La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su profunda preocupación por la promulgación de la resolución 2368/2012 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que permite a las emisoras reemplazar las cuotas mínimas de producción local independiente "con contenidos provistos por el Banco Audiovisual de Contenidos Audiovisuales Argentino (BACUA) y el Centro de Producción e Investigación Audiovisual (CePIA)". La decisión constituye un verdadero atropello al espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios (ley 26.522), toda vez que pone en peligro la pretendida exigencia de producción local independiente, disminuyendo la pluralidad de voces y reemplazándolas por una misma voz nacional financiada por el gobierno.

Señor presidente:

La recientemente promulgada resolución 2368/2012 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual es preocupante desde todo punto de vista. No solo porque implica una interpretación que desnaturaliza los principios que guiaron la sanción de la Ley de Medios (ley 26.522), sino porque revela todo aquello que muchos temieron con la sanción de esta ley, esto es, el reemplazo del monopolio privado por el monopolio gubernamental.

La medida implica permitir a las emisoras reemplazar las cuotas mínimas de producción local independiente con contenidos provistos por el Banco Audiovisual de Contenidos Audiovisuales Argentino (BACUA) y el Centro de Producción e Investigación Audiovisual (CePIA). Así, se vulneran las cuotas mínimas de producción local, que pretendían garantizar una pluralidad de voces, por los mismos contenidos nacionales financiados por una sola voz, la del Estado.

Las emisoras se encuentran en una posición funesta: por un lado, la ley las obliga a tener una cuota mínima de producción que en muchos casos (quizás la mayoría) es virtualmente inviable en términos económicos; por otro lado, y ante esta imposibilidad, su única salida es la emisión de un mismo contenido gubernamental. Así, las emisoras no tienen margen de decisión; o se adecuan a la resolución que pretende estar en línea con el espíritu de la ley, perdiendo su independencia y libertad de expresión, o violan lo exigido por la ley y pierden su licencia.

A no dudarlo, el modo en que el gobierno y el AFSCA instrumentalizan las disposiciones de la ley constituye una verdadera espada de Damocles sobre las cabezas de las telerradiodifusoras.

A esto se suma el hecho de que a partir del próximo 4 de febrero, entrará en vigor la decisión de Radio Nacional de levantar programas del prime time en 48 emisoras (estatales o financiadas por el Estado) para reemplazarlos por el programa "Mañana Más" del conductor Luciano Galende, afectando nuevamente tanto la producción local como la pluralidad de voces que se encuentra en el corazón de la ley.

Al respecto, cabe decir que los hechos hablan por sí mismos. Así como hace un mes la decisión de Radio Nacional eliminó impíamente la pluralidad de voces en las emisoras estatales, la presente resolución tendrá el mismo efecto en las privadas. Y todo esto bajo el disfraz de una ley que pretendía todo lo contrario.

No cabe ninguna duda de que esta medida no democratiza. Esta medida es tan ajena a los fines democráticos como a los fines republicanos de la ley, pues resulta un avasallamiento al federalismo al suprimir voces locales imponiendo una voz gubernamental. El monopolio del gobierno es tan peligroso y nocivo como el monopolio privado. Este no es el camino que se dijo buscar con la sanción de la ley.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.