El Senado y Cámara de Diputados...

AUMENTO DE EMERGENCIA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Artículo 1º. A partir del mes de septiembre del presente año se hará efectivo un aumento de emergencia de $ 3.000 para el conjunto de jubilados y pensionados inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Artículo 2º. Los fondos para este aumento de emergencia provendrán en lo inmediato de Rentas Generales del Tesoro Nacional, sobre la base de un impuesto extraordinario a la renta financiera, la reposición de los aportes patronales, vigentes en 1993, y los impuestos progresivos al capital necesarios hasta cumplir las necesidades emergentes de esta ley.

Artículo 3º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de poner a su consideración el presente Proyecto de Ley tendiente a implementar un aumento de emergencia de 3.000 pesos al mes para jubilados y pensionados.

El aumento de tarifas en los servicios ha pulverizado en horas el anuncio oficial sobre el aumento de las jubilaciones y la declaración del titular de ANSES según la cual "en términos reales los jubilados ganan mejor que nunca" ignorando el colosal achatamiento de la pirámide de jubilaciones - hoy el 52, 8% cobra la mínima, en el 2001 sólo el 15% y sin contar la franja que se acogió a la moratoria, que cobra un ingreso aún menor a este mínimo-. Pero incluso esta descripción es parcial, porque otro 17 % está en un rango intermedio entre dos jubilaciones mínimas (hoy $ 6464).

Quien cobra 3.000 pesos de jubilación no puede pagar 1.200/1.500 de gas. El reclamo se multiplica en colas y colas con presencia dominante de jubilados que se acercan a las oficinas de información al consumidor, factura en mano, para indagar si hay algún tipo de "error". Las excepciones al aumento se anuncian para quienes perciben jubilaciones mínimas pero la decisión final corresponde al Ministerio de Planificación en función de "parámetros" que no han sido dados a conocer.

Los jubilados y pensionados recibirán el mes próximo un aumento del 17.21%. Como en marzo pasado hubo una suba del 11.3%, terminarán el año con un aumento del 30.5% contra una inflación promedio del 40% y aún mayor en el caso de los alimentos, que constituyen la erogación mayor de este sector. Con estos haberes se pretende que hagan frente a la inflación y devaluación del peso hasta marzo de 2015.

Estas cifran develan lo que tiende a ocultarse: la ley de movilidad eliminó el ajuste de las jubilaciones por la inflación o los salarios, medidos en forma independiente del INDEC. Puso, en cambio, un techo a los aumentos y además obligó a que los jubilados y pensionados absorban la recesión - que se expresa en menor recaudación - y la caída de los salarios reales.

Por todas estas razones el jubilado tiende a ser un proscripto social. Dos datos lo ilustran. El pase gratuito - previo trámite - en el subte, permite viajar de 10 a 16, no más. La lista de consumos, de lo que se considera gasto básico del jubilado, omite internet, diversiones y gasto vacacional.

Un aumento de emergencia está planteado por este cuadro, por la depredación constante de los haberes por la inflación y por el objetivo de defender la jubilación en los términos de lo que plantea la legislación sobre previsión social en la historia, es decir como salario diferido. Nos pronunciamos en contra del propósito de reemplazar a la jubilación - que, repetimos, es un salario diferido o indirecto, por una suerte de prestación asistencial, con lo que pasaríamos del derecho social al soporte a los hambrientos (se retira la relación de la jubilación con el sueldo y se instaura el "derecho" a la pobreza - medida por una canasta básica- que se presenta, a la vez, como "remedio" a la indigencia.

La canasta básica de los mayores confeccionada por la Defensoría de la Tercera Edad, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, costaba a mayo de este año 5.667,96. Si se suma internet ($ 300), salidas de fin de semana, cuota para vacaciones y se la actualiza a agosto, el costo está en el orden de los $ 6.500, lo que plantea un aumento de emergencia de $ 3.000.

No se nos escapa el carácter distorsionante que surge de aplicar un aumento universal a jubilados y pensionados teniendo a la vista el colosal achatamiento de escalas producido por la política del gobierno pero debe entenderse como una medida dictada por una situación de emergencia y en el marco del reclamo insobornable por el 82 % del salario testigo en actividad y la actualización integral de las remuneraciones.

La defensa de un aumento de emergencia para los hombres y mujeres de la tercera edad no es más que la defensa del salario y del trabajo. Los fondos para este aumento existen, sólo que están siendo usados para la ristra de entregas al capital - pago a Repsol, al Club de París...- y no se habilitan conscientemente otras disponibles: la restitución de aportes patronales, el gravamen a las rentas financieras, mineras y petroleras.

Deseamos fervientemente que el aumento de emergencia para los jubilados se convierta en consigna nacional y este proyecto ayude a lograr este objetivo.

Por todo lo expuesto, consideramos necesario e impostergable la aprobación del presente proyecto.