La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe a esta Honorable Cámara sobre las medidas adoptadas y las garantías ofrecidas para asegurar la continuidad del normal funcionamiento del Centro Universitario de Devoto, a partir del allanamiento que se realizó en dicho establecimiento, el 23 de septiembre pasado, en el marco de una investigación penal por la presunta participación de internos en secuestros virtuales, y puntualmente:

1. Si se ha traslado o cambiado el lugar de alojamiento de personas privadas de su libertad que desarrollen algún tipo de actividad y/o estudio en el Centro Universitario de Devoto a raíz de estos acontecimientos. Y en caso afirmativo, que se detalle qué internos han sido reubicados y dónde, por qué razones y si se han respetado las pautas previstas por el reglamento interno aprobado por la resolución 310/1991 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

2. Si se ha desalojado a los estudiantes y coordinadores internos responsables de cuidar el patrimonio e integridad del espacio universitario. Y en caso afirmativo, que se informe cuáles han sido los fundamentos de esta medida, el plazo de su vigencia y si se ha adoptado alguna medida tendiente a la conservación de dicho espacio.

3. Si se ha prohibido el ingreso de docentes y estudiantes del medio libre hasta nueva orden. Y en caso afirmativo, que se informe cuáles han sido los fundamentos de esta medida y en qué plazo se estima que se normalizará la situación.

4. Si se ha modificado en alguna forma el espacio físico del CUD, y en caso afirmativo, que se informe cuál han sido su alcance y finalidad.

5. Si efectivamente se pretende que las actividades extracurriculares que actualmente tienen lugar en el ámbito del CUD, se realicen en un nuevo espacio físico dentro del establecimiento. Y en caso afirmativo, que se informe cuáles son los fundamentos de esta propuesta, y las características y comodidades con que cuenta el espacio que se destinaría para dichas actividades.

6. Si efectivamente se ha dispuesto la suspensión de clases, y en caso afirmativo, que se informe la extensión y fundamentos de esta suspensión.

7. Si alguna de las medidas enumeradas precedentemente, ha sido consultada, autorizada y/o comunicada formalmente a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires.

8. Por qué razón no se adoptaron los recaudos pertinentes para evitar la presencia de miembros del cuerpo docente durante el allanamiento.

Señor presidente:

Este proyecto pretende obtener, por medio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, información sobre las medidas que el Servicio Penitenciario Federal ha adoptado como consecuencia de los acontecimientos que recientemente se han producido en el Centro Universitario de Devoto (CUD).

Como es de público conocimiento, el día jueves 23 de septiembre de 2010, a las 16:15 horas, mientras se dictaba una clase de la carrera de Sociología, personal del Servicio Penitenciario Federal ingresó al CUD, a fin de cumplimentar un allanamiento ordenado por un juzgado de garantías del Departamento Judicial de Morón.

Dicha medida fue solicitada por el Sr. Fiscal Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 de Morón, en el marco de una investigación iniciada el 16 de agosto pasado cuando una mujer de 60 años fue detenida en el partido de Morón, en momentos en que se disponía a cobrar el rescate de un secuestro "virtual".

Según la hipótesis de los investigadores, distintos secuestros virtuales habrían sido organizados por personas privadas de su libertad que asistían al CUD.

En el marco de este y otros operativos desarrollados en el interior del penal, fueron detenidos 5 internos, se secuestraron varios teléfonos celulares y otros elementos presuntamente utilizados en los hechos. Además, tres agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron pasados a disponibilidad por no haber realizado regularmente los controles que deberían haber impedido el ingreso de teléfonos celulares al CUD.

De acuerdo al comunicado enviado por Leandro Halperin, Director del Programa UBA XII, y los coordinadores de las distintas carreras que se dictan en el CUD, a las autoridades de la UBA, esta situación ha generado la suspensión de las actividades del CUD durante dos días, el desalojo de los estudiantes y coordinadores internos residentes que se ocupan de cuidar el patrimonio y la integridad del espacio universitario, el traslado y cambio de alojamiento de estudiantes detenidos, la prohibición del ingreso de docentes y estudiantes del medio libre hasta nueva orden de la superioridad, la modificación del espacio físico del CUD transformando la sala de profesores en un espacio con rejas sin destino definido hasta el momento, y la pretensión de trasladar a otro sector de la cárcel el lugar físico donde se desarrollan distintas actividades extracurriculares como los Cursos de Computación, la Asesoría Jurídica, la Asesoría Social, el Proyecto Ave Fénix y otras actividades cursos y talleres, todos ellos organizados por las distintas unidades académicas y coordinados por estudiantes y docentes, detenidos y del medio libre.

Asimismo, se refiere que la totalidad de estas medidas, incluyendo el allanamiento, han sido adoptadas en violación de los convenios y resoluciones que rigen la relación entre la UBA y el SPF, garantizando, entre otras cosas, la permanencia en el establecimiento de los internos que se encuentran cursando estudios en el CUD (1) .

También la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Consejo Superior de la UBA han emitido comunicados expresando preocupación y repudiando estos acontecimientos.

En este contexto, creemos que, sin perjuicio de la gravedad de las acusaciones y la apremiante necesidad de esclarecer responsabilidades, tanto las tareas de investigación como las medidas seguridad necesarias para evitar que este tipo de hechos se repitan, deben realizarse sin obstaculizar el normal desarrollo de las actividades propias del CUD, donde muchas personas privadas de su libertad tienen la oportunidad de obtener una educación y mejorar sus posibilidades de reinsertarse exitosamente en el medio libre.

Asegurar el ejercicio del derecho a aprender es una obligación de las autoridades penitenciarias, que si bien pueden establecer recaudos para garantizar que las actividades se desarrollen regularmente y sin comprometer la seguridad del establecimiento, no están facultadas para fijar restricciones.

En este sentido, la sospecha de la comisión de actos ilícitos por parte de internos que asisten al CUD no constituye un fundamento suficiente para privar a los internos de la posibilidad de continuar con su educación. Las fallas en los controles que deberían prevenir este tipo de situaciones, de ninguna forma pueden ser subsanadas a través de la restricción de derechos que se encuentran reconocidos por nuestra legislación, y tienen un rol esencial en la reducción de los daños producidos por la situación de encierro.

Es por esto que entendemos necesario solicitar información para conocer en forma precisa, qué es lo que ha sucedido y está sucediendo al interior de dicho establecimiento penitenciario. De esta forma, se pretende darle mayor visibilidad a la problemática, para evitar la adopción de medidas que comprometan ilegítimamente el ejercicio de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

La preocupante situación que, actualmente, atraviesa nuestro sistema carcelario, nos obliga a extremar los esfuerzos para defender los espacios valiosos que han ido surgiendo a su interior. Es por esta razón que invitamos a los colegas diputados a acompañarnos en esta propuesta.