La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para solicitarle que denuncie el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA, en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, suscripto entre ambos países, en Addis Abeba (Etiopía), el 27 de enero de 2013 y aprobado por el Congreso de la Nación, por la Ley 26.843, sancionada el 27 de febrero de 2013, que aún no ha entrado en vigencia como norma internacional entre ambos Estados.

Señor presidente:

La República Argentina y la República Islámica de Irán suscribieron en Addis Abeba (Etiopía), en ocasión de la 20ª. Cumbre de la Unión Africana, un Memorándum de Entendimiento sobre el caso AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el día 27 de enero de 2013. El mismo fue aprobado por el Congreso de la Nación, en tiempo record, forzado por un inusitado apuro del Poder Ejecutivo con la participación directa del canciller Timerman, el 27 de febrero de 2013, luego de maratónicas sesiones de ambas Cámaras donde la oposición mantuvo su fuerte rechazo al mismo. El resultado fue la Ley 26.843, aprobatoria del tratado internacional bilateral, promulgada el 28 de febrero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del día siguiente.

Se repitieron en los debates parlamentarios objeciones al tratado internacional que se intentaba aprobar, que iban desde el cuestionamiento a la rapidez que se imprimía a su tratamiento hasta la dudosa constitucionalidad del mismo. Mucho remarcamos entonces sobre la falta de consenso nacional que acompañaba a la iniciativa, sobre que el mismo contrariaba la política argentina de derechos humanos, el Estado de Derecho, los principios republicanos y la división de poderes. Calificamos al Memorándum como un instrumento vago e impreciso, rudimentario , débil y endeble jurídicamente que no ofrecía soluciones eficientes ni definitivas ni menos aseguraba respuestas al reclamo de Verdad y Justicia por las que clamaba la sociedad argentina en un todo y en especial las víctimas y familiares del horroroso atentado de julio de 1994.

Se presentaron amparos judiciales para impedir su tratamiento en el Congreso, y una vez aprobado se atacó al mismo con acciones de inconstitucionalidad e inaplicabilidad por parte de organizaciones de la comunidad judía en la Argentina como la DAIA y la AMIA, que aún no se han resuelto teniendo en cuenta la no vigencia del tratado bilateral.

La demora en que incurre Irán en ratificar el tratado no hace más que dar la razón a nuestras objeciones en el sentido de que la firma del mismo no iba a asegurar ni comprometer ningún tipo de ayuda de parte de aquel país en la investigación del atentado sino que por el contrario iba a entorpecer lo hecho hasta entonces por el fiscal especial y sus investigaciones.

La Argentina debe denunciar el tratado y debe retirarse del mismo. Su manifiesta inconstitucionalidad y esta política exterior de "probemos, si no cumplen no pasa nada" deben acabar inmediatamente. Y no solo exigimos la denuncia del Tratado, estamos presentando un proyecto de ley para derogar la ley 26.843, por la cual oportunamente se lo aprobara y que lo introdujera dentro del ordenamiento jurídico nacional con jerarquía superior a las leyes nacionales.

Podríamos quizá, volver entonces a pensar en recuperar ese piso sobre el que no se debería haber retrocedido jamás, donde había un consenso tácito, y hacer de la búsqueda de la Verdad y la Justicia una verdadera política de Estado.

Por lo expuesto Sr. Presidente es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.