La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio a la violenta represión y desalojo de la comunidad Qom de Colonia La Primavera dispuesta por las autoridades de la Provincia de Formosa.

Señor presidente:

Hace varios meses que los miembros de la comunidad toba "Qom Navogoh" originarios de la zona de Colonia la Primavera en la provincia de Formosa mantienen desde hace ya varios meses un firme reclamo para que se les restituya tierras que pertenecen a la comunidad y que fueran dispuestos por las autoridades públicas para la construcción del Instituto Universitario Agropecuario. El predio fue objeto de distintas acciones violentas de desalojo durante el mes de enero del año 2010 ante lo cual el INADI debió intervenir mediante la presentación de distintas acciones judiciales. A pesar de ello los miembros de la comunidad continuaron en su reclamo pero ante la desatención por parte de las autoridades provinciales los miembros de la comunidad decidieron cortar la Ruta Nacional Nº 86.

El día 23 de noviembre las autoridades provinciales dispusieron el desalojo de los miembros de la comunidad enviando un centenar de miembros de las fuerzas policiales tras lo cual se desencadenaron violentos hechos en los que se vieron involucrados los miembros de la comunidad, los aparentes propietarios de las tierras en cuestión, autoridades policiales y judiciales.

Como consecuencia de esos hechos debemos lamentar el fallecimiento de dos personas y que otras tres hayan resultado heridas. Entre las personas fallecidas y heridas se encuentran miembros de la comunidad y agentes de la policía provincial.

Si bien existen distintas versiones sobre la forma en que se desencadenaron los hechos, consideramos que ninguna de ellas puede ser fundamento para que desde el estado se reaccione de una forma represiva y violenta ante el reclamo de una comunidad originaria desarmada que en forma pacífica se encuentra defendiendo su derecho constitucional a la propiedad comunitaria que por otra parte se encuentra protegida por las previsiones de la ley 26.160 que estableció la prohibición de desalojo de las comunidades de aquellas tierras ocupadas en forma tradicional.