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PROYECTO DE TP
Expediente 8447-D-2014
Sumario: DERECHOS DEL AGRICULTOR AL USO DE SEMILLA PROPIA. REGIMEN.
Fecha: 28/10/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 154
El Senado y Cámara de Diputados...
Derechos del
Agricultor al Uso de Semilla Propia
Artículo 1°. A los efectos
de esta ley, Agricultor es toda persona de existencia física o jurídica que
cultive la tierra implantando en ella especies vegetales.
Artículo 2°. Todo
agricultor tiene derecho a guardar de su producción la semilla necesaria
para uso propio en la cantidad que requiera para su pleno desarrollo
productivo, pudiendo hacerlo en su explotación o en cualquier otro
lugar con el fin de conservarla y acondicionarla apropiadamente, sin
condicionamientos que dificulten o hagan más costoso el ejercicio del
mismo.
Artículo 3°. El estado
nacional garantiza el derecho de los obtentores, a través del cobro que
éstos realizan por la venta de la semilla original a los agricultores.
Artículo 4°. La presente
ley es de orden público.
Artículo 5°.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de los
agricultores es uno de los derechos ancestrales de la humanidad,
existente desde que las tribus humanas comenzaron a hacerse
sedentarias al descubrimiento de la agricultura. Desde ese entonces
comenzaron a guardar su semilla, a intercambiarla y a generar una
selección, que ha llevado a lo largo de siglos de trabajo laborioso a
contar con la biodiversidad que posee hoy nuestro planeta y que ha
gozado la humanidad.
A través del ejercicio de este
derecho es que contamos con esta selección vegetal que tiene la
humanidad, por lo que cualquier otro derecho (incluso el de los
obtentores, que también está protegido por la ley vigente), debe estar
subordinado a este ancestral derecho, ya que nadie hoy podría obtener
nada sin la contribución que han realizado los agricultores en el
desarrollo de la biodiversidad.
El derecho de los obtentores
está garantizado por el estado, y se fundamente en la necesidad de
generar los recursos para la investigación y el desarrollo de nuevas
variedades. Por esa razón, éstos recibirán la compensación necesaria
para resarcirse de la inversión efectuada y encarar nuevas
investigaciones, a través del precio que perciben de la venta de la
semilla original (mediante el cobro de los derechos del obtentor incluido
en el mismo).
El beneficio producido a la
humanidad por parte de los agricultores respecto de la selección
genética y la biodiversidad es realmente inconmensurable, por lo que
defender el derecho de los agricultores es una cuestión que no puede
ser cuestionada ni cercenada en ningún ámbito legislativo ni en ningún
foro. No por obvio, es conveniente recordar que de no ser por este aporte
de los productores hubiese sido imposible la supervivencia del hombre
en el planeta.
Este trabajo y esfuerzo de
generaciones de productores y una sabia selección natural, nos pone
hoy frente a una variedad de productos fitogenéticos que le permite a
empresas y estados tratar de mejorar especies existentes, procurando a
través de la manipulación genética introducirle capacidades que
mejoran el rendimiento y la rentabilidad de los cultivares.
Pero quienes hayan
invertido en mejoramiento genético, han hecho exactamente eso,
MEJORAMIENTO de una variedad, que por siglos ha existido, y
merecen cobrar por la inversión realizada. Más aún, deben cobrar lo
indispensable para resarcirse y además seguir investigando, pero jamás
avasallar derechos sin los cuales no podrían obtener nuevas variedades,
ya que la custodia y selección que por siglos han hecho los agricultores
de esas variedades, permiten contar con este tesoro base de la
seguridad alimentaria de los pueblos.
Lamentablemente este
legítimo derecho histórico de los productores, viene siendo objeto de
ataques para cercenarlo o eliminarlo, ya que su ejercicio limita el poder
de las grandes empresas transnacionales que buscan el control
absoluto de la actividad agropecuaria, a través de la monopolización
que detentan de la tecnología en el área.
Estas grandes compañías
provenientes de los países desarrollados y dedicadas a la biotecnología,
avanzaron en el control a escala mundial de los conocimientos y su
aplicación en los cultivos. Esta situación pone frente a frente a esas
grandes empresas monopólicas y sus estados de origen, con los
agricultores y ciudadanos del resto de las naciones. Sólo que en
oportunidades, funcionarios gubernamentales de los países productores
de la periferia han sido proclives a las presiones de esas grandes
corporaciones dedicadas a las innovaciones biotecnológicas, y se
pusieron más cerca de los intereses y pretensiones de estos últimos,
que de la defensa del legítimo derecho del productor.
Si bien se trata de una lucha
un tanto desigual, ya que quienes pretenden hacer abuso de los
derechos de propiedad intelectual, poseen un poder económico enorme
y la posibilidad de ejercer también presiones políticas y comerciales a
través de sus estados; es imprescindible frenar esos intereses desde la
perspectiva de la defensa del patrimonio genético, de la biodiversidad,
de la seguridad alimentaria y del derecho de los agricultores.
Es ilustrativo y muy bien
fundamentado el estudio que realiza el Dr. Aldo Casella, en el marco de
un proyecto de investigación que surge del acuerdo entre la FAA
(Federación Agraria Argentina) y la Unidad Regional Reconquista de la
UTN (Universidad Tecnológica Nacional), con relación a "Los derechos
del Obtentor y del Agricultory la cuestión en la Argentina a la luz de los
convenios internacionales y del derecho comparado".
En ese documento se
menciona el retroceso producido respecto al tratamiento del derecho del
productor, y la falta de referencia explícita del mismo en la normativa
jurídica, que habla de la figura de 'privilegio del agricultor' o
alternativamente de excepción del agricultor, denominación equívoca
que supone una interpretación mucho más restrictiva del legítimo
derecho del agricultor. Un hecho destacado en tal sentido, es el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, aprobado en 1994 en la Ronda Uruguay
del GATT. El mismo establece mínimos de protección de la propiedad
intelectual, que todos los países miembros deben asegurar. Allí se
sostiene que si bien los miembros podrán excluir de la patentabilidad a
las plantas y a los animales, otorgarán protección a todas las
obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz
sui generis, o mediante una combinación de aquéllas y éste.
El sistema de derechos del
obtentor, que sería una modalidad sui generis, permite impedir a
terceros realizar actos de explotación vinculados a la reproducción o
multiplicación de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido en
la aplicación de la variedad, admitiendo por lo tanto el derecho del
agricultor a utilizar la semilla obtenida en otras siembras que
realice.
El sistema de patentes, en
cambio, significa una protección mucho más amplia, que en el caso de
los vegetales alcanzaría al producto no sólo en su primera generación,
sino también en las siguientes, impidiendo al agricultor el uso de la
semilla obtenida para otras siembras posteriores si no paga las regalías
correspondientes.
En los últimos años se ha
generado una fuerte ofensiva para ampliar los derechos de propiedad
intelectual al ámbito de las creaciones fitogenéticas y de la biología
vegetal para llegar a una confluencia, incluyendo en el sistema de los
derechos del obtentor los elementos del derecho de patentes, donde se
eliminaría o limitaría el derecho del agricultor. El argumento sería que
es insuficiente la protección de los derechos del obtentor, y eso
perjudicaría a las inversiones en investigación y desarrollo que realizan,
por lo que debería abarcar a las sucesivas generaciones logradas a
partir de un producto original patentado.
No obstante esta involución
y esas pretensiones monopólicas, que responderían a las presiones de
las grandes empresas semilleras, las mismas enfrentan numerosas y
más que fundadas objeciones que consideramos a continuación.
Por un lado, es cuestionable
el accionar que desde hace muchos años llevan a cabo los países
desarrollados, recolectando semillas y otros recursos genéticos vegetales
en países ricos en biodiversidad y en conocimientos tradicionales, que
luego patentan y almacenan en sus bancos de germoplasma, y luego los
venden mejorados en los lugares de origen. Esta actividad desenfrenada
de saqueos de nuestros recursos genéticos ha sido calificada como
biopiratería. Frente a esto, el patentamiento de sus productos les
permite cobrar derechos a terceros por su uso, en tanto que como
beneficiarios de la apropiación no compensaron para nada los siglos de
selección y mejoramiento previo. En tanto, como se expresó antes, el
mejoramiento que le agregaron a posteriori sólo constituye un mero
eslabón en la larga cadena histórica.
Por otro lado, otro efecto
negativo de esa apropiación es la denominada erosión genética, que
significa no sólo la pérdida del acceso a los recursos genéticos
privatizados, sino también un daño considerable a la biodiversidad.
En el primer aspecto, se
pone en riesgo la alimentación y la satisfacción de otras necesidades
básicas del conjunto de la población de los países periféricos, que a
pesar de sus riquezas naturales tienen limitados recursos financieros
para acceder a los recursos privatizados. En el segundo aspecto, los
sistemas de producción agraria uniforme, estructurados a partir del
control y la producción cada vez más concentrada de semillas por los
titulares del derecho, afectan gravemente la biodiversidad.
Siguiendo al estudio del
mencionado Dr. Casella, se estima que en los últimos 50 años, con las
técnicas tradicionales de selección, se han perdido aproximadamente
300 mil variedades vegetales, a lo que hay que agregar que la situación
puede agravarse con la utilización de las técnicas de manipulación
genética que requieren tiempos mucho menores para introducir
caracteres dominantes en una variedad; tal riesgo se agrava con el
otorgamiento de fuertes derecho de propiedad intelectual y el agregado
de la concentración en la producción y control de los recursos
genéticos.
Se hace notar, además, que
la agricultura comercial tiende a incrementar la uniformidad genética y
ésta, a su vez, genera la erosión genética, en tanto los sistemas de
propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentor) estimulan la
agricultura comercial y pueden contribuir a la erosión genética, ya que
se conceden derechos de exclusividad para la producción de variedades
únicas, uniformes y estables. Los casi exclusivos beneficiarios de estos
derechos exclusivos son las grandes compañías que financian las
investigaciones fitogenéticas y detentan el control monopólico del
mercado de semillas.
Precisamente, otra de las
fuertes objeciones a la ampliación excesiva e indiscriminada de los
derechos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos e
innovaciones vegetales, se relacionan con ese control que se ejerce
sobre la producción y sobre los propios avances de los conocimientos y
de la tecnología. Esto acarrea consecuencias que afectan a la libre
competencia, que perjudicarán a los productores como una parte
debilitada frente al poder de imposición que tendrían las grandes
empresas desde posiciones dominantes. Esa gran concentración se
viene profundizando, y coloca en muy pocos no sólo el acceso a los
recursos genéticos, sino también al conocimiento y al progreso de la
tecnología.
Quienes buscan profundizar
el derecho de propiedad de estas grandes compañías, argumentan que
eso constituye un requisito esencial para permitirles inversiones y
avances en la investigación y el desarrollo tecnológico. Pero en realidad,
los patentamientos son usados como instrumentos para el control de
los mercados, impidiendo el ingreso de otras empresas, la difusión del
conocimiento y la libre competencia.
Es así que el número de
sociedades independientes que producen semillas en el mundo se
redujo drásticamente en los últimos decenios, a causa de la extensión
de las protecciones sobre las variedades vegetales, y por extenderse en
algunos países (como los Estados Unidos) el patentamiento a los seres
vivos. Existen estudios que demuestran que los oligopolios en este
rubro no favorecen el proceso de innovación, sino que en general lo
retrasan, y las patentes no desarrollan un clima de creatividad sino que
lo sofocan, y provocan la interrupción de la libre circulación de las
ideas.
Un estudio
del Dr. Carlos Correa sobre Los acuerdos de la Rueda Uruguay y las
patentes, afirma que éstas y otros mecanismos de protección similares
"no estimularían la investigación de mejoramiento tradicional, pero sí
pondrían entorpecerla, debido al impedimento que los derechos
exclusivos generarían para crear nuevas variedades a partir de las que
estén protegidas". Y agrega que no existe evidencia concluyente respecto
de una relación positiva protección-innovación, sino por el contrario cita
ejemplos de investigaciones trascendentes e inversiones importantes
llevadas a cabo sin la existencia de monopolios legales. Hay estudios
que afirma que la patente brinda un estímulo redundante y costoso,
pues recompensa invenciones que hubieran visto a luz sin estímulo. En
cambio, esa excesiva protección otorga la posibilidad de lograr una
renta monopólica, que muchas veces tiene poco que ver con el esfuerzo
de investigación efectivamente realizado.
Este autor reitera que
además del riesgo monopólico en el proceso de concentración, las
posibilidades abiertas por la biotecnología han favorecido la ola de
adquisiciones de empresas de semillas, por parte de las grandes
compañías transnacionales. En ese marco, el patentamiento que se
otorgue a sus innovaciones fitogenéticas reforzaría esa tendencia, y
elevaría las barreras de entrada en un mercado ya altamente
oligopolizado. En ese caso, el monopolio concedido por patentes sobre
semillas, abre el camino al cobro de regalías en la comercialización de
productos, afectando el derecho de los agricultores e impidiendo el uso
de semillas logradas en sus cultivos, o sujetándolos al pago por
hacerlo.
Frente a estos peligros, es de
destacar la defensa del derecho del agricultor, que comenzó a discutirse
en 1979 en el ámbito de la FAO, y que busca conciliar las perspectivas
de los países ricos en tecnología y las de los países ricos en genes". Se
trataría entonces de un contrapeso a los derechos de propiedad
intelectual, donde se contempla el interés de las dos partes: agricultores
y obtentores.
En 2001 se celebró en el
ámbito de la FAO el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura", suscripto por la
mayoría de los países, incluyendo a la República Argentina. En su
Preámbulo, afirma que los firmantes son conscientes de que los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son motivo
de preocupación común para todos los países", puesto que todos
dependen de ellos; y que su conservación y resguardo son esenciales
para la seguridad alimentaria mundial y para un desarrollo agrícola
sostenible para las generaciones presente y futuras". Sostiene además
quela contribución pasada, presente y futura de los agricultores de
todas las regiones del mundo, en particular de los centros de origen y
diversidad, a la conservación, mejoramiento y disponibilidad de estos
recursos, constituye la base de los Derechos del Agricultor".
El articulado del Tratado
refiere en su parte III, artículo 9, de los Derechos del Agricultor, y
comienza reafirmando que las Partes Contratantes reconocen la enorme
contribución que han aportado y siguen aportando las comunidades
locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo a
la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que
constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo
entero(9.1.) Continúa el artículo diciendo que las partes acuerdan que
la responsabilidad de hacer realidad los Derechos del Agricultor en
relación a los recursos fitogenéticos, incumbe a los gobiernos
nacionales;y cada parte deberá adoptar las medidas pertinentes para
proteger y promover los Derechos del Agricultor (9.2).
Finalmente, la última parte
del artículo sostiene que nada de lo que se dice allí "se interpretará en el
sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a
conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o
propagación conservado en las fincas" (9.3) Es importante citar al
artículo 13, cuando dice que "las Partes Contratantes acuerdan que los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema
multilateral, vayan fundamentalmente, de manera directa o indirecta, a
los agricultores de todos los países, especialmente de los países en
desarrollo cuya contribución a la diversidad de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura" sea
significativa.
En nuestro país, la
legislación actual coincide esencialmente con un criterio de equilibrio
entre las partes, aunque no mencione en forma explícita el Derecho del
Agricultor. No obstante la ofensiva de las grandes empresas semilleras,
se estarían respetando todos los acuerdos firmados por la Argentina a
nivel mundial.
En este aspecto, en un
extenso artículo publicado por el periódico La Tierra en abril de 2004, el
Dr. Casella abunda en argumentos contra el intento impulsado por la
por entonces SAGPYA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación) de implementar un mecanismo que cercena el derecho
del Agricultor en beneficio exclusivo de una empresa transnacional. Allí
afirma que los acuerdos internacionales en materia de propiedad
intelectual sobre semillas están suficientemente cumplidos por nuestra
legislación actual, y que, en todo caso, las reformas propuestas avanzan
sobre esos compromisos, otorgando a los titulares y compañías
derechos y defensas superiores a los comprometidos, incluyendo un rol
estatal de garantía y ejecución que los excede abiertamente, al ubicar a
la administración pública como agente de determinación y percepción
de esos derechos eminentemente privados.
En igual sentido se expresa
en otro artículo periodístico publicado por el diario La Nación el
Coordinador de la Comisión de Granos de CRA (Confederaciones
Rurales Argentinas), José Carlos Basaldúa, cuando señala que la
normativa en nuestro país reconoce acuerdos en el marco de distintos
organismos multilaterales, como el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (Naciones Unidas-1992), el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (GATT-
1994), y el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos
(Conferencia de la FAO-1983). Dice que "estas disposiciones establecen,
entre otras cosas, la participación justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos y el acceso a los
mismos, introduciendo el criterio de los derechos del agricultor dentro
de las normas del derecho internacional. Y coincidente con la crítica
que realiza Casella al proyecto de la SAGPYA, afirma que el mismo
"introduce también una modificación contraria a la opinión
internacional, y lo hace involucrando al Estado en el cobro de los
derechos de reproducción de semilla, actividad que hoy pertenece al
ámbito del derecho privado.
El sistema actualmente
vigente en la Argentina, aunque reconoce implícitamente el derecho del
agricultor, no es lo suficientemente claro y contundente, como para
evitar que funcionarios de distintos niveles intenten a través de
resoluciones y reglamentaciones (además de los proyectos fuertemente
criticados por las organizaciones agrarias), afectarlo, condicionarlo o
cercenarlo.
Nuestra ley de semillas
(20247/1973) y el Convenio UPOV 78 (Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales) aprobado por ley
24.376/1994, protegen adecuadamente tanto al obtentor como al
agricultor (con la salvedad mencionada más arriba).
En el primer caso (Ley
20247), el artículo 27 sostiene que no lesiona el derecho de propiedad
sobre el cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo
mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra
semilla para su uso propio, o usa o vende como materia prima o
alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación citogenética".
En el segundo caso (Ley 24376-Adhesión a UPOV 78), el derecho que se
protege al obtentor y que requiere su autorización previa (artículo 5), no
se refiere al caso que el productor utilice la semilla para uso
propio.
Frente a la normativa
vigente, tanto el INASE (por ejemplo en la Resolución 35/96) como la
SAGPYA (Resolución 52/2003), establecían disposiciones que
dificultaban o encarecían el ejercicio del Derecho del Agricultor. Más
grave aún constituyeron los intentos de modificar la legislación vigente,
como el proyecto antes mencionado que impulsara la SAGPYA en el
2004 de establecer el cobro de regalías al adherir al Convenio UPOV'91
(fuertemente cuestionado en su momento), o el posterior proyecto que
elevaría el, a la sazón, Secretario de la cartera, ingeniero Miguel
Campos, al entonces Ministro de Economía Roberto Lavagna, y que
dispondría el pago al agricultor por el uso propio de la semilla. Esos
antecedentes avanzaron luego en forma peligrosa en la afectación de los
derechos del agricultor, cuando en violación de la ley actual la SAGPYA
dictara la Resolución Nº 338 del 20 de junio del 2006. Esta normativa
limita arbitrariamente el ejercicio del derecho del agricultor a sembrar
su propia semilla, en contra de lo dispuesto por el artículo 27 de la ley
Nº 20247 vigente.
Aceptar esto sería una
manera de violar no sólo nuestra legislación y los derechos del
Agricultor, sino también una modalidad encubierta de aplicar a las
semillas un derecho de patentes, lo que está excluido en forma expresa
por el artículo 7, inciso b, de la ley 24481, que dispone que no son
patentables: la totalidad del material biológico y genético existente en la
naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la
reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos
genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación
en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.
En relación a las regalías
sobre el uso propio de semillas, debe imperar el dictum: "El derecho de
los demás termina donde empieza el de los otros".
Así, la Federación Agraria
argumenta su oposición a la pretensión de los criaderos obtentores por
cobrar regalías extendidas a la reserva de granos que los productores
hacen para su siembra. El lobby de los obtentores hace que el gobierno
hoy proponga una ley que vulneraría la soberanía del chacarero sobre
su trabajo. La ofensiva debe apuntar al comercio ilegal, pero no al
legítimo derecho del productor sobre el "uso propio de su semilla".
La presión ejercida a nivel
mundial por el "lobby de obtentores de semillas" para copar toda la
cadena agrocomercial es indisimulable, a juzgar por las numerosas e
intimidatorias inspecciones que sus representantes están realizando en
los campos de los productores agropecuarios y por el proyecto de ley
presentado en el ámbito de la Comisión Nacional de Semillas (Conase)
para promover la adhesión de Argentina al acta UPOV 91, que -de
prosperar- eliminaría definitivamente el ya complicado ejercicio del
derecho del productor a reservar semilla para uso propio.
La Federación Agraria
Argentina advierte que se debe defender el derecho de propiedad
intelectual de quienes producen avances en la tecnología de semillas
atacando el repudiable comercio ilegal. Pero, también advierte que "el
derecho de los demás termina donde empieza el derecho de los otros".
La Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, legisla, como de orden público, el
derecho del productor a usar variedades vegetales, con el fin de obtener
semillas para su propia resiembra. Si el agricultor procesa y almacena
en su explotación las semillas resembradas, no debe efectuar trámite
alguno.
Si debe pedir autorización
para procesarla, acondicionarla o depositarla fuera de su explotación, y
de acuerdo a los requisitos de la Resolución 35/96 del ex INASE se debe
cumplir:
a) solicitar autorización al
dueño de la variedad;
b) individualizar e identificar
la semilla de uso propio antes de la entrega al procesador informándole
a éste los volúmenes y variedades, debiendo además el procesador
durante todo el tiempo que dure el procesamiento, mantenerla
identificada e individualizada del resto de la semilla de otros
productores.
La semilla de uso propio no
debe mezclarse con la que pertenece a otros productores y debe ser
rotulada por el procesador o depositario, con rótulos que éste
confeccione o que le entregue el mismo agricultor.
En este sentido, se realizó en
la sede central de FAA una extensa reunión de varios dirigentes y
profesionales federados provenientes de filiales y cooperativas
representativas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y
Santa Fe, preocupados por este nuevo atropello que se cierne sobre la
soberanía del productor en cuanto a su trabajo y a su bolsillo.
La cita contó además, con
una pormenorizada exposición del Dr. Aldo Casella, prestigioso jurista,
docente y camarista perteneciente al "Ateneo de Estudios Agrosociales -
UTN, Unidad Académica Reconquista", que viene elaborado una
medulosa argumentación que pone de relieve el exceso de los obtentores
en su pretensión de reclamar derechos que pueden asistirlos.
"Los obtentores ya no
pretenden imponer regalías sobre la variedad que venden, sino
extenderlas al infinito, de acuerdo con este proyecto presentado por la
SAGPyA que viene a reemplazar a la ley de semillas y que parece hecho
a la medida de los obtentores" se planteó en la mencionada reunión.
El coordinador de FAA en
Buenos Aires, Dr. Jorge Solmi, apuntó que la ofensiva por las regalías
extendidas surgió hace algunos años, cuando Nidera lanzó al mercado
la variedad de trigo Baguette 10.
En 1994, Argentina adhirió
al acta que la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales
proclamó en 1978 (UPOV 78), con el acuerdo de distintos países. Este
acuerdo consagra el derecho del productor agropecuario al uso propio
de la semilla porque limita el derecho de los obtentores a cobrar
regalías. La excepción es en caso de uso comercial de las variedades
patentadas. Esto es, que el productor debe pagar la semilla cuando la
compra al semillero, pero no cuando -luego de la cosecha- reserva una
parte para la próxima campaña.
El Dr. Casella definió el
escenario latente como "una embestida contra el "privilegio del
agricultor" de reservar o sembrar semillas para uso propio o de usar o
vender las mismas como materia prima o alimento el producto obtenido
del cultivo de tal creación. Esto está consagrado expresamente en el
artículo 27° de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Además, el
letrado marcó "la profundización de los derechos de propiedad
intelectual que hoy imperan en todos los órdenes de la tecnología y que,
en este caso, pretenden producir un efecto cascada hacia los
multiplicadores y a los productores". Casella acotó que el derecho del
obtentor protege la investigación y la producción de variedades y la
venta como tales, pero no debe abarcar otros usos como el de
almacenamiento para resiembra o el de la venta de grano como materia
prima.
El acta UPOV 91 -al que se
propone adherir, cediendo ante el lobby del oligopolio semillero-
pretende cambiar la doctrina y la práctica existente en nuestro país y
en el derecho comparado de privilegiar el uso propio de semilla por el
agricultor y poner como regla el sistema de regalías extendidas, es decir
la pretensión semillera de extender sus derechos al infinito y que ha
sido declarada ilegal, por ejemplo en Uruguay.
Casella puso como ejemplo
que la Unión Europea consagra el uso propio de la semilla y exime a los
pequeños productores del pago de regalías.- También se pueden citar
otras normas internacionales como el "Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y Alimentación - Resolución
FAO Nro 3/2001 donde expresamente se establece en su artículo 9°,
denominado "Derechos del Agricultor" que: "...nada de los que se dice
en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier
derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y
vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con
arreglo a la legislación nacional y según proceda..."
En América Latina, la
mayoría de las legislaciones declaran expresamente el derecho del
agricultor de sembrar y reservar semillas para uso propio en su
establecimiento o en establecimientos de terceros cuya posesión
detentan (Brasil: Ley 9456/97; Chile: ley 19.342/94 - art. 3; México:
Ley Federal de Variedades Vegetales -1998- Art. 5-; Paraguay: Ley
385/94- Art. 35).
De allí que la versión 1991
del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales
(UPOV 91), cambia diametralmente el alcance de la protección al titular
de los derechos de obtentor con profundas consecuencias en la reserva
y uso para la siembra de las semillas de su cosecha por el
agricultor.
El Convenio UPOV 78 no
requiere autorización, ni el titular puede exigirla, ni puede someterse a
condiciones al "uso propio para siembra que haga el agricultor, ni la
venta como materia prima o alimento del producto obtenido. Así lo
refleja el artículo 27° de la ley 20.247 de Semillas.
En cambio, la UPOV 91,
amplía el ámbito de protección al obtentor en forma decidida, al someter
a su autorización prácticamente todos los actos que puedan realizarse
respecto del material de reproducción, sin interesar la finalidad
comercial o de disposición del material de reproducción en carácter de
tal a favor de terceros.
Uno de los federados
asistentes a la reunión observó un detalle no menor: "Si la regalía
extendida es un reaseguro para proteger y estimular el avance de la
investigación tecnológica ¿quién garantiza que los semilleros tengan
interés en seguir investigando una vez que consigan cobrar regalías por
la semilla de uso propio? Si total ya tendrán asegurada la regalía al
infinito".
En la génesis de cada acto
de gobierno debe primar el interés público. Por lo tanto, cabe pensar
aquí dónde está esa prioridad: ¿en el avance tecnológico o en el derecho
del productor agropecuario sobre su trabajo?
Por todo lo expuesto y en
defensa de los derechos del agricultor, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto que es tributario del expediente S-938/07 del ex
senador Ricardo Taffarel.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| AGRICULTURA Y GANADERIA (Primera Competencia) |