La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Seguridad, brinde información sobre el despliegue y dotación de las fuerzas de seguridad nacionales, y en particular informe:

1- La cantidad de efectivos de la Gendarmería Nacional en actividad, discriminada por provincia y misión (patrullaje de zonas urbanas, control de fronteras, control de rutas y caminos u otros) para los años 2009, 2010, 2011 y 2012

2- La cantidad de efectivos de la Prefectura Naval actualmente en actividad, discriminada por provincia y misión (patrullaje de zonas urbanas, control de fronteras, control de rutas y caminos, control de vías navegables u otros) para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

3- La cantidad de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura trasladados desde las provincias del interior del país ente los años 2009 y 2012 para cumplir tareas de seguridad en el área de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

4- Si se contemplaron medidas compensatorias para suplir la ausencia de esos efectivos en las Provincias en las que prestaban servicios, para no deteriorar la situación de seguridad. En caso negativo explique las razones de esta ausencia.

5- Detalle el grado de cumplimiento y cronograma de implementación del plan de creación de Agencias Regionales de la Policía Federal Argentina, anunciado por el gobierno nacional en el año 2010, para que esta fuerza se aboque a la investigación de delitos complejos en todo el país. En caso de no haberse avanzado en la implementación de este plan, indique los motivos.

Señor presidente:

Es indudable que la situación de seguridad en nuestro país es crítica. Existen pruebas fehacientes de que redes criminales trasnacionales, particularmente las vinculadas al narcotráfico, tienen una presencia creciente en nuestro país, amenazando la vida de las personas y la vigencia del Estado de Derecho. El problema de la seguridad, muchas veces negado por altos funcionarios del Poder Ejecutivo o considerado una mera sensación, es grave, como lo demuestra la enorme preocupación ciudadana al respecto, y sus ramificaciones afectan a todos los sectores de nuestra sociedad, en todas las regiones del país.

La política en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, en base al artículo 8 de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, que establece que este Ministerio "ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de policía" y "coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales". Asimismo, esta ley otorga a este organismo nacional, entre otras, la misión de "formular las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, y elaborar la doctrina y planes y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Interior".

En los últimos años ha sido anunciada una gran cantidad de operativos, planes y programas en materia de seguridad que involucran a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en tareas de patrullaje en zonas urbanas, principalmente en el Gran Buenos Aires. Entre ellos, podemos citar el Operativo Centinela, el Plan Cinturón del Sur de 2011 y el despliegue de efectivos de la Gendarmería Nacional en las líneas de trenes metropolitanos. Si bien coincidimos en que es necesario reforzar la seguridad de los habitantes de esta zona, es innegable que por la forma súbita y no planificada en la que fueron implementados estos planes, miles de efectivos que se encontraban prestando servicios en el interior del país fueron trasladados, causando un fuerte deterioro de las condiciones de seguridad de las áreas donde prestaban servicios.

Es inaceptable que el despliegue de fuerzas nacionales en áreas urbanas se realice en desmedro de la protección que merecen todas las provincias del país. No podemos convalidar que en pos de mejorar la seguridad en una parte del país se desproteja a otras. Esta grave falencia de la posición del gobierno nacional frente a la inseguridad no es, lamentablemente, la única. Al mismo tiempo que se deja a enormes zonas del país sin la protección de la Gendarmería y la Prefectura y se sobre exige a los efectivos de estas fuerzas sin reconocerles un salario digno, es evidente y alarmante la falta de comunicación, coordinación y planificación conjunta entre las autoridades nacionales en materia de seguridad y los gobiernos provinciales y municipales. En efecto, las medidas tomadas por el ministerio de Seguridad han estado signadas por la improvisación, la imposición de condiciones a los gobiernos locales y el súbito envío o traslado de efectivos sin la correspondiente consulta a las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

Prácticamente todos los planes anunciados por el gobierno nacional en esta materia han estado signados por la improvisación, las contradicciones y la falta de continuidad en el tiempo, con el consecuente impacto negativo sobre las condiciones en numerosas provincias del país.

Es indicativo de esta preocupante tendencia el plan de descentralización de la Policía Federal anunciado por el gobierno nacional en el año 2010, que implicaría la creación de Agencias Regionales de esta fuerza en todo el país, para convertirla en un organismo dedicado especialmente a la investigación de delitos complejos como el narcotráfico. A más de dos años de este anuncio, sólo se inauguró en 2010 Agencia Regional de Cuyo, situada en San Juan, y no existen indicios de que el plan haya avanzado. Asimismo, a pesar del anuncio de la conversión de la Policía Federal en una agencia de investigación, el gobierno nacional se ha negado sistemáticamente a transferir a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires los efectivos de esta fuerza que están abocados a la seguridad metropolitana, mientras se resolvió de forma inconsulta e intempestiva la retirada de esta fuerza de la custodia de los subterráneos y hospitales de la Ciudad.

Por otra parte, en junio de 2012, tras la trágica muerte de 9 Gendarmes en Chubut, la Presidenta de la Nación anunció en cadena nacional su negativa a enviar a más efectivos de la Gendarmería Nacional para resolver situaciones críticas en el interior del país, aún en caso de solicitud judicial. El propio secretario de Seguridad calificó la medida como un "repliegue" de la Gendarmería del interior del país. Sin embargo, pocos días después el gobierno nacional autorizó el envío de efectivos de la Gendarmería ante un conflicto en la provincia de Santa Cruz, demostrando el carácter improvisado de la medida.

Es destacable además que el Plan Cinturón del Sur implicó el desplazamiento de efectivos de la Policía Federal de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y su reemplazo por Gendarmes y Prefectos, lo que demuestra la excesiva tendencia del gobierno nacional a depender de estas fuerzas y a evitar la tan necesaria reforma integral de la Policía Federal.

Situaciones como estas son absolutamente contradictorias con la implementación de una política coherente en materia de seguridad. La gravedad de la situación que atraviesa la Argentina en materia de narcotráfico exige un abordaje integral, con medidas que involucren aspectos sociales, económicos, culturales y, por supuesto, de prevención y control. Además, requieren por sobre todas las cosas de la coordinación y consulta con los gobiernos provinciales y locales de todo el país, que son quienes conocen mejor la realidad sobre el terreno.

Las medidas inconsultas y la excesiva dependencia de la Gendarmería y la Prefectura por parte del gobierno nacional han generado una situación crítica, donde esta sucesión de planes y anuncios superpuestos intentan cubrir sin éxito las inmensas falencias que tiene nuestro país en materia de combate al narcotráfico y a la inseguridad en general. Es impostergable el inicio de reformas profundas en la Policía Federal y las policías provinciales para desterrar cualquier indicio de corrupción o de complicidad con el delito. Lamentablemente pocas provincias han avanzado en este sentido, y las que lo han hecho no cuentan con el debido respaldo de las autoridades nacionales para acometer esta titánica tarea.

El artículo 6 de la citada Ley 24.059 establece que el Sistema de Seguridad Interior "tiene como finalidad determinar las políticas de seguridad así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional de policía dirigido al cumplimiento de esas políticas". Esta norma, a su vez, define que pertenecen a este sistema no solo el Presidente, los ministros y las fuerzas nacionales, sino también los gobernadores provinciales, el Congreso Nacional y las fuerzas policiales provinciales. Es evidente entonces que la falta de coordinación y consulta en materia de política de seguridad no solo impide la creación de políticas coherentes para combatir el narcotráfico, poniendo en riesgo la vida de millones de ciudadanos, sino que también viola flagrantemente lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior.

El inmenso grado de amenaza que representa el narcotráfico no admite maniobras políticas ni decisiones improvisadas. Sólo aunando los esfuerzos de todos los sectores sociales, las fuerzas de seguridad nacionales y locales, los gobiernos nacional con los provinciales y municipales y el Congreso Nacional podremos diseñar, articular e implementar políticas públicas en materia de seguridad que abarquen a este problema en todas sus dimensiones y aspectos.

Por todo esto, Señor Presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de resolución