El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1.- Crease en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la Comisión Multisectorial para la Defensa del Empleo.

Art. 2.- La Comisión será presidida por el Ministro de Trabajo y Empleo de la Nación y estará integrada por representantes del P.E.N, representantes de las comisiones de Trabajo de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación y representantes de las distintas organizaciones gremiales empresarias y sindicales, incluyendo en estas últimas tanto a las que tienen personería gremial como a las simplemente inscriptas.

Art. 3.- La Comisión tendrá como función el seguimiento del empleo, analizando las distintas circunstancias que afecten negativamente el nivel de empleo, a fin de consensuar los instrumentos apropiados para evitar despidos.

Art. 4.- En la medida que la situación esté localizada en una sola provincia o en el ámbito de la CABA, se invitará a las autoridades provinciales a integrarse a la comisión mientras se desarrolle el conflicto. En todos los casos, se mantendrán vínculos con las autoridades provinciales a fin mantenerlas informadas del curso de los acontecimientos y de desarrollar acciones conjuntas.

Art. 5.- Durante el plazo de vigencia de la presente, en todos aquellos supuestos en que se produzcan despidos, suspensiones o cualquier otra medida que afecta las relaciones laborales y que no corresponda la aplicación de la ley nacional N 24.013, el decreto N 328/88 y demás normativas concordantes, a pedido de la parte interesada, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación dentro del plazo de diez (10) días convocará a audiencia de partes con el objeto que se revea la medida.

Art. 6 .- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30) días corridos de su promulgación.

Art. 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El trabajo además de ser un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional que está amparado por numerosos tratados internacionales, es sobre todo, el fundamento de la autonomía de los ciudadanos. El trabajo es el gran integrador social, no existe autonomía individual y colectiva, no se alcanza la independencia personal y grupal, sino se tiene acceso en condiciones de legalidad plena. La cultura del trabajo, en la que tanto ahínco hemos puesto siempre los socialistas, debe ser defendida. Y el empleo, su principal motor, debe ser garantizado.

Las consecuencias sociales, económicas y psicológicas que genera una situación inestable laboral son profundas. Se altera la dignidad de los/las trabajadores/as y su entorno familiar, que sumado a la falta de ingresos mensuales tampoco se encuentra con la correspondiente cobertura médica, ni con los aportes para una futura jubilación.

Por otra parte, el clima laboral en las empresas se vería claramente afectado. Aquellos/as que sobreviven a estos recortes de personal sufren también un impacto psicológico alto debido a la inestabilidad y presentan cambios en su comportamiento que afecta a los vínculos con sus compañeros, como así también la productividad.

Cuando en el contexto económico aparecen señales de dificultades para mantener el nivel de empleo existente, es importante que los representantes legislativos y de los poderes públicos, revirtamos la lógica de intervención: en lugar de hacerlo posteriormente a que los hechos se produzcan, lo hagamos previamente, de manera preventiva, orientados a impedir que se concreten los problemas o a morigerarlos al máximo.

Esta tarea de seguimiento y monitoreo de las situaciones críticas de los distintos sectores económicos debe ser realizada en conjunto con los agentes económicos participantes y articulada entre los distintos niveles del estado.

Estos espacios, constituidos por representantes del estado, de los empresarios y de los trabajadores, permiten tener una mejor comprensión de la realidad, lo cual es la base fundamental para alcanzar consensos sobre que herramientas pueden resultar más apropiadas y que compromisos asumen cada una de las partes en ese proceso.

El tener un objetivo consensuado, como lo es prevenir que no se deteriore la situación del empleo en nuestro país, generará, entre otras características, una mayor fluidez en la tarea, circulación de información, y que no se tomen decisiones individuales sin un espacio de discusión previa.

Así como planteábamos en estos días previos la necesidad de la constitución del Consejo Económico y Social, para poder pensar un modelo de país, hoy planteamos la necesidad de poner en marcha esta Comisión para la Defensa del Empleo. Ambos instrumentos, diferentes entre sí por sus objetivos, sus integrantes y su durabilidad, tienen en común, sin embargo, la convicción que tenemos sobre la importancia y efectividad del diálogo social para enmarcar las políticas públicas.

A nivel internacional, la participación del estado, los empresarios y los trabajadores en la definición de las políticas económicas y sociales, no es solo una metodología que la OIT, (Organización internacional del Trabajo) impulsa de manera muy activa desde hace varias décadas, sino que "La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la única agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro singular en el cual los gobiernos y los interlocutores sociales de la economía de sus Estados Miembros pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y comparar políticas nacionales".

La propia organización plantea que "En todas las actividades de la OIT es importante la cooperación entre gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores para fomentar el progreso social y económico. El diálogo entre el Gobierno y los dos "interlocutores sociales" promueve los consensos y la participación democrática de los actores clave del mundo del trabajo".

La volatilidad de las variables económicas que está experimentando el país a partir del proceso de devaluación de la moneda y de las medidas adoptadas por el gobierno de restricción de las importaciones, configuran un marco que permite avizorar que, en el corto plazo, pueden aparecer dificultades relacionadas con la conservación de los puestos de trabajo.

La situación del mercado laboral, por otra parte, ya evidenciaba desde hace siete años, una disminución relativa en las tasas tanto de creación de empleo formal como en las de creación de empleo privado, hechos que reflejan la falta de inversión y de desarrollo de un sistema productivo más integrado. Además de que, de manera moderada todavía, según las propias estadísticas del INDEC, la tasa de desempleo comenzó a crecer, en relación a igual trimestre del año anterior, desde el tercer trimestre del 2012, recuperándose solo en las últimas mediciones del 2013. Es importante recordar que, en la metodología del INDEC, las personas que reciben planes sociales no son consideradas desocupadas.

Otra característica que ha posiblemente morigerado la evolución de la tasa de desempleo es que la creación de empleo del sector público, tanto nacional como provincial o municipal, fue mayor en términos porcentuales, no nominales, que en el sector privado. Mientras entre el 2007 y el 2011, la tasa de crecimiento anual del empleo fue del 3.2% en el sector privado, ascendió al 6.1% en el sector público. Dentro del empleo público, el mayor incremento se registro en el sector público provincial y luego en el municipal.

Las informaciones del Ministerio de Trabajo son coincidentes en esta línea, pues señalan que entre el cuarto trimestre del 2008 y del 2011, el empleo en el sector privado creció un 7% (406.000 nuevos puestos) mientras que en el sector público creció un 17% (213.000 puestos). Dentro del sector privado, la industria fue la que evidenció el crecimiento menor, un 4% (81.000 nuevos puestos).

Si tomamos todo el período posterior a la crisis que produjo la salida de la convertibilidad en el año 2002, podríamos detectar dos etapas. La primera entre fines del 2002 al 2006/2007 de fuerte recuperación del empleo, donde se evidenció en promedio la creación de aproximadamente 750.000 puestos de trabajo anuales. La segunda, desde el 2007 hasta el presente, se produce una disminución del ritmo de crecimiento de empleos. Hasta el año 2011, la creación de empleo estuvo más cerca de 240.000 puestos de trabajo anuales.

Tanto en la primera etapa como en la segunda, la tasa de informalidad laboral no evidencio el mismo descenso que la desocupación. Mientras la tasa de desocupación descendió del 21.9 al 7.9% entre el 2002 y el 2013. La tasa de informalidad pasó del 38.2% al 32% en igual lapso. Esto evidencia por otro parte, que hay una proporción del empleo que se crea es precario, el cual tiene un nivel de vulnerabilidad mayor frente a situaciones de crisis.

Durante un corto periodo de esta segunda etapa, los años 2007 y 2009, la reducción de la actividad económica producto de la crisis internacional, repercutió en el mercado laboral, produciendo un leve incremento en la tasa de desocupación. Frente a ello, se instrumentaron herramientas destinadas a evitar los despidos como el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que tuvo una incidencia positiva importante en la situación laboral.

En el caso específico de la provincia de Santa Fe, en ese período, se pusieron en marcha diversas medidas. Una de ellas fue el acercamiento directo y en terreno en toda la provincia por parte de las principales autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con interlocutores sociales. De esta manera se abría una comunicación directa que fue saludada como innovadora por empleadores y trabajadores. Junto a esto, la sanción de la ley 12.954 crea el Programa de Crisis Ocupacional que reúne a las asociaciones representativas de empleadores y trabajadores (CGT y CTA) y representantes de la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Santa Fe. Generándose un ámbito idóneo donde se estudiaron cada una de las distintas crisis con posibilidad de pérdida de empleo que se dieron en la provincia. De esta forma, se tomaron medidas ingeniosas para evitar despidos, entre ellas y a modo de ejemplo, la repartición del trabajo existente entre todos los/as trabajadores/as, aun con menos horas de trabajo.

Esta experiencia constituye uno de los antecedentes para la formulación de este proyecto.

El mantenimiento de los puestos de trabajo durante periodos de incertidumbre económica como el actual, debería convertirse en uno de los ejes centrales de la política laboral, a fin de prevenir situaciones de despidos o suspensión generalizadas.

En este sentido y a fin de poder realizar un seguimiento permanente de la situación laboral es que resultaría provechoso la creación de un ámbito de trabajo multisectorial conformado por el estado, las empresas y los sindicatos, que permita detectar las actividades que presenten dificultades que pongan en riesgo los puestos de trabajo, a fin de poder poner en marcha distintos instrumentos que creen una red de contención que permita mantener las fuentes de trabajo.

El presente proyecto apunta, pues, a garantizar un derecho fundamental y a abrir la puerta del diálogo entre sectores sociales. Nuestra idea de Argentina es la de un país que respeta y dignifica a los trabajadores. La de un país que resuelve sus crisis desde la solidaridad y la concertación, desde la defensa de los derechos y desde el diálogo.

Es por todo lo expuesto que pongo a disposición de mis pares el presente proyecto de Ley.