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PROYECTO DE TP
Expediente 8172-D-2013
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LA ESCALADA DE VIOLENCIA Y LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SECTORES ESTUDIANTILES Y DIRIGENTES POLITICOS Y SOCIALES, PARTICIPANTES DE MARCHAS DE PROTESTA EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA OCURRIDAS EL 12 DE FEBRERO DE 2014 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 14/02/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 195
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su preocupación ante la
escalada de violencia y la violación de los derechos humanos que sufren sectores
estudiantiles y dirigentes políticos y sociales participantes de marchas de protesta,
en particular por los sucesos ocurridos en Caracas y otras ciudades de la República
Bolivariana de Venezuela el pasado 12 de febrero de 2014 en donde han muerto al
menos tres personas, existen decenas de heridos, personas detenidas y se ha
cercenado la libertad de expresión de medios de comunicación.
Asimismo, solicitar con carácter de
urgente al Poder Ejecutivo Nacional arbitre las medidas necesarias para que se
realice una convocatoria del MERCOSUR y de la UNASUR, a fin de evaluar las
acciones a tomarse en razón de la virtual afrenta contra los principios
democráticos y republicanos que han sido denunciadas por la oposición al
gobierno venezolano.
Solicitar al Parlamento del
MERCOSUR que envíe una comitiva de parlamentarios a los efectos de verificar
los hechos denunciados.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las instancias que reconocen los
organismos multilaterales de integración regional como la UNASUR y el
MERCOSUR encuentran como uno de sus principales objetivos garantizar que los
países de la región se reconozcan y mantengan como Estados democráticos,
donde se respeten los derechos garantizados a los ciudadanos, claramente
establecidos por sus constituciones y los tratados internacionales.
Resulta indudable que la
conflictividad social en la República Bolivariana de Venezuela ha ido in crescendo
alcanzando niveles preocupantes, producto de la división de su sociedad, dando
lugar a reclamos sociales vinculados principalmente con la inseguridad, la
inflación, la falta de insumos básicos y la libertad de expresión.
En dicho contexto, en estas últimas
semanas se han gestado una serie de manifestaciones protagonizadas por
estudiantes y líderes políticos y sociales en relación a la administración del
presidente Maduro, teniendo como punto cúlmine una marcha convocada para el
12 de febrero del corriente año en diversas ciudades.
La marcha en Caracas se
desempeñaba en paz, pero al finalizar se generaron enfrentamientos entre los
participantes y las fuerzas de seguridad que dejaron un saldo de al menos tres
muertos -entre ellos un estudiante- y varias decenas de heridos graves y personas
detenidas.
El gobierno de Venezuela -a través de
declaraciones del Presidente Maduro y de Diosdado Cabello, presidente de la
Asamblea Nacional- responsabiliza al líder opositor Leopoldo López y otros
dirigentes políticos por los incidentes. Según trascendidos periodísticos la justicia
venezolana, en consonancia con su gobierno, ha dictado una orden de detención
por delitos que van desde asociación para delinquir, instigación a delinquir,
intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública,
lesiones graves, homicidio y terrorismo.
Adicionalmente, en una afrenta contra
la libertad del expresión, ha ocurrido un evidente un acto de censura, ya que el
mismo día en que se desarrollaba la multitudinaria marcha el canal colombiano de
noticias NTN24 fue eliminado de la grilla de canales que ofrece uno de los
operadores de señales satelitales en Venezuela.
Es así como vemos que en Venezuela
a partir de acciones del gobierno venezolano se utilizan todos los recursos a su
alcance para cercenar de manera impropia los derechos de sus ciudadanos, en
especial de líderes políticos, a fin de sancionar y amedrentar a quienes osan
criticar al gobierno. El constante abuso de autoridad en dicho país, marcando
éstos hechos un nuevo hito para preguntarse acerca de la estabilidad del sistema
democrático del país caribeño.
En consecuencia, dado que la
Argentina integra junto con la República Bolivariana de Venezuela organismos
internacionales multilaterales como la UNASUR y el MERCOSUR, resulta
fundamental que nuestro país asuma una postura pro-activa respecto de dilucidar
la veracidad de los hechos denunciados, y en caso afirmativo, tomar las medidas
pertinentes a fin de defender sistema democrático latinoamericano, que tanto nos
ha costado construir.
Es dable resaltar que de acuerdo con
el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR
suscrito el 24 de julio de 1998, la plena vigencia de las instituciones
democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de
integración.
Por otra parte, en el Protocolo
Adicional del Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso con la
Democracia firmado el 23 de mayo de 2008 determina que en caso de ruptura o
amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden
constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del
poder y la vigencia de los valores y principios democráticos deben reunirse los
mandatarios de los países miembros para tratar el asunto.
Asimismo, no podemos soslayar el
protagonismo que ha tenido nuestro país ante situaciones similares como el
conflicto entre Colombia y Ecuador (al que se sumo Venezuela) por la violación de
la jurisdicción ecuatoriana por una operación de militares colombianos contras las
FARC, o el conflicto ocurrido en la República del Paraguay en 2012, cuando se
suspendió al país como miembro del MERCOSUR y de la UNASUR en razón de la
ruptura del orden democrático denunciada al ser destituido el entonces presidente,
Fernando Lugo.
La defensa de dicho orden democrático
resulta un pilar básico de la integración Latinoamérica y debe ser defendido con
todas las herramientas con las que nuestros países cuentan.
Por más que los gobiernos de turno
puedan tener buenas relaciones, bajo ningún punto de vista el gobierno argentino
puede llamarse a silencio ante semejantes violaciones de los derechos esenciales,
como lo es el derecho de peticionar ante las autoridades en paz y la libertad de
expresión, sin ser amedrentado con medidas persecutorias y represivas.
Es por ello que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| SANCHEZ, FERNANDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA ARI - UNEN |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |