La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que considere pertinente, remita a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación un informe escrito sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el pago por parte del PAMI de las prestaciones previstas en el Sistema Único de Atención Integral para las Personas con Discapacidad:

1- ¿Cuáles son las razones que llevaron al PAMI a dejar de pagar algunas prestaciones (geriatría, diálisis y discapacidad) de afiliados con pensiones no contributivas (PNC)?

2- ¿Cuáles son los motivos que llevaron al PAMI a establecer que las prestaciones de transporte, de sus afiliados con PNC, deben ser facturadas al Ministerio de Salud, cuando antes lo hacían directamente al PAMI?

3- ¿Por qué desde 2011 el PAMI no reconoce en su totalidad el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad creado por la Resolución 428/1999?

Señor presidente:

Mediante el presente pedido de informes se busca tomar conocimiento de diversas cuestiones vinculadas con el pago por parte del PAMI de las prestaciones previstas en el Sistema Único de Atención Integral para las Personas con Discapacidad.

En el país existen 1025 instituciones acreditadas por un sistema de Juntas Evaluadoras coordinadas por el Sistema Nacional de Rehabilitación. Estas conforman un registro de prestadores de atención a personas con discapacidad, de 1700 servicios en las diferentes provincias de nuestro país. Dichas prestadoras brindan atención a más de 100.000 personas con discapacidad, proveyendo empleo directo e indirecto a 90.000 personas.

Estas instituciones, que trabajan en la atención de personas con discapacidad y brindan las prestaciones establecidas en el Nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad creado por la Resolución 428/1999, se encuentran en una grave situación debido a la falta de adecuación arancelaria. Pero un factor de especial relevancia que agrava aquella crisis es la actuación del PAMI en relación al Sistema de prestaciones.

En primer lugar, durante la gestión de la Dra. Ocaña como interventora del PAMI y en el marco de una caprichosa interpretación del decreto 197/97, firmó un acta acuerdo (019-09 de 2008) con el Ministerio de Salud. Dicho decreto, en su artículo 21 dispone que "los gastos derivados de la atención de las prestaciones médicas y sociales de las pensiones no contributivas en los casos de invalidez y de ex-combatientes de Malvinas, serán transferidos a partir del año 1998 a la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, para lo cual se incluirán los recursos necesarios en el referido presupuesto, con financiamiento del Tesoro Nacional". En base al acta firmada, el PAMI decidió dejar de pagar las prestaciones de geriatría, diálisis y discapacidad de afiliados con pensiones no contributivas, hasta que el Ministerio de Salud no le girase los fondos.

Es decir que el PAMI paga de manera indirecta, generando un retraso en los cobros, en parte porque él mismo no cumple en enviar en tiempo y forma la documentación pertinente (como quedó evidenciado en la exposición que hicieron los técnicos de Incluir Salud en la reunión del Directorio del 7/3/13) y también porque el Ministerio de Salud tiene dificultades para la ejecución presupuestaria. Lo concreto es que se ha creado una diferencia que no debería existir entre afiliados de una misma Obra Social, según su beneficio sea contributivo o no contributivo.

Cuestionado por esta situación, la respuesta del PAMI ha sido que pagar con sus fondos constituiría una malversación. Sin embargo, debemos recordar que esto solo aplicaría para las mencionadas prestaciones, ya que la restantes se siguen pagando conjuntamente con las de los afiliados contributivos, con lo cual la justificación no tiene asidero.

Esto se vio agravado, en el caso de las prestaciones de transporte, a partir del acuerdo firmado en 2012 entre el Director Ejecutivo de PAMI, Luciano Di Cesare, y el Ministro de Salud Juan Manzur. Hasta ese momento PAMI pagaba directamente a los transportistas con sus propios fondos tal como lo hace con los afiliados contributivos.

En el nuevo acta acuerdo se estableció que se debe facturar directamente al Ministerio; pero como este no puede recibir las facturas de los transportistas, las instituciones se vieron obligadas a presentar estos valores por cuenta de terceros. Por este motivo el transporte sufrió un atraso en los pagos de hasta cuatro meses, lo que los coloca al borde de la interrupción de los servicios.

Todo este cuadro que sitúa al sistema de atención en una situación crítica, podría resolverse si el PAMI volviera a pagar en forma directa dichas prestaciones. Entonces, cabe preguntarse cuáles fueron los motivos detrás de este cambio en la modalidad de pago que no ha hecho sino atrasar los pagos generando grandes dosis de imprevisibilidad en las instituciones que los reciben.

Por otro lado, un hecho alarmante es que el PAMI, en forma cíclica desde 2011, viene desconociendo el Nomenclador Nacional, con el agravante de hacerlo solamente con algunos de sus afiliados. En el marco de una disputa que mantiene con el Ministerio de Salud, hecho que alcanzó estado público en 2013, el PAMI desoye los valores que aprueba el directorio del Sistema de Prestaciones y que luego oficializa el Ministerio de Salud, y abona un valor que está muy por debajo del arancel establecido por dicho ministerio, generando un precedente para otras obras sociales. Esto ocurre con sus afiliados contributivos, ya que con sus afiliados no contributivos los valores oficiales son respetados.

Tanto la Superintendencia de Servicios de Salud como la justicia, han dejado suficientemente claro la obligatoriedad y validez del Nomenclador Nacional; y lo mismo hace el PAMI al reconocerlo para parte de sus afiliados. Es incomprensible que al aprobarse los valores vigentes, en el Directorio del PAMI no haya expresado su disconformidad y que luego los desconozca, como desoye también las decisiones del Poder Judicial en los procesos de amparo interpuestos por los afiliados agraviados.

Bajo la excusa de mejorar el control de los gastos en el área, se produjo un sinnúmero de cortes en las prestaciones, modificaciones de coberturas, desconocimiento de categorías y atrasos en los pagos que aún en los casos en que se pudieron revertir, evidencian un total desconocimiento del sistema de prestaciones de discapacidad y una falta total de profesionalismo para manejar eficientemente un área tan sensible.

Por todo lo expuesto solicito se provea de los informes pertinentes.