La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos correspondientes informe a esta Honorable Cámara en lo que respecta a los incidentes originados por el desalojo del Parque Indoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.- En lo concerniente al accionar de la Policía Federal.

a) Personal policial responsable del operativo de desalojo y de seguridad posterior al desalojo.

b) Razones operativas por las que la fuerza policial actuante fue retirada pocas horas después de la recuperación de los espacios públicos, y nombre de la autoridad de la que emanó tal orden.

2.- En lo referido a la actuación de las autoridades políticas.

a) Nombre de funcionarios y rangos respectivos a cargo del operativo de desalojo y de seguridad posterior al desalojo.

b) Nombre de funcionarios y rangos respectivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los cuales se interactuó en el operativo de desalojo.

c) Nombre de la/s autoridad/es a las que le/s fue entregado en custodia el parque recuperado el 7 de diciembre, previo al retiro de las fuerzas de seguridad.

d) Número de efectivos de cada fuerza de seguridad que fueron destinados los días 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre en la zona del parque Indoamericano, detallando día por día la zona custodiada.

3.- En lo referido a los fondos destinados a planes de vivienda.

a) Presupuesto previsto ejecutar y efectivamente ejecutado, durante los años 2008, 2009 y 2010 en todo el territorio de la República Argentina, de forma detallada por cada una de las jurisdicciones.

b) Detalle de los montos comprometidos y los efectivamente girados al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los períodos 2008, 2009 y 2010.

c) Mencione si hubo montos girados y efectivamente ejecutados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin la actuación del Instituto de la Vivienda, en cuyo caso detalle responsables de dichas ejecuciones.

Señor presidente:

El pasado 7 de diciembre de 2010, a raíz del desalojo ordenado por el juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26, a cargo de la Dra. María Cristina Nazar, por la ocupación de los terrenos del Parque Indoamericano, se observaron manifestaciones de violencia por parte de algunos miembros del personal policial encargado de ejecutar esa orden judicial.

Los acontecimientos de violencia registrados por los diferentes medios de prensa, mostraron imágenes de violencia inusitada contra muchos de los ciudadanos que ocupaban ilegalmente el espacio público, produciéndose dos muertes, la de los ciudadanos Bernardo Salgueiro y Rosemarie Churapuña.

Finalizado el desalojo y despejado el Parque Indoamericano, las fuerzas de la Policía Federal fueron retiradas del lugar quedando el espacio público a merced de una nueva ocupación; lo cual se desarrolló en la madrugada del miércoles 8 de diciembre y en los posteriores días.

La actitud de los funcionarios del gobierno Nacional y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se centraron en establecer culpas de unos a otros pretendiendo un mezquino rédito político, en lugar de encontrar soluciones conjuntas entre ambas jurisdicciones. Dicha situación ocasionó que los terrenos públicos fueran nuevamente ocupados sin ningún tipo de prevención por parte del Estado Nacional ni del local, y produciéndose durante más de dos días un abandono total de la zona por parte de las fuerzas de seguridad, ocasionando ello decenas de ciudadanos heridos y por lo menos un nuevo muerto el día 9 de diciembre, el ciudadano Juan Quispe Castañeta.

El día 10 de diciembre, mientras la Presidente de la Nación se dirigía al país por cadena nacional, se produjo en la zona un virtual estado de anarquía que desencadenó los graves enfrentamientos entre ocupantes del parque y vecinos por todos conocidos. Como consecuencia de estos hechos durante 48 horas existió total incertidumbre sobre el paradero de una supuesta cuarta víctima, el joven Julio Valero. Este hecho demuestra la gravedad de la deserción del estado, ya que este joven estuvo "desaparecido", mientras fuentes oficiales de la ciudad afirmaban que estaba muerto y fuentes del gobierno nacional decían desconocer lo acontecido. Según relataron autoridades del SAME, el joven habría sido sacado por la fuerza de una ambulancia y ultimado a balazos. Hecho que requiere ser aclarado en forma urgente.

Por otra parte no se puede desconocer la realidad social de cientos de ciudadanos que carecen de acceso a una vivienda digna tal como lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis, crisis agravada por el manejo clientelista de los planes de vivienda, tanto del Gobierno Nacional como del Instituto de Vivienda de la Ciudad y su insuficiencia ante la creciente demanda.

Este desamparo a los ciudadanos más humildes, que ante la ausencia del Estado e impulsados por su necesidad son engañados por inescrupulosos que se aprovechan de la situación solo puede remediarse con la intervención decidida de ambos estados -nacional y de la ciudad- en las políticas sociales y su implementación directa y transparente.

Al retirarse el Estado de sus responsabilidades se comprometió la vida de los ocupantes del predio y también se puso en riesgo la integridad de los vecinos de Lugano y Soldati que se manifestaban contra la toma.

Ambos gobiernos ante la falta de políticas sociales en materia habitacional son responsables de la ocupación ilegítima y de sus consecuencias.

Todos estamos de acuerdo en que no se sale de la crisis mediante la ilegalidad, es por eso que las políticas públicas deben aplicarse para todos, para los que menos tienen, para los que reclaman su legítimo derecho al uso del espacio público y la preservación de los espacios verdes y los que necesitan con urgencia una solución ante la falta de vivienda.

Dada la gravedad que representa el abandono del rol del Estado a los ciudadanos de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitamos al Poder Ejecutivo aclaración sobre los hechos mencionados.

Ese es el rol del cual el estado desertó durante todo este conflicto.

Por todo lo expuesto es que solicito a los Señores Legisladores, la aprobación del presente proyecto de pedido de informes.