La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a la brutal agresión sufrida el martes 27 de noviembre de 2012 por vecinos autoconvocados y militantes del "No a la mina" por parte de manifestantes identificados con la UOCRA que contaron con la explícita complicidad y cobertura del Gobierno Provincial.

Señor presidente:

La provincia de Chubut vivió hoy una jornada de luto provocada por quienes pretenden obtener por la violencia lo que no obtienen con argumentos: licencia social para la explotación mega minera a cielo abierto.

La violenta agresión sufrida el martes 27 de noviembre de 2012 por un grupo de militantes del "No a la mina", ocurrió frente a la Legislatura de Chubut poco antes de la sesión donde se aprobó el marco regulador minero que le abre la puerta a la maga minería en dicha provincia.

Los militantes anti mineros fueron agredidos por un grupo identificado como trabajadores de la UOCRA, quienes casualmente tomaron posición a favor de la mega minería luego del encuentro que mantuviera el gobernador Buzzi con el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.

No cabe ninguna duda de la responsabilidad del Ejecutivo provincial, dado que hubo "zona liberada" por parte de las fuerzas de seguridad.

El kirchnerismo, desde sus más antiguos y leales baluartes, hasta sus conversos más recientes, coinciden en que todos, sin excepción, no reparan en entregar los recursos de todos los argentinos a las transnacionales mineras para poder asegurarse un "flujo de caja" reñido con la moral y decididamente ilegal.

Los chubutenses rechazan la minería y están en desacuerdo con el papel del gobierno de Chubut en el reparto de acciones de YPF. Según una encuesta que realizó la consultora Aresto Instant Research, el 55 por ciento de los chubutenses está en desacuerdo con desarrollar la minería en la provincia y un porcentaje parecido opina que Chubut obtuvo menos de lo que esperaba en el reparto de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tras su retorno al Estado Nacional.

Las asambleas en lucha contra el marco regulatorio demostraron durante los últimos seis meses de presencia constante en la legislatura provincial ser un movimiento pacífico y democrático que no hace otra cosa que ejercer el legítimo derecho a manifestarse y cumplir con el deber constitucional de preservar un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras", exactamente lo contrario de lo que expresa la megaminería.

Como lo vienen demostrando las Asambleas Ciudadanas por la Vida de Famatina, La Rioja, como lo hicieron ayer y lo hacen hoy en Chubut, los argentinos le ponemos la mano en el pecho a las transnacionales mineras y sus socios cipayos locales y le decimos ¡No tienen licencia social y nunca la tendrán! ¡El agua es más importante que el oro! ¡No pasarán!

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del proyecto de declaración.