo contrario.

Es conocido que en las favelas de Río de Janeiro aparecieron municiones de fabricación argentina en manos de narcotraficantes. Elocuente prueba del alcance regional de este tráfico.

Sufrimos una oleada delictiva, con creciente crueldad criminal. El tráfico de municiones por fuera del circuito legal, coadyuva a la actividad criminal y ensombrece el escenario social.

La Cámara de Diputados debe estar más que presente en este gravísimo problema. El Pedido de Informes obra no sólo como índice de preocupación, sino como llamado al Poder Ejecutivo para que ahonde su gestión de modo que se ejerzan la totalidad de los controles que la ley exige.

Por lo expuesto, solicito el respaldo del cuerpo.