La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Salud de la Nación se sirva informar sobre los siguientes puntos que atañen a su gestión:

1- Informe si se registran incumplimientos en el pago de prestaciones a personas con discapacidad afiliadas al PAMI, que residen en instituciones que les brindan atención integral.

2- En caso afirmativo informe los motivos por los cuales no se han efectuado los correspondientes pagos y cuáles son las medidas que se prevén adoptar para regularizar tal situación.

3- Informe si está contemplada la derogación de la Resolución Nro. 1200/2012 de la Superintendencia de Servicios de Salud -actualmente suspendida por resolución 1310/2012 de ese mismo organismo- cuya entrada en vigencia implica la eliminación y/o reducción de los reintegros que la Administración de Programas Especiales (APE) realiza por prestaciones especiales.

4- Informe si se han registrado denuncias por falta de resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, respecto a pedidos de inscripción en su Registro de Prestadores, realizados por instituciones que asisten a personas con discapacidad.

5- Cualquier otra información que sirva al presente.

Señor presidente:

Traemos a consideración de este honorable cuerpo un proyecto de resolución que tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe respecto de falta de pago de prestaciones a personas con discapacidad afiliadas al PAMI, que residen en distintos hogares de todo el país. Asimismo, el presente proyecto intenta obtener precisiones acerca de la vigencia de la resolución Nro. 1200/2012 de la Superintendencia de Servicios de Salud (cuyos efectos se hallan actualmente suspendidos por resolución Nro. 1310/2012 de ese mismo organismo) que según denuncias de distintas instituciones que trabajan con personas discapacitadas, elimina o reduce los reintegros que la Administración de Programas Especiales (APE) hace por prestaciones especiales, entre las que se encuentran las de discapacidad.

Con relación al primero de los temas postulados, las autoridades de la Obra Don Oriones han denunciado públicamente: "en Pami no asumen las obligaciones que les competen en tiempo y forma poniendo en riesgo el derecho a la atención que tienen las personas con discapacidad". Así las cosas, la deuda acumulada asciende a los 500 mil pesos en los dos hogares de Rosario y, si se suma el cottolengo de General Lagos podría superar el millón y medio de pesos. Más aún, la deuda para con el total de los hogares del país asciende a los 30 millones de pesos. Teniendo en cuenta que no todas las personas que están en los hogares Don Orione tienen obra social, el pago en tiempo y forma es indispensable para el cuidado de los residentes." (1)

Esta situación no es nueva, las denuncias de irregularidad en pago de las prestaciones se remontan a casi dos años, a pesar de tratarse de un problema muy sensible y acuciante ya que estamos en presencia de un inmenso deterioro y perjuicio en el sistema de atención de salud de personas con discapacidad. Sin embargo el panorama se ha agravado considerablemente a partir de que el Instituto dejó de hacer efectivos los correspondientes depósitos. Debemos poner de relieve que se trata de recursos que resultan indispensables para el cuidado de los residentes.

Desde la Institución antes mencionada afirman que actualmente sostienen su actividad con la ayuda de la ciudadanía, pero que esta resulta insuficiente para cubrir los sueldos de los empleados. En tal sentido desde "Don Orione" manifestaron: "con las donaciones no se llegan a cubrir los sueldos de los 108 empleados del cottolengo. Allí trabajan médicos, kinesiólogos, odontólogos, enfermeros, terapistas ocupacionales y fonoaudiólogos, además de los encargados de los hogares y los asistentes de los residentes que no son autoválidos, el personal de limpieza, administración, lavandería y cocina. (2)

Con relación al segundo tema abordado, debemos señalar que el foro que defiende los intereses de las personas con discapacidad, conformado por la Obra Don Orione, la Asociación de Institutos Educativos Especiales (AIEPESA), la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC), el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) y la Federación Argentina de Entidades Pro atención a las personas con discapacidad intelectual (Fendim), vienen denunciando que se encuentra en riesgo la atención de casi 100.000 personas con discapacidad en todo el país. Esto como consecuencia del dictado de la Resolución Nro. 1200/2012 de la Superintendencia de Servicios de Salud. Al respecto se ha sostenido "La Superintendencia de Servicios de Salud el 3/10/12 dicta la Resolución 1200/12 que desconoce prestaciones reconocidas por la Ley, desfinanciando el sistema de atención a personas con discapacidad. Exponiendo a las mismas a quedar sin atención o a que sus familias afronten los costos."... "La medida afecta a niños, jóvenes y adultos con discapacidad de todo el país, afiliados a las Obras Sociales Nacionales que reciben atención en: Estimulación Temprana, Escuelas, Integración, Residencias, Hogares, Centros de Día, Centros Educativo Terapéuticos, Prestaciones de Apoyo, Transporte y otras." (3)

Si bien los efectos de la norma en cuestión se hallan suspendidos por decisión de la SISS (Res. Nro. 1310/2012 de fecha 22/10/2012), como bien afirman las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, esto no equivale a su derogación. Por el contrario la suspensión se dispuso hasta el día 30 de noviembre de 2012 (conf. artículo 1°) Esto coloca a personas con discapacidad de todo el país en una situación de gran incertidumbre. Frente a esto nos preocupa también qué actitud tomarán las autoridades a fin de asegurar las prestaciones de salud de las personas con discapacidad.

Por último debemos mencionar que existen denuncias que indican que la Superintendencia de Servicios de Salud no resuelve la inscripción en su Registro de Prestadores de instituciones que asisten a personas con discapacidad; circunstancia que deja muchas personas desprovistas de las prestaciones que por derecho le corresponden.

Cada una de los extremos reseñados vulnera los legítimos derechos de las personas con discapacidad consagrados en la ley 24.901, que en su artículo primero instituye "un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos." Asimismo lesionan los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de resolución.