La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través de los organismos pertinentes, se sirva informar todas las cuestiones relacionadas con la asignación de recursos y criterios de distribución de la publicidad oficial:

¿Cuál es el monto total ejecutado en publicidad oficial en el período comprendido entre el 1° de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; y el ejecutado correspondiente a los meses transcurridos durante el presente año 2014? Discrimine dicha información por medio de: comunicación, proveedor, rubro, tipo de campaña, forma de contratación y organismo estatal solicitante.

¿Por qué motivos no se han publicado hasta la fecha en la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros los montos ejecutados en publicidad oficial durante el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2014?

Detalle la nómina de las campañas realizadas durante el segundo semestre de 2013 y el primer semestre del 2014. Remita la documentación correspondiente y precise: el objetivo de cada campaña; duración de la publicidad y extensión o medidas según corresponda; audiencia, lectores o transeúntes alcanzados por el medio de difusión elegido; evaluación del resultado.

Por qué razón se dispuso cada una de las reasignaciones de recursos destinados a publicidad oficial aprobadas este año y en qué porcentaje incrementaron el monto inicial asignado en el Presupuesto nacional 2014. Detalle las normativas que autorizaron dichos montos y a qué campañas publicitarias oficiales fueron destinados.

A través de qué mecanismos concretos se garantiza el cumplimiento del Artículo 76 párrafo 6° de la Ley N° 26522; precise qué topes de publicidad oficial se han establecido para los servicios de carácter privado comercial y cuáles para los sin fines de lucro; detalle en atención a qué condiciones se fijaron dichos topes. Asimismo, informe si estos topes resultan o no acumulativos con respecto a los recursos por publicidades oficiales otorgados por los restantes Estados provinciales o municipales.

Respecto al proveedor que publica el informe "Fondos Públicos destinados a la Difusión de los Actos de Gobierno" del 1° semestre de 2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya denominación o razón social figura como Mirabile Guillermo Fernando -con el código 6447-, lo siguiente:

Cuál es la actividad principal que se desarrolla bajo esa denominación o razón social;

Si esa denominación o razón social es propietaria o licenciataria de medios de comunicación o empresas vinculadas; en ese caso detalle cuáles.

Qué antecedentes y criterios fueron considerados a efectos de seleccionar al citado proveedor y otorgarle campañas publicitarias de los actos de gobierno.

Por qué motivos esa razón social no formaba parte antes del año 2013 de los proveedores a los cuales les fue asignado recursos de la publicidad oficial, según consta en los informes oficiales de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Qué campañas publicitarias de los actos de Gobierno le fueron asignadas durante el primer semestre del año 2013, período en el que obtuvo fondos por $ 5.890.280,50. Detalle tales campañas por rubro y piezas publicitarias en cada caso.

Cuáles fueron los montos ejecutados por el Estado a favor del proveedor; detalle por rubro durante el 2° semestre del año 2013 y en el transcurso del año 2014. Detalle qué campañas publicitarias de los actos de Gobierno le fueron asignadas durante dicho período, por rubro y piezas publicitarias en cada caso

Señor presidente:

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en pos de garantizar la libertad de expresión, entendida como el derecho a emitir, recibir y buscar informaciones, ideas y opiniones de toda índole, en condiciones que garanticen la pluralidad informativa; ya que a través de ellos pueden brindarse múltiples perspectivas y otorgar voz a todos los sectores de la sociedad al asegurar el derecho de acceder a una información de carácter diverso.

Uno de los elementos clave para la efectiva vigencia de la libertad de expresión y el ejercicio pleno de este derecho es la correcta distribución de la publicidad oficial -definida en los términos del Informe 2003 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se indica que la misma incluye "los anuncios pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material de software y video producido por el gobierno o patrocinado por éste, la campañas a base de folletos, el material publicado en Internet, las exposiciones, etc." y que se difunden con el objeto de informar sobre asuntos de interés público -lo que incluye temas ligados a la salud, la educación, la seguridad, la realización de elecciones, por ejemplo-, puesto que la obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión.

De igual modo así se define en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos en su apartado 13. "La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente.

La Jefatura de Gabinete de Ministros tiene publicado en su web un último informe que da cuenta de los montos derivados a la publicidad oficial hasta el 31 de julio de 2013. Sin embargo, hasta la fecha, se carece de información respecto de lo ejecutado con posterioridad a ese primer semestre de 2013, lo que dificulta que la ciudadanía pueda acceder a esta información que ya debiera ser pública.

Es de público conocimiento que por intervención de la Organización Poder Ciudadano, el Gobierno Nacional ha remitido parte de la información que solicitamos a la mencionada ONG, quién además en su web publica un análisis sobre los mismos, al tiempo que expresa que "pueden existir ciertos errores en los valores netos debido a las incongruencias en las distintas denominaciones de las campañas..."

Por otra parte, se solicita se informe de qué manera se ha dispuesto el cumplimiento del Artículo 76 párrafo 6° de la ley 26522 a los medios de comunicación audiovisuales y cuáles son los topes establecidos a los que alude la ley. En tal sentido, se puntualice si se han previsto condiciones adicionales para impedir que existan medios de comunicación financiados totalmente por el Estado a través de la acumulación de la asignación de recursos de publicidad oficial, ya que a la otorgada por del Estado Nacional puede sumársele la otorgada por los Estados provinciales o municipales.

Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión".

Desde esta perspectiva debemos procurar evitar la asignación arbitraria y discriminatoria de la distribución de los recursos públicos para la publicidad de los actos de gobierno.

Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.