La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Convocar de forma urgente al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dr. Ricardo Echegaray conforme a los atributos del artículo 71 de la Constitución Nacional y lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados, a efectos de que sea interpelado por esta Honorable Cámara y brinde las explicaciones pertinentes acerca de su accionar respecto a las investigaciones realizadas por la ex Dirección Regional Bahía Blanca de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, en el ámbito de la Dirección General Impositiva, denominada actualmente "Agencia Bahía Blanca" sobre los delitos de falsificación de facturas y evasión impositiva por parte del empresario Lázaro Báez atento a que conforme a lo que surge de una investigación periodística el accionar del citado funcionario respecto a la pesquisa en cuestión pudo constituir un delito de encubrimiento a favor del mencionado empresario y una clara violación a sus deberes de funcionario público.

Señor presidente:

Motiva este pedido de citación al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dr. Ricardo Echegaray lo expuesto en una investigación publicada por el Diario La Nación en fecha 19 de Octubre de 2014 en donde se supo que Austral Construcciones, la principal empresa del conglomerado que controla Lázaro Báez, utilizó facturas apócrifas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Esta información surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos cuyas copias obtuvo el mencionado diario durante los últimos diez meses.

La facturación falsa le permitió al empresario reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, la cual concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero omitió dirigir su control sobre los libros contables de Austral Construcciones.

El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria provocó un simbronazo en la regional de la AFIP de Bahía Blanca. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 publicada en el Boletín Oficial el día 9 de Agosto de 2012 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización; lo cual provocó un freno en el avance de esta investigación en beneficio del mencionado empresario.

La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en al menos tres conjuntos de compañías de la Ciudad de Bahía Blanca. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti y contó con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular calculada en por lo menos $50 millones de pesos, aunque algunos expertos estiman que podría ser aún más elevada.

El segundo conjunto de facturas falsificadas corresponde a una empresa real, pero que facturó servicios que jamás fueron prestados o que recargó sus verdaderas prestaciones. Se trata de la Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra.

Sólo durante 2009, esa empresa constructora le facturó $ 13 millones a Austral Construcciones, según consta en el libro IVA Compras de la firma de Báez, cuya autenticidad confirmó el propio Báez en diciembre pasado cuando el mencionado diario reveló la compra de más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner por ocho de sus empresas.

El tercer grupo emisor de facturas resultó ser Iberoamericana de Servicios SA, de la familia Pedraza, en la operatoria con esta empresa aparece también un conocido personaje local, Juan Ignacio Suris, quien emitió facturas falsas para esa empresa y el cual se encuentra detenido por narcotráfico, mientras que también afronta acusaciones por presunta evasión y lavado.

Días atrás, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó su procesamiento como jefe de una supuesta asociación ilícita fiscal, por la que debería pagar $ 15 millones en concepto de responsabilidad civil.

Esta no resulta ser la primera gran investigación tributaria contra Lázaro Báez que tiene lugar en la Ciudad Bahiense ya que también se inició en esta ciudad, otra investigación por el mismo motivo para otra de sus empresas: Gotti Hermanos SA.

Aquella pesquisa comenzó cuando los sabuesos locales de la AFIP detectaron inconsistencias en la facturación de El Corralón, una firma de Tres Arroyos dedicada al comercio de materiales de la construcción, bajo la jurisdicción bahiense.

Pero a medida que comenzó a crecer, con más empresas involucradas y más facturas apócrifas, hasta rondar los $ 400 millones, la investigación se remitió a Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre Gotti Hermanos por su domicilio fiscal. Esto provocó en el año 2008 la caída del jefe local, Norman Williams, y de su superior, Jaime Mecicovsky, y la renuncia del entonces director de la DGI, Horacio Castagnola.

Esta vez, la pesquisa quedó en Bahía Blanca, pasó por Mar del Plata, y volvió sin avances de ningún tipo a Bahía Blanca.

Es por esto que puede observarse que al menos en dos ocasiones Echegaray en su rol de titular nacional de la AFIP realizó movimientos en torno a la regional de la Ciudad de Bahía Blanca los cuales generaron el entorpecimiento y/o la paralización de las investigaciones que sus dependientes llevaban a cabo contra el empresario Lázaro Báez; logrando de esta manera proteger al mismo de los delitos que estuviera cometiendo; de ser esto así el titular de la AFIP habría incurrido en el delito de encubrimiento previsto en el Código Penal, con el agravante de que también estaría violando la Ley de Ética Pública ya que habría hecho abuso del cargo que ostenta para proteger a un empresario de estrecha vinculación con el Poder Ejecutivo Nacional.

Es por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.