La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su homenaje a las víctimas y accidentados de la tragedia ocurrida en la estación terminal 11 de Septiembre de la Ex. Línea General Sarmiento, el día 22 de Febrero de 2012, al cumplirse dos años de tan lamentable suceso.

Solicitar al Poder Judicial de la Nación agote todas las instancias a su alcance, para individualizar, juzgar y condenar a los responsables de dicha tragedia, especialmente a los funcionarios públicos encargados de controlar el servicio de transporte público de pasajeros.

Señor presidente:

El 22 de Febrero de 2014, vamos a pasar un nuevo aniversario de la tragedia de Once, que se llevó la vida de 51 personas, y centenares de heridos, algunos gravísimos, realmente dudo si tragedia es el nombre que cabe asignarle a lo sucedido la mañana del 22 de Febrero en la Estación de once. La monumental prueba que se ha ido incorporando en la causa penal, como era de suponer, nos ha ratificado la desidia y despreocupación de muchas gestiones sobre el funcionamiento de los servicios públicos, en especial de uno de los más necesarios, pero también, de uno de los más riesgosos.

En el mes de mayo de 1995, la privatización del servicio correspondiente a la explotación de la ex línea General Sarmiento de la empresa Ferrocarriles Argentinos, se realizaba con la finalidad de obtener un servicio seguro y confiable y que proporcione un servicio cuya calidad y frecuencia sea superior al actual, niveles de tarifas de transporte acorde a los niveles de ingreso de la población, nuevas inversiones en infraestructura, más seguridad y un entorno de trabajo digno para los trabajadores del servicio" (conf. artículo 1°.I. "Declaraciones y Principios" de las cláusulas del contrato de concesión suscripto con relación a la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas Mitre y Sarmiento. En definitiva dicha medida era adoptada con el argumento que ello conduciría a una mayor efectividad en la gestión, reducción del gasto público, y mejores inversiones, de acuerdo a los planes que las empresas se comprometían a llevar adelante.

La situación, transcurridas casi dos décadas, nos encuentra con un consorcio de empresas, COMETRANS S.A y TRENES DE BUENOS AIRES S.A, explotadoras de la Línea Sarmiento, como destinatarias de cifras millonarias por parte del Estado, que son utilizados para gastos corrientes y destinadas casi con exclusividad a otros prestadores de ese mismo grupo económico. Algunos de ellos de difícil justificación por lo elevado del monto.

A tal punto llegan las irregularidades en el manejo de esos fondos públicos, que la justicia no pudo eludir su deber de investigar por separado la posible administración fraudulenta de fondos públicos por parte de los funcionarios y de los directores de las em- presas. No dejo de preguntarme cuántas complicidades públicas encontrará esa justicia en la investigación de esos otros hechos, que sólo fueron puestos bajo su lupa cuando se la anotició de tanta muerte evitable, la mañana del 22 de Febrero.

¿ Cómo es posible que ninguna de las denuncias efectuadas reiteradamente por empleados ferroviarios, ratificados por los informes de la Auditoría General de la Nación, haya merecido la intervención efectiva y oportuna de algún funcionario ?. Que nadie haya advertido que el deterioro sistemático y continuado conducía inexorablemente a la TRAGEDIA DE ONCE.

A lo largo de toda la documentación incorporada a la causa penal, no hay una sola constancia documental que demuestre entre los Directores de las empresas, cierto grado de preocupación por las condiciones del material rodante, ni las vías, ni la estación. Muy por el contrario, las actas de Directorio demuestran un marcado interés por las ganancias lucrativas para socios, las -supuestas nuevas inversiones en material rodante -, que los usuarios nunca vieron. En definitiva, en esas actas se hace gala de rimbombantes mejoras, haciendo gala de una desaprensión por el respeto a la vida humana de empleados y usuarios. Con solo repasar las grabaciones de las comunicaciones entre los conductores de las locomotoras y los controladores, se detecta una asombrosa naturalización de situaciones que en cualquier lugar civilizado hubieran causado la suspensión del servicio, hecho que finalmente TUVO que suceder inexorablemente, con la muerte de tantas personas y el horror instalado en tantas familias.

En ese escenario, el Poder Ejecutivo - a través de su proyecto de responsabilidad civil del Estado, pretende excluir su responsabilidad cuando se trata de daños provocados por empresas concesionarias de servicios públicos.

En lugar de asumir cabalmente que responsabilidad y advertir que su falta de gestión y control de las más mínimas condiciones de seguridad en el transporte de pasajeros causaron muerte y tragedia, opta por brindarse un escudo de inmunidad, contraria a la normativa internacional que garantiza la reparación integral de los daños para quien no tiene deber legal de soportarlos.

En este nuevo aniversario es necesario recordar a las víctimas, acompañar a los familiares en su dolor, pero también emitir una fuerte declaración por parte de esta Cámara de Diputados, exhortando al Juzgamiento de todos los responsables de la tragedia.

Por todo esto, solicito a los/as diputados/as acompañen el presente proyecto.