La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio al accionar del Grupo Clarín al denunciar y pedir investigación contra periodistas, funcionarios y legisladores por el libre ejercicio de su derecho a informar y opinar y su solidaridad contra los trabajadores de prensa agraviados, en defensa de la más plena libertad de expresión en el país.

Señor presidente:

La embestida judicial del Grupo Clarín contra periodistas, funcionarios y legisladores agravia no sólo la libertad de expresión en la Argentina, sino a toda la sociedad, depositaria y sujeto universal de uno de los principales derechos que sustentan la democracia, como es el derecho a la información.

La acción penal fue interpuesta por los abogados del Grupo a través de un escrito en el que acusa por el supuesto delito de "incitación a la violencia colectiva" (Artículo 212 del Código Penal)contra sus directivos a los periodistas Roberto Caballero (ex director del diario Tiempo Argentino), Sandra Russo (columnista de Página/12 y panelista de Canal 7 en su programa 6,7,8) y Javier Vicente (relator de Fútbol para Todos). El demandante pide además que se evalúe la posibilidad de aplicar también la figura de "coacción prevista agravada" (Art. 149 del Código penal).

Resulta repudiable que un grupo empresario, en aras de mantener su posición dominante en el mercado de medios de Argentina, intente reprimir la expresión pública de informaciones y opiniones que lo involucran, desde que decidió no acatar las leyes votadas por el Parlamento argentino en pleno ejercicio de su misión constitucional.

El mismo grupo empresario que recurre a una institución de la democracia como la Corte Suprema de Justicia para insistir en el mantenimiento de sus privilegios patrimoniales, contrarios a la ley vigente en el país, amparándose para conseguirlo en la supuesta vulneración del derecho de libertad de expresión, por otra parte ataca los principios democráticos y constitucionales al pretender la actuación de la justicia donde ésta ya no tiene injerencia, a partir de la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en 2009.

En su denuncia, el Grupo Clarín relaciona a los periodistas en una supuesta maniobra violenta en su perjuicio que, a su entender, "se verifica con claridad a partir de los dichos de distintos periodistas y funcionarios". La presentación judicial no menciona a los periodistas como testigos, como han querido simular en las últimas horas los abogados de Clarín, sino que los menciona como "principales propaladores del mensaje" del Gobierno.

Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Clarín pretende ignorar al Congreso de la Nación y a las autoridades del Poder Ejecutivo constitucional; ahora desconoce la Constitución Nacional que incluye en sus principios la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión.

El clima vigente de liberta de prensa y expresión en la Argentina ha permitido en estos años los extremos más controvertidos, como por ejemplo el agravio sistemático contra la investidura presidencial, contra los funcionarios públicos, contra los legisladores y contra la militancia política inclusive.

El monopolio mediático que se resiste a cumplir la ley muestra en su accionar el autoritarismo más repudiable, al exigir a los periodistas que den cuenta de las fuentes de la información que difunden y más aún, al coaccionar por intermedio de la justicia a que señalen si se trata de opinión o información, como han declarado públicamente los abogados del Grupo.

En el marco de la más absoluta defensa y ratificación de la libertad de prensa reinante en el país, contra la afrenta de empresas privadas a los derechos constitucionales y en solidaridad con los periodistas agraviados por tal accionar es que solicito a los legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.