La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por la situación de desamparo en que se encuentran los/las trabajadores/as telefónicos/as que desde el año 1989, año en que se sancionó la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696, no les han sido entregados los bonos de participación en las ganancias y el Poder Judicial hasta el momento no ha hecho lugar al reclamo de alguno de los/las cuatro mil trabajadores/as.

Señor presidente:

Es bien conocido el proceso que se inició en la década del ´90, de privatización de todas las empresas estatales, que llevó a la ruina y a la muerte a muchos/as trabajadores/as de esas empresas.

En el año 1989 se sanciona la ley 23689 (Ley de Reforma del Estado), donde en su artículo 29 se establece el derecho a percibir bonos de participación en las ganancias a favor de los/las trabajadores/as de las empresas privatizadas.

Posteriormente en el año 1992 el Poder Ejecutivo a través de un decreto (395/92, artículo 4º), liberó a Telefónica de Argentina SA y a Telecom Argentina SA de la obligación impuesta en el artículo 29 de la ley 23689.

Por eso los/las trabajadores/as telefónicos promovieron acciones judiciales contra esas empresas y contra el Estado Nacional en reclamo de sus bonos de participación en las ganancias.

El 12-8-2008 la Corte Suprema dicta sentencia en la causa GENTINI (G. 1326 XXXIX) y declara la inconstitucionalidad del artículo 4 del Decreto 395/92 y reconoce el derecho de los trabajadores a percibir sus bonos de participación en las ganancias del artículo 29 de la ley 23.689; derecho que, hasta ese entonces, era negado por los tribunales inferiores ya sea porque se pronunciaban a favor de la constitucionalidad del artículo 4 del Dto. 395/92 o porque, lisa y llanamente, sostenían que el artículo. 29 de la ley 23.689 no reconocía ningún derecho a percibir bonos de participación en las ganancias.

Con posterioridad al fallo de la Corte Suprema in re GENTINI, los tribunales inferiores (en especial la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal) consideran que las acciones están prescriptas. El argumento es el siguiente: el plazo de prescripción es el decenal del artículo 4023 del Código Civil que se cuenta a partir del dictado o publicación del Dto. 395/92; de modo tal que las acciones prescribieron en 2002 (diez años desde 1992).

El argumento es insostenible, ya que el reclamo también abarca a los bonos correspondientes a los años 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.

Además, ¿cómo se le va a poner un plazo de prescripción a la acción de inconstitucionalidad del artículo 4 del Decreto 395/92 que formulan desde la demanda? La acción por inconstitucionalidad es imprescriptible.

Asimismo, con las diferentes resoluciones del Poder Judicial y además sabiendo que están en tratamiento diversos proyectos de ley que establecen un resarcimiento para todos los ex trabajadores/as o sus herederos/as es necesario expresar nuestra preocupación por los/as trabajadores/as telefónicos/as, que, aunque siguen prestando tareas, hace más de 20 años vienen reclamando por sus derechos sin ser escuchados/as.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto.