La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación acerca de la demora en la formulación de una fecha concreta de inicio de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico- militar en el Vº Cuerpo de Ejército en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.-

Señor presidente:

En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, todavía se espera el inicio de los llamados "Juicios por la Verdad". Nada se sabe de las posibles fechas de inicio de los juicios a los represores, correspondientes a la jurisdicción del Comando del Vº Cuerpo de Ejército, a pesar de que la causa se reabriera hace cinco años y de la promesa de que en el 2010 comenzarían los juicios.

Miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local, militantes y querellantes, se han manifestado entregando dos petitorios al Tribunal Federal N° 1 de la ciudad de Bahía Blanca el pasado 11 de noviembre: el primero vinculado con la formulación de una fecha concreta de inicio de los debates, y el segundo solicitando que se confirme a la Universidad Nacional del Sur como sede de los mismos.

El trabajo desde las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos y el acompañamiento de gran parte de la ciudadanía, han contribuido en llevar adelante la lucha contra la impunidad y por el juzgamiento a los represores, pero estas instancias todavía no alcanzan. La parsimonia de la Cámara Federal de Bahía Blanca respecto a su actuación por los crímenes cometidos durante la dictadura ha permitido que en este ámbito ya sean más los fallecidos y prófugos que los imputados.

Acerca de los motivos de la dilación del inicio del juicio, Anahí Junquera, una de las querellantes en la causa conocida como Vº Cuerpo del Ejército, señaló a un medio de prensa que "suponemos que tiene que ver con cuestiones procesales, que generan impunidad técnica, ya que mientras que las causas no avanzan, los represores se siguen muriendo sin condena".

Al respecto, el ex fiscal general Hugo Cañon, reflexionó hace un tiempo: "La actitud de ciertos jueces y fiscales ante delitos de lesa humanidad denota cuanto menos cierto temor a actuar con la frontalidad que aplican en causas comunes. Si ante imputados de gran habilidad, que han gozado de impunidad por décadas y tienen recursos para eludir a la Justicia, no se actúa con habilidad y diligencia, la posibilidad de un juzgamiento adecuado puede frustrarse". Y agregó: "En Bahía Blanca se ha dado el caso de militares con órdenes de detención que seguían cobrando como retirados, lo cual es una burla a la inteligencia".

Con motivo de esta situación, familiares de las víctimas y ex-detenidos se encuentran organizando diferentes actividades en la ciudad. Es por ello que se desarrolló la "Semana de la Memoria", entre los días 26 y 30 de julio de 2010, en la Biblioteca Popular Concepción Urdinola de Pedernera que funciona en el club Bella Vista. Asimismo, junto a la Comisión de apoyo a los juicios por crímenes de Lesa Humanidad en Bahía Blanca, han solicitado al Concejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca la declaración de interés de estas actividades.

Dentro de las actividades desarrolladas se proyectaron diferentes documentales realizados por alumnos del programa "Jóvenes y Memoria" de Escuelas Medias de Bahía Blanca, Pedro Luro, Villa Ventana, Gral. Daniel Cerri y Guatraché -La Pampa-, y por realizadores de la ciudad de Bahía Blanca. Los filmes que se proyectaron fueron los siguientes: "El lunar de Bahía Blanca" (sobre la erradicación del barrio Palihue Chico, hoy 17 de agosto), "No sólo pañuelos blancos" (acerca de padres y madres de desaparecidos y asesinados en la década del ´70), "Lo que se dice con lo que se calla" (Henrich y Loyola, trabajadores gráficos del diario "La Nueva Provincia", asesinados en junio de 1976), "Polvo de estrellas" (sobre la vida y desaparición de Ana Teresa Diego, estudiante bahiense que estudiaba la carrera de Astronomía en La Plata), "Watu, ¿sabés quién fue? (sobre la vida y el asesinato de David Cileruello, dentro de los pasillos de la Universidad Nacional del Sur), "Voces del silencio" (acerca de Daniel Riganti y Juan Carlos Prádanos, secuestrados en la ciudad de Bahía Blanca en abril de 1976) y "La masacre de Calle Catriel" (sobre el asesinato de Z. Matzkin, M. Tarchitzky, P. Fornasari y J. Castillo en el domicilio de Catriel 321, ciudad de Bahía Blanca).

Por nuestra parte, y haciendo nuestra las numerosas voces que reclaman por el inmediato inicio de los juicios, consideramos que para que se pueda efectivizar el rol del Estado en la búsqueda de la verdad y la justicia resulta fundamental esclarecer, juzgar y condenar a los represores acusados de crímenes de lesa humanidad. En tal sentido compartimos la intranquilidad y desasosiego que provoca esta demora en los juicios y pedimos que se resuelva esta situación a la brevedad.

Creemos que un avance en tal sentido vendrá a reflejar las tendencias más progresistas en materia de protección de los derechos humanos, el cual esperamos que sea el primer paso de un proceso en que muchas instancias del Poder Judicial se sacudan la capa de indiferencia y complicidad con que han eludido el problema todos estos años y resuelvan comenzar a transformar a la República Argentina en un verdadero estado de derecho.

Sobre este punto no podemos dejar de señalar que la referida indiferencia y complicidad en la dilación se instala dentro de una creciente obstaculización a la efectiva realización de verdad y justicia desempeñada por diversos sectores del Poder Judicial en los últimos años. Algunas de las acciones asociadas a este aplazamiento son la morosidad en los procesos de instrucción y juicio, la tramitación de defensas sistemáticamente rechazadas, detenciones domiciliarias, hostigamiento y revictimización a testigos, inusuales límites al obrar de las querellas, pocos casos de elevación a juicio. Estos hechos se han dado al amparo político de quienes prefieren el perdón y el olvido de tan aberrantes delitos. Todo esto se inscribe en el contexto más amplio de la necesaria profundización de la democracia, y en particular, con respecto al Poder Judicial.

En tal sentido, estamos convencidos que el compromiso de todos los sectores profundamente democráticos debe ser el de garantizar que los juicios por la verdad sigan adelante, progresando y multiplicándose con la fuerza que les ha dado la legitimidad de su proceder y de sus objetivos.

A continuación presentamos un breve resumen de los hechos nefastos acometidos durante la última dictadura en la ciudad de Bahía Blanca y la zona.

La represión asaltó cruelmente en Bahía Blanca, especialmente bajo el mando del General Acdel Edgardo Vilas (quien fuera procesado en 1987 por la Cámara Federal por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas), que venía de secundar al general Antonio D. Bussi en el Operativo Independencia, el nombre con que se conoce al inicio del aniquilamiento de las fuerzas populares en Tucumán ordenado por el gobierno de Isabel Martínez. Varios centros de concentración funcionaron en dicha ciudad. Allí, hombres, mujeres y adolescentes fueron cruelmente torturados y en su mayoría "trasladados".

La Delegación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) en Bahía Blanca ha podido establecer una lista de personas ultimadas en supuestos enfrentamientos, varias de las cuales habían sido vistas con vida en la "Escuelita", una vieja construcción que había servido para guardar caballos militares, compuesta de varias habitaciones, situada a unos 100 metros del galpón principal del Vº Cuerpo de Ejército y denominada de tal manera por sinonimia con el edificio escolar que se usó en Tucumán para torturar, la Escuelita de Famaillá.

Testigos reconocieron el lugar, según consta en la CONADEP, a unos 2.000 metros de la sede del Comando, en un paraje conocido como "El viejo tambo" en el camino de "La Carrindanga", el lugar donde se levantaba la "Escuelita", demolida durante unas maniobras militares en el año 1978, rodeada por una arboleda aún en pie y que resultó inconfundible.

"La Escuelita" fue el único centro del que se ha podido recoger un testimonio escrito, pero se sabe que en la región de Bahía Blanca hubo por lo menos cuatro centros de detención ilegales y tres campos de concentración. El más cruel de ellos fue un campo de exterminio en una zona de la Base Naval conocida como Baterías, donde sólo quedaron dos supervivientes y por donde pasaron numerosos militantes desaparecidos.

Cuando el número de detenidos desbordaba la capacidad, algunos eran derivados transitoriamente a otro edificio ubicado en la Base Naval o en sus inmediaciones, donde los custodiaba personal de la Marina. Esta por su parte, contaba con otro centro de detención clandestino instalado en la Batería 2, frente a la costa, donde quedó fondeado un barco utilizado con idéntico fin en los momentos en que la represión fue más intensa.

Tanto La Escuelita como la cárcel de Villa Floresta constituyeron un circuito de distribución de detenidos- desaparecidos. Su funcionamiento ratifica que la desaparición fue una política de Estado, que combinó lo legal y lo ilegal, lo público y lo clandestino.

Así lo confirmó Oscar Bermúdez Congo, quien fuera secuestrado por la Policía Federal el 1º de enero de 1977, con el comisario Forchetti a la cabeza, para ser posteriormente entregado al Ejército, que lo transportó hasta "La Escuelita":

"Para este "proyecto escolar" se reunieron las tres fuerzas armadas; una clase media alta y muy sólida; la CGT de Bahía Blanca; la única prensa existente -que no sólo ocultaba la verdad de lo que ocurría, sino que acompañaba a los militares en su tarea de exterminio y silenciamiento-. Y también la Iglesia del arzobispo Mayer, que además de tapar el asesinato de los propios curas bahienses, expulsaba a los familiares de los desaparecidos que iban a buscar ayuda, y permitía que sus capellanes "asistieran espiritualmente" a los recluidos en La Escuelita. Justamente fue esta Escuelita la que enseñó a los de afuera qué había que callar, mientras asesinaba y torturaba a quienes eran llevados allí, a los que inútilmente intentó quebrar política y moralmente."

De las zonas en que estaba dividido el sur del país, la ciudad de Bahía Blanca estaba comprendida en la Zona 5, Subzona 51, que tenía jurisdicción en la provincia de Buenos Aires sobre los Partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Pringles, González Cháves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, y Patagones, y en la provincia de Río Negro los departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta, San Antonio, Adolfo Alsina, y Conesa.

La zona de seguridad colocada bajo control del Vº Cuerpo de Ejército, abarcaba los partidos bonaerenses de Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Carmen de Patagones, así como la ciudad de Bahía Blanca, sede del Comando de Cuerpo, a excepción del área bajo jurisdicción de la Armada (Base de Puerto Belgrano), y más allá, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

La represión clandestina operó a lo largo de ese vasto territorio apoyándose en lugares transitorios de detención (Comisarías, Cuarteles, Delegaciones de la Policía Federal, etc.) desde donde los prisioneros eran trasladados a los dos centros permanentes ubicados en la ciudad de Bahía Blanca a los que hiciéramos referencia.

Para finalizar, queremos agregar una pequeña reflexión acerca de la trascendencia y vital importancia para toda la sociedad del inicio de los juicios por la verdad y la memoria. La reapertura de los juicios nos interpela desde de la memoria y nos hace tomar conciencia que la disputa por procesar el pasado, que nunca es sólo pasado sino más bien continuidad y permanencia, es parte de las urgencias del futuro. Esta tarea compromete a la sociedad que somos en su totalidad, y a la que queremos ser. Para ello debemos pronunciar la muerte, nombrarla, con el objeto de romper el silencio que la rodea (el silencio, cifra del mal que pesa sobre los argentinos, y muy especialmente sobre los bahienses).

Por todo lo expuesto anteriormente, y con la intención de colaborar en la recuperación de nuestra memoria histórica, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.-