La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar la presencia del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Dr. Axel Kicillof e invitar al Presidente de YPF S.A., Ing. Miguel Galuccio, ante el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas, y de Energía y Combustibles, a fin de brindar informes sobre las negociaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y Repsol S.A. en relación con la indemnización por la expropiación de sus acciones en YPF S.A. e YPF Gas S.A.

Se solicita información sobre los siguientes puntos, entre otros:

1) Explique el monto total y la forma del pago a Repsol S.A. como indemnización por las acciones expropiadas, distinguiendo entre pago en efectivo, en bonos existentes y en bonos a emitir. En caso de incluir una emisión de bonos de deuda pública, informe acerca del monto total de la emisión, los plazos de pago, los intereses a pagar y el total del costo financiero de la operación.

2) Informe acerca de las garantías de cobro que ofrecerá el Poder Ejecutivo Nacional a Repsol S.A., y si estas incluyen el compromiso de llevar a cabo una nueva emisión en caso de pérdida de valor de los bonos. En tal caso, explique el valor mínimo al que se comprometió el Poder Ejecutivo Nacional ante Repsol S.A.

3) Explique el procedimiento de tasación que se utilizó para arribar a la cifra total, y si intervino el Tribunal de Tasación, tal como lo exige art. 12 de la ley 26.741.

4) Confirme si el Poder Ejecutivo Nacional se comprometió a no presentar reclamos judiciales ni de otro tipo por el presunto daño ambiental causado por Repsol S.A. durante su control societario sobre YPF S.A.

5) Detalle las condiciones acordadas con Repsol S.A. en relación con los litigios que dicha compañía mantiene ante tribunales internacionales contra la República Argentina y contra empresas dispuestas a invertir en el sector hidrocarburífero en el país.

Señor presidente:

Ha trascendido mediante información periodística local e internacional que la República Argentina y Repsol S.A. han llegado a un acuerdo en relación con la indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. e YPF Gas S.A., resuelta por este Honorable Congreso en el año 2012. Este hecho ha sido confirmado por Repsol S.A., que en un comunicado a sus accionistas informó que se ha arribado a un entendimiento, incorporando incluso el valor a cobrar en su balance financiero, de 5.000 millones de dólares. Se espera la ratificación inminente del acuerdo por parte del consejo de administración de la compañía española, mientras que su asamblea de accionistas haría lo propio en poco tiempo.

Resulta alarmante que los accionistas de Repsol conozcan los detalles del acuerdo antes que el pueblo argentino y sus representantes en este Honorable Congreso. La recuperación de YPF S.A. contó con el apoyo de diversos sectores sociales y políticos de nuestro país, y es inaceptable que el Poder Ejecutivo pretenda comprometerse en un acuerdo de estas características, con el consiguiente costo financiero que tendrá en los años por venir, sin siquiera informar al Poder Legislativo.

Este tipo de acuerdos, alcanzados en secreto y sin la menor transparencia, son contrarios a los preceptos básicos que deben guiar a una democracia. La ciudadanía toda, y en particular las fuerzas políticas, tienen derecho a conocer los compromisos financieros y políticos que se asumirán; compromisos que trascenderán por mucho al actual gobierno. En ese sentido, ha trascendido que la operación incluirá la emisión de nuevos bonos de deuda pública, pero no se conoce el monto total de la emisión, sus plazos de vencimiento, ni las garantías que ofreció el Poder Ejecutivo a Repsol.

Llama la atención además el abrupto cambio de parecer del Poder Ejecutivo Nacional, que al momento de la expropiación de YPF sostuvo ante el Honorable Senado, a través del entonces Viceministro de Economía Kicillof y del Ministro de Planificación, Julio de Vido, que se rechazaba la valuación que realizó la propia Repsol de las acciones expropiadas, y se mencionó la necesidad de investigar el impacto ambiental que causó Repsol en sus años como controlante de YPF. Nada de esto habría sido incluido en el acuerdo alcanzado recientemente. Información periodística confirma incluso que el Poder Ejecutivo se ha comprometido a no avanzar en presentaciones judiciales en este sentido, sin haber emitido comunicación alguna al respecto.

Tampoco conocemos detalles sobre los compromisos que asumirá Repsol S.A. en términos de abandono de sus demandas en tribunales nacionales e internacionales por la expropiación de sus acciones en YPF, que han alcanzado a empresas extranjeras con intención de invertir en el sector hidrocarburífero nacional. Es necesario además conocer las condicionalidades de estos compromisos, y el valor total que el Poder Ejecutivo se comprometió a cumplir. De existir un valor mínimo a garantizar, el Ejecutivo podría incurrir en una nueva emisión de bonos de deuda pública para alcanzar este valor, incrementando el costo financiero total de la operación en valores que desconocemos.

La expropiación de YPF ha contado con el apoyo de diversas fuerzas políticas, y constituye un episodio fundamental en la recuperación del control de los recursos hidrocarburíferos nacionales, de importancia medular para el futuro desarrollo económico del país. Es por ello que una operación de esta magnitud no puede realizarse sin la necesaria transparencia y el conocimiento de este Congreso.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de Resolución.