La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su enérgico repudio a la clausura de las antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) en la provincia de Córdoba por parte del gobierno de esa provincia, cercenando la libertad de expresión y privando del derecho a la información y a la comunicación a cientos de miles de cordobeses que no acceden a la televisión paga.

Señor presidente:

En un hecho inédito en el país, el gobierno de la Provincia de Córdoba ha dispuesto, desde diciembre hasta la fecha, la clausura arbitraria de cinco antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA), dispositivos que fueran instalados por la empresa ARSAT para el acceso libre y gratuito de los habitantes de Córdoba a más de 20 canales, llegando a prácticamente medio millón de cordobeses.

La primera clausura ocurrió el 5 de diciembre pasado en la ciudad de Río Cuarto, aduciendo con nula fundamentación motivos ambientales e incumplimiento de una ley provincial en ese sentido. Más tarde, a partir del 24 de enero, se sucedieron hechos similares en Leones, Villa María, Villa Dolores y Malagüeño.

Las infundadas resoluciones 1026/12, 1027/12, 1028/12 y 1029/12 que llevan las firmas del secretario de Ambiente, Luis Federico Bocco, y del ministro de Ambiente, Agua y Energía delasotista, Manuel Calvo, lejos de tener fundamento técnico, contienen excusas burocráticas que en realidad apuntan a censurar a las más de 20 señales públicas y privadas que se emiten a través del sistema gratuito y han tenido la consecuencia de dejar a 500 mil cordobeses sin acceso a la información.

Existen en todo el país 67 antenas de TDA instaladas por la empresa ARSAT y en ninguno de los casos hay problemas ambientales ni se ha denunciado siquiera tal situación. Córdoba es la única excepción donde se han presentado argumentos falaces para impedir las emisiones. Desde el Ministerio de Planificación Federal, accionista mayoritario de ARSAT, se especificó que "los niveles de emisión de las antenas de la televisión digital son diez veces menores a las de radio FM y 50 veces menores que las de la TV analógica". Asimismo, desde el Ministerio se aclaró que "en tanto en la televisión analógica se instala una antena lo más potente posible para obtener mayor cobertura, al planificar el despliegue de la TV digital se resolvió poner antenas más pequeñas para reducir el impacto ambiental".

El argumento de que la instalación de las antenas fue inconsulto también resulta falaz al comprobar que por ejemplo en Río Cuarto se firmó un convenio con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para la cesión de un predio para su funcionamiento. En el mismo terreno ya existe una estructura de 120 metros de alto con antenas de telefonía celular que nunca fueron objetadas por motivos ambientales.

La suspensión de la televisión digital en Córdoba dispuesta por el gobierno de José Manuel De la Sota incumple, entre otras normativas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al impedir la libre difusión de ideas y opiniones, la regularidad en la transmisión de los servicios, el acceso a la población a una mayor diversidad de canales, la libre competencia y la desmonopolización en el mercado comunicacional.

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) detalla en una nota del mes de noviembre que "se estaría 376 veces por debajo de límite establecido en la normativa vigente en nuestro país, en línea con las recomendaciones de la OMS". También menciona que los estudios realizados sobre los niveles de Radiación No Ionizante (RNI) están por debajo de los niveles aceptados y permitidos.

Con su accionar, el gobernador de Córdoba no sólo incumple la Constitución Nacional, los pactos internacionales y las leyes en materia de comunicación y libertad de expresión en la Argentina, sino que además reniega de los convenios firmados por su propio gobierno y empresas estatales como la EPEC previamente a las instalaciones de las antenas, a las aprobaciones de la ARSAT y a los informes de los organismos pertinentes.

Antes de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de desarrollar el sistema de la Televisión Digital Abierta y gratuita, sólo los que tenían capacidad económica y podían adquirir el servicio de cable lograban tener opciones para ver una diversidad de canales de TV; los que no podían pagar, estaban imposibilitados de acceder a la televisión.

Tal como lo señala el abogado Miguel Rodríguez Villafañe, especialista en derecho a la información, en su nota del diario Comercio y Justicia, la TDA "facilita que los habitantes del territorio argentino tengan opciones, por las que pueda contar con señales de televisión digital -terrestre o satelital-, de contenido diverso, sin costo y con calidad técnica". Por esta razón, los decodificadores que se necesitan para recibir la señal se entregan gratuitamente a jubilados y beneficiarios de la Asignación por Hijo, por ejemplo, y tienen un costo más que accesible para el resto de la población.

Según Rodríguez Villafañe, "resulta realmente denigrante y se reinstala en Córdoba la discriminación inconstitucional en el acceso a la TV gratuita cuando la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba, de manera intempestiva, no permitió inaugurar la antena para TDA de Río Cuarto, y luego clausuró las antenas ubicadas en Leones, Villa María, Villa Dolores y Malagueño. Muchas de ellas ya operaban hace más de un año. La medida burocrática no encuentra fundamento en razones de particular emergencia o que no puedan ser subsanadas sin atacar derechos humanos básicos. A más de 500.000 habitantes de la Provincia de Córdoba se les ha privado de poder ver gratis y con calidad digital, canales del país y regionales".

Aún cuando se han interpuesto las acciones correspondientes ante la justicia, es de gran importancia que la Cámara de los Diputados se pronuncie en repudio a un accionar que lesiona la igualdad de oportunidades al privar del acceso gratuito a los medios de comunicación a los que menos tienen y beneficia a los proveedores monopólicos de los servicios pagos; la libertad de expresión al atentar contra una industria que nace al amparo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la que periodistas, locutores, operadores, cineastas y productores audiovisuales encuentran una posibilidad cierta y sustentable de realización profesional; y los derechos fundamentales de acceso a la información y a la comunicación de más de medio millón de habitantes de Córdoba, significando un grave retroceso social y cultural.

Por dichos motivos, solicito a los Sres. Legisladores acompañen el presente proyecto de resolución.