La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, disponga dejar sin efecto los incrementos de precios recientemente autorizados por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre productos de la canasta básica alimentaria para empresas líderes, con subas de hasta el nueve (9 %) por ciento, que reitera por tercera vez a lo largo del año aumentos periódicos, masivos y escalonados del costo de vida, con el consiguiente deterioro de los salarios reales, los haberes previsionales y los beneficios sociales que perciben la generalidad de la ciudadanía y los sectores populares en nuestro país.

Señor presidente:

La última semana iniciada con el Día de Los Derechos Humanos, el lunes 10 de Diciembre del corriente año, nos trajo también la noticia de un nuevo y duro golpe al bolsillo de la población, con subas de hasta el nueve (9 %) por ciento en productos de la canasta básica, que autorizara para el último trimestre, el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Un verdadero bono o recompensa de fin de año para las empresas de consumo masivo, fue el visto bueno otorgado a las más grandes empresas y multinacionales líderes de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza, lácteos y hamburguesas, entre otros rubros de la canasta básica alimentaria.

Es el tercer incremento aprobado en el año que incluye todas las líneas y marcas de primera necesidad. De hecho, las principales beneficiarias por el esquema de aumentos periódicos y escalonados que desde hace cuatro años impulsa Guillermo Moreno, son menos de treinta (30) grandes compañías y empresas multinacionales, que juegan con mayor poder de lobby su posición dominante en esos productos, contradiciendo los repetidos argumentos oficiales que explican el alza inflacionaria como una consecuencia de la concentración del mercado.

Sobresalen en la lista las filiales locales de multinacionales como Coca-Cola, Pepsi, Danone, SC Johnson & Son, Clorox, Reckitt Benckiser, Saputo (La Paulina) y laboratorios Glaxo. También compañías argentinas controladas por grupos extranjeros, como Quilmes, Quickfood y Fargo, y empresas líderes de capitales nacionales como La Serenísima, Arcor, Queruclor y otras empresas lácteas como Milkaut, Williner, Sancor y La Suipachense.

En coincidencia con las fiestas navideñas y la temporada de mayores ventas, también se autorizaron en el último mes del año aumentos para bodegas como el grupo Peñaflor, que controla a media docena de empresas del rubro y la chilena Concha y Toro.

Curiosamente el mismo día 10 de diciembre, el Secretario de Comercio Interior, se reunió con el líder de la CGT oficialista, Antonio Caló, y con el titular de la Unión Industrial Argentina, José de Mendiguren, para acordar poner un freno en el año 2013 a la carrera entre precios y salarios y proteger el consumo popular, impulsando un acuerdo que limite las subas de precios y salarios.

Pero mientras pedía esto a empresarios y dirigentes sindicales, Guillermo Moreno autorizaba un nuevo incremento en los productos de la canasta básica de alrededor de un 9 por ciento, en vísperas de fechas claves para el consumo de las familias, como la Navidad y el Año Nuevo.

Pareciera que el gobierno nacional insiste con políticas que no alcanzan a remediar lo inevitable, ya que no sirven para administrar el fenómeno inflacionario, que responde con fuerza a otras causas y se mueve de manera independiente al aliento de la expansión monetaria, los desequilibrios entre la oferta y la demanda de bienes, las pujas distributivas o la desconfianza e inseguridad para las inversiones productivas, según distintos análisis.

Pero lo cierto es que el esquema oficial que impuso hace más de cuatro años el Secretario de Comercio, ya no puede tapar la realidad y se hace cada vez más evidente el deterioro de los salarios reales, los haberes previsionales y los beneficios sociales, que perciben la generalidad de la ciudadanía y los sectores populares en nuestro país.

Los incrementos de precios otorgados ahora se reiteran con una fórmula que ideó Guillermo Moreno: los productos de "primerísima necesidad" no superan el 4%, una segunda ronda de productos considerados "selectivos" en los que se aumentan entre el 4 y el 7% y los productos "premium" con una suba del 9%. Pero hay productos que en lo que va del año 2012 ya fueron retocados tres veces, con lo que la cifra final de aumentos en el año ronda en muchos casos, entre el 15 y el 25 por ciento, una cifra muy lejana a la inflación que refleja el INDEC, que nos habla de un once (11%) por ciento anual.

Los relevamientos de precios mensuales demuestran por otra parte que, más allá de que las autorizaciones de aumentos no son parejas durante todo el año y tienden a concentrarse en marzo, junio y fin de año, en promedio en los últimos meses, la canasta básica viene creciendo a una tasa de 1,8% mensual y no hay señales de que este panorama cambie demasiado durante el próximo 2013.

Igualmente, como se viene repitiendo desde que Guillermo Moreno implementó el modelo de aumentos de precios controlados, muchas empresas no parecen preocupadas por ajustarse a los requerimientos oficiales y en cada vez más casos avanzan con aumentos de precios sin pasar por la Secretaría de Comercio Interior.

De hecho, los aumentos que autoriza la Secretaría de Comercio, a menudo se quedan a mitad de camino porque en las góndolas terminan siendo mayores, sin que nadie pueda aseverar si ello ocurre o no, con el con el acuerdo tácito de las autoridades competentes.

La imperiosa necesidad de contar con una referencia para actualizar diferentes valores, y la carencia absoluta de datos fiables por la manipulación estadística del INDEC, obliga a realizar ejercicios de estimación para acercarse a los verdaderos valores de la canasta básica alimentaria, de manera alternativa a las de uso oficial.

Pero consultoras especializadas que han trabajado con datos que se desprenden de los productos que efectivamente pasaron por los escáneres de supermercados y autoservicios, demuestran que en los primeros nueve meses del año, los precios de la canasta treparon el 23,8 %.

Ante el desmantelamiento de las estadísticas públicas, es preciso recurrir a las mejores aproximaciones posibles para la discusión salarial, que se torna ilusoria y abstracta, sin medir objetivamente la canasta alimentaria. En igual sentido, la imposición de topes salariales en un contexto tan alejado de la realidad, no ha de significar sino un ajuste encubierto.

Todo ello obliga a reclamos de alza salarial en porcentajes muy por encima de la inflación oficial, dado que el índice de precios al consumidor subió, entre enero y octubre de este año, apenas un 8,7 % según el INDEC.

Por cierto, resulta necesario poner fin al modelo de aumentos controlados que viene aplicando el Secretario de Comercio de la Nación, que no ha dado resultados positivos para controlar la inflación, una de las cuestiones más álgidas de la actualidad económica y social que debemos superar, con políticas de Estado sustentables y con la solidaridad y la cooperación de todos los que aspiramos a vivir en un país con justicia y equidad.

Con este proyecto queremos reafirmar también que una las funciones centrales del Congreso de la Nación, quizás la más importante en la actual realidad parlamentaria del país, es la del control de la gestión gubernamental, que ya se considera en muchos países del mundo, como prevalente y principal, frente a la propia función legislativa.

No debemos resignarla bajo ningún aspecto, por mínimo que parezca, si realmente queremos ejercer con eficacia la representación popular que nos ha sido otorgada.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares al presente proyecto de resolución.