La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su enérgico repudio a la acción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del personal del Centro de Operaciones dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, que el pasado 14 de octubre maltrataron, amenazaron y detuvieron ilegal y arbitrariamente a los jóvenes militantes de Unidad Socialista para la Victoria Martín López y Jesús Amengual.

Señor presidente:

El 14 de octubre pasado, en la localidad de Tigre, miembros del personal del Centro de Operaciones, que depende de la secretaría de Protección Ciudadana del municipio, con la complicidad de efectivos de la policía bonaerense, maltrataron, amenazaron, acusaron con falsedad y detuvieron arbitrariamente durante la madrugada a dos ciudadanos militantes de la Unidad Socialista para la Victoria que no habían cometido otra falta que pintar consignas políticas en la vía pública.

Los actos de violencia institucional que describimos, ocurridos en perjuicio del Secretario General de la Unidad Socialista para la Victoria y del Secretario de Juventud de esa organización política del distrito, Martín López y Jesús Amengual respectivamente, resultan coincidentes con lo sucedido semanas atrás a un militante del Movimiento Evita, Walter Gómez, en Troncos del Talar, en el mismo municipio de Tigre.

Creemos que todos los actos de represión policial contra ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse públicamente son inadmisibles en un Estado de Derecho. En este caso en particular, la acción conjunta de las fuerzas policiales y de miembros del personal municipal, que no quisieron identificarse, la exhibición amenazante de armas de fuego, la falsedad de los relatos en sede policial, y los insultos intimidatorios resultan especialmente repudiables.

Manifestaciones tales como "la dictadura se quedó corta con los 30.000", o "tendrían que haber matado a todos los zurdos de mierda", proferidas por los agentes policiales y municipales durante los sucesos que nos ocupan, además de constituir apología del delito por parte de fuerzas de seguridad y de agentes dotados de autoridad por un gobierno comunal, son claros indicadores de la existencia de persecución política, de discriminación ideológica, y del empleo de una metodología repugnante propias de la época en que las libertades públicas habían desaparecido del país, sometido a una dictadura terrorista.

Resulta gravísimo, además, que un inspector municipal, identificado -tiempo más tarde- como Jesús Rubén Caballero, legajo 11.159, un ciudadano civil, que no tiene autoridad alguna para realizar detenciones, ni indagaciones policiales fue quien esposó al militante Martín López.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito la aprobación de este Proyecto de Resolución.