La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar la presencia, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación - Dr. Homero Máximo Bibiloni- para que informe:

1. El resultado del análisis de consistencia del Ordenamiento territorial de los Bosques Nativos en la Provincia de Formosa (en la ley Nº1552/2010) que produjo la Secretaría de Ambiente de la Nación como Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley 26.331.

2. En qué consistió la asistencia técnica y financiera brindada, conforme lo dispuesto por el Art. 6º de la Ley 26.331. En caso de que esa asistencia no haya sido provista, explique las razones.

3. La posición institucional del área a su cargo con respecto al grado de adecuación del "Programa de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa (POT-For)" a los Diez Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos contenidos en la Ley 26.331.

4. Medidas dispuestas para la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo y de propiedad de la tierra en el territorio de la Provincia de Formosa.

5. Elementos que den prueba de cabal cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ley N°26.331 sobre Audiencia y Consulta Pública.

Señor presidente:

En Formosa se produjo un autocrático proceso de ordenamiento territorial que pintó generosamente de color verde una porción gigante de su territorio. El área roja es ínfima (menor al 10%). Este proceso tuvo que ser avalado por el actual Secretario de Ambiente de la Nación, sin cuya anuencia difícilmente se hubiera consolidado lo que para mí es la utilización de la Ley de Bosques como un "estatuto legal del bandidaje".

El Consejo de Comunidades Originarias se pronunció en contra del proceso de ordenamiento territorial y rechazó los criterios utilizados por el Gobierno provincial. Afirmaron que el pueblo indígena rechaza absolutamente el ordenamiento territorial hecho a espaldas de la ciudadanía, pretendidamente "técnico" y violatorio del artículo 2º del Convenio 169 inciso 1 y 13 inciso 1 de la OIT.

En igual sentido, el Espacio Intercultural por el Territorio Formoseño, un grupo de 20 organizaciones indígenas, criollas, campesinas, ONG e iglesias, sostiene que los resultados del Ordenamiento "resultan muy preocupantes ya que se apartan del espíritu de la Ley 26.331" y que es necesario "alertar a toda la comunidad de esta preocupante situación que no sólo pone en peligro los bosques sino también a su biodiversidad, a sus habitantes y a sus culturas".

Este Espacio Intercultural observa que se omite el cumplimiento de los criterios de zonificación establecidos en la ley de bosques, no se considera el concepto de territorio indígena, no existe un relevamiento de poblaciones campesinas y criollas, y se vive un acelerado aumento de las tasas de desmonte y de cambio en la titularidad de la tierra, junto a nuevos titulares.

Pero no se han limitado a la crítica. Además, produjeron importante cantidad y calidad de propuestas que difundieron pacientemente allegándose hasta el mismo Congreso de la Nación ("Aportes y reflexiones sobre el Ordenamiento Territorial en la Provincia de Formosa. Documento para la integración de la visión multisectorial", 2010).

Los efectos sociodemográficos y políticos de un ordenamiento de estas características, con ausencia completa de verdadera participación, no podrían ser peores. La certeza de área verde disparó la compraventa de tierras puesto que se las supone ya libres de trabas para su explotación futura. El engañoso verde valorizó la propiedad de la tierra. La discusión por el fondo de compensación a productores, que facilitó la trabada sanción de la ley en el Congreso, parece importar nada. El ordenamiento fue convertido en la herramienta de legalización de la especulación sobre la propiedad de la tierra. Es el uso más perverso de una legislación que busca proteger los recursos naturales.

Es necesario que el Congreso, más allá de consideraciones formales, mantenga una constante y severa mirada institucional sobre las formas en que sus leyes de presupuestos mínimos son convertidas por las autoridades competentes, en consonancia con las autoridades nacionales de aplicación, en leyes de presupuestos mínimos definitivos. El caso Formosa -y no es el único- devino problemático en extremo.

Confiamos en que el curso actual de los acontecimientos pueda reconducirse a los principios que dieron origen a una ley protectiva y no predatoria. Por las razones expuestas, solicito el tratamiento del presente proyecto de resolución.