La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

A fin de alertar al mundo sobre la violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, expresar su adhesión al llamado de acción urgente que ha manifestado Amnistía Internacional:

- Expresando preocupación por las operaciones de las fuerzas de seguridad contra las oficinas de Voluntad Popular, y manifestando que parecen tratarse de un intento de intimidar al partido de oposición a causa de su participación en protestas antigubernamentales;

- Pidiendo a las autoridades que acusen a los detenidos de un delito reconocible o los pongan en libertad de inmediato, que respeten el derecho de todos los acusados de un delito al proceso debido y que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre los incidentes;

- Instándolas a garantizar que se respete el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, sin discriminación, e instándolas también a condenar públicamente todo acto de violencia o todo abuso que pretenda intimidar o silenciar a quienes ejercen su derecho legítimo a participar en actos de protesta.

Señor presidente:

Con esta iniciativa se busca expresar nuestra gran preocupación y repudio por los hechos de extrema violencia que el gobierno venezolano está ejerciendo sobre la oposición y el pueblo, lo cual ya ha dejado un saldo de numerosas muertes, heridos, encarcelados sin justa razón, torturados y desaparecidos.

Voluntad Popular ha denunciado que unos agentes de la Dirección de Inteligencia Militar y de la Guardia Nacional entraron en su sede en tres ocasiones el 17 de febrero sin mostrar orden alguna de registro. Los miembros del partido afirman que los agentes iban armados y que irrumpieron en sus oficinas sin identificarse, causaron daños en bienes de propiedad privada e intimidaron al personal. Según su denuncia, los militares confiscaron las cámaras de seguridad de las oficinas, los servidores y otros equipos informáticos. También se llevaron a Leonardo José Contreras, guardaespaldas de David Smolansky, alcalde del municipio de El Hatillo, en Caracas, la capital.

Voluntad Popular cree que las fuerzas de seguridad tenían la intención de detener a Carlos Vecchio, coordinador político nacional del partido, que ese mismo día había dado una conferencia de prensa en la que confirmó la convocatoria de una manifestación antigubernamental masiva para el 18 de febrero. La manifestación había sido convocada inicialmente por Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, contra quien, se emitió una orden de detención el 13 de febrero por su presunta responsabilidad en la violencia ocurrida durante las manifestaciones estudiantiles de las dos últimas semanas y después de ellas.

A su vez, denunciamos el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. Como explica el partido, el miércoles 19 de Febrero, después de pasar la noche del 18 de Febrero en el Centro de Procesados Militares (CENAPROMIL), fue convocado Leopoldo López a presentarse a las 10 a.m. en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Caracas. Después de 5 horas de espera a las puertas del Tribunal 16 de Control a cargo de la Juez Ranelys Tovar, bajo un fuerte despliegue de pelotones de militares anti motines y vehículos tipo tanquetas, la concentración pacífica de jóvenes y seguidores del partido Voluntad Popular fue reprimida por simpatizantes del oficialismo. A las 16:00 hs. las autoridades ordenaron el traslado del Tribunal para el Centro de Procesados Militares alegando razones de protección a la vida e integridad física del imputado, Leopoldo López.

La constitución de un Tribunal penal ordinario dentro de unas instalaciones militares es totalmente irregular, y viola las garantías constitucionales sobre el debido proceso de Leopoldo López. No puede López declarar libremente y sin coacción dentro de un recinto carcelario militar. Leopoldo López es un civil y es una violación de los Derechos Humanos que la audiencia se lleve a cabo en una cárcel militar.

Finalmente, en horas de la madrugada del 20 de febrero, finalizó la audiencia, que se llevó a cabo de forma irregular en dicho centro de reclusión, en la ciudad de Los Teques, fuera de la ciudad de Caracas, y lejos de la prensa y medios de comunicación. La Fiscalía venezolana le imputa a López los delitos de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir, este último el más serio, está previsto en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, con una pena de 10 años de cárcel. Voluntad Popular afirma que Leopoldo López no ha cometido ningún delito y es inocente.

Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares, acompañen con su voto el presente Proyecto de Resolución.