La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre los puntos que a continuación se detallan con referencia al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) implementado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco de lo dispuesto por la Ley 26.168 y la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 8 de julio de 2008 en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)":

1) Situación y movimientos de los créditos internacionales vigentes, afectados al PISA, indicando por entidad concedente:

- Fecha de otorgamiento.

- Monto total acordado.

- Intereses devengados hasta la fecha de elaboración del informe.

- Amortizaciones de capital producidas hasta la fecha de elaboración del informe.

- Importes utilizados, hasta la fecha de elaboración del informe, de la línea de crédito aprobada.

- Comisiones de compromiso y otros gastos de "reciprocidad bancaria" aplicados por la prestamista hasta la fecha de elaboración del informe.

2) Ejecución presupuestaria de la ACUMAR, durante el corriente ejercicio y hasta la fecha de elaboración del informe, discriminada por programa, actividad, inciso, partida principal y partida parcial, indicando "Crédito vigente", "Comprometido", "Devengado" y "Pagado".

3) Multas aplicadas a la ACUMAR por la Justicia a raíz del incumplimiento de resoluciones judiciales por parte de aquélla en el contexto del PISA, indicando por cada caso:

- Juzgado interviniente.

- Antecedente y causa de la multa.

- Fórmula de la multa.

- Pagos efectivizados por la ACUMAR hasta la fecha de elaboración del informe.

- Importes pendientes de cancelación.

- Acreedor de la multa.

4) Sumarios que haya instruido o recomendado instruir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), o que por iniciativa de alguna autoridad administrativa se hayan incoado, para deslindar responsabilidades por el daño económico causado al patrimonio del Estado nacional con motivo de la aplicación de comisiones de compromiso por parte de las entidades prestamistas o de multas por parte de la autoridad jurisdiccional interviniente, indicando para cada caso:

- Número y registro del expediente.

- Nombres de los responsables imputados.

- Monto estimado del daño.

- Estado del sumario a la fecha de elaboración del informe.

- Términos de la resolución o decisión recaída en el sumario.

- Resarcimiento obtenido o importes recuperados del daño económico objeto del sumario.

5) Conclusiones del último informe de la evaluación del sistema de control interno imperante en la ACUMAR y de todo otro informe de auditoría relacionado con la gestión del PISA, realizados por la SIGEN o por la Unidad de Auditoría Interna competente, acompañando los textos completos correspondientes.

Señor presidente:

En 1997, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a la Argentina un préstamo de 250 millones de dólares para el siempre postergado saneamiento de la Cuenca Riachuelo- Matanza. En los años corridos desde 1998, el avance en el programa de saneamiento de la Cuenca ha sido prácticamente nulo. Aun cuando por diversos avatares el monto disponible quedó reducido a US$ 100 millones, el hecho es que, al cabo de 10 años, solamente se utilizaron US$ 38 millones. Lo que nunca se detuvo fue la facturación de gastos financieros por parte de la entidad prestamista. En efecto, los intereses y comisiones pagados por el préstamo hasta donde se sabe totalizan aproximadamente 10 millones de dólares.

El 9 de junio de 2009, otro organismo de crédito multilateral, el Banco Mundial, aprobó un plan de créditos para la Argentina por U$S 3.300 millones entre el 2009 y 2012. De ellos, U$S 840 millones fueron destinados para el financiamiento del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

La Cuenca Matanza-Riachuelo es uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. A pesar de ello, y de las muchas promesas y compromisos asumidos, nada de serio se ha hecho, a nivel gobierno, para remediar y revertir esa situación. Los intentos oficiales al respecto conforman un compendio de ineficiencias, incapacidad e insensibilidad. Hasta ahora todo el dinero que se ha puesto allí, bajo diferentes conducciones e institucionalidades, ha resultado "plata quemada". De seguir así las cosas, no pasará mucho tiempo antes de que, por las demoras y el desperdicio de recursos, se esté hablando de un nuevo "Yacyretá".

El actual responsable de limpiar el Riachuelo y de hacer de su zona de influencia un lugar ambientalmente sano es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Lamentablemente, la ACUMAR no ha salido de la mediocridad o lenidad históricas en materia de gestión.

La inacción de los organismos administrativos involucrados en el PISA ha merecido la condena y el reproche judicial en más de una oportunidad y por más de una razón. En fecha reciente, el Juez Federal de Quilmes reclamó al presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y titular del área de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, y al gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires "...que utilicen la totalidad del presupuesto asignado en las distintas áreas para el saneamiento del Riachuelo", ya que "...a más de dos años de la ejecución del fallo, y existiendo créditos vigentes y fondos disponibles suficientes, resulta inexplicable la demora en la realización de las obras de infraestructura comprometidas". En el marco del mismo problema, el Juez Federal de La Plata ya había ordenado, en diciembre de 2008, a la ACUMAR y a los mismos gobiernos, realizar un relevamiento integral, actualizado trimestralmente, del estado de salud física y psíquica de 256 personas residente en la zona de la Cuenca, obligación con la que los responsables siguen en falta y por lo que, tanto este Juzgado como el de Quilmes, han impuesto multas diarias.

El control político y social de este emprendimiento público tan crítico se ve obstaculizado por la insólita y antidemocrática decisión de un organismo estatal de fiscalización, como es la Sindicatura General de la Nación, de abandonar la publicidad, a través de su sitio web oficial, de los informes de sus trabajos de evaluación sobre el desempeño del sector público nacional.

Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.