La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por la violación de los derechos humanos por la que atraviesan las personas detenidas como consecuencia de los sucesos ocurridos en Curuguaty, (Paraguay), el pasado 15 de junio.

Apoyar las gestiones que pueda realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los efectos de salvaguardar la vida y la salud de los detenidos que se encuentran en huelga de hambre.

Señor presidente:

El pasado 15 de junio en Curuguaty, en la región oriental de la vecina república del Paraguay, once campesinos y seis policías murieron en un enfrentamiento ocurrido durante un desalojo de tierras.

Como consecuencia de dichos incidentes, fueron detenidas doce personas, todas ellas de origen campesino, quienes llevan adelante una huelga de hambre como modo de reclamo por su libertad.

Algunas de estas personas se encuentran en grave estado, como consecuencia de los más de cincuenta días de continuidad de dicha huelga.

La doctora Esperanza Martínez, ex ministra de salud del depuesto presidente Fernando Lugo, visitó a los detenidos, tanto en la cárcel de Coronel Oviedo como en el Hospital Regional de esa ciudad: "están muy deteriorados; según observé, uno de los jóvenes es el que está en peor situación", relató Martínez.

El pasado 4 de noviembre, una delegación de organizaciones de la sociedad civil de la hermana República de Paraguay mantuvieron una reunión privada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su Presidente, José de Jesús Orozco y con Rose Marie Antoine, Relatora de Derechos Humanos para Paraguay. Durante la entrevista las ONGs presentes le solicitaron la realización de una visita a fin de evidenciar y documentar numerosas violaciones de derechos humanos y dar cuenta de como afecta el quiebre institucional a la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Paraguay.

El incidente de Curuguaty permanece en el centro de un debate, donde aún no se ha esclarecido debidamente lo ocurrido.

Lo objetivo es que la matanza fue utilizada por los partidos políticos opositores del Paraguay, que en el Parlamento nacional, mediante un juicio político relámpago, destituyeron al presidente Fernando Lugo, quien ejercía legítimamente su mandato.

No es el sentido de esta resolución participar de la vida política interna del vecino país. Sí nos preocupa el resguardo de la vida, y la necesidad de las mayores garantías judiciales en el proceso en curso.