La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que corresponda, informe a la brevedad y por escrito sobre distintos aspectos relacionados con la implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo, transcurrido más de un año de su lanzamiento, a saber:

1. Partidas destinadas a solventar el desarrollo del referido Programa ejecutadas a la fecha.

2. Cantidad de cooperativas de trabajo inscriptas a la fecha en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), especificando distribución por municipios y por provincias.

3. Cantidad de tarjetas de cobro entregadas a la fecha, especificando cuántas pertenecen al Banco Nación y cuántas al Banco Credicoop Coop. Ltdo. Especifique qué criterios se siguen para determinar la tarjeta a través de la cual se cobra.

4. Funciones específicas del INAES en la implementación del Programa Ingreso social con Trabajo y dificultades con las que se ha encontrado en la implantación del mismo.

5. Delegaciones del INAES que se encuentran distribuidas en la Provincia de Buenos Aires, y localidades en las que tiene sede.

6. Otras provincias de la República Argentina en que se encuentran delegaciones del INAES. Especifique su localización.

7. Detalle monto total y componentes de los "módulos" de trabajo, y si los mismos varían por región.

8. Especifique a qué se refiere la página del Ministerio de Desarrollo Social cuando indica que los cooperativistas recibirán un "Ingreso mensual como anticipo de excedente, que será completado al término de las obras, oportunidad en que se distribuirá el resto de lo producido por la cooperativa". Detalle el mecanismo a través del cual se distribuirá el mismo una vez finalizadas las obras.

9. Porcentaje y monto total de los recursos del Programa destinados al pago de sueldos.

10. Porcentaje y monto total de los recursos del Programa destinados a capacitación, detallando criterios para la contratación de personal destinado a capacitar a los cooperativistas y sueldos que los mismos perciben. Informe si se han firmado convenios con algún organismo y/o institución a los fines de brindar dicha capacitación. En caso de resultar afirmativo, remita copia de los mismos.

11. Porcentaje y monto total de los recursos del Programa destinados a la compra de materiales para la ejecución de las obras.

12. Porcentaje y monto total de los recursos del Programa destinados a la compra de herramientas e insumos.

13. Remita copia a esta Honorable Cámara de los pliegos licitatorios para la compra de materiales para la ejecución de las obras, herramientas e insumos, detallando: características del proceso licitatorio, adjudicaciones a la fecha, monto total de los gastos efectuados a tal fin, listado completo de las empresas beneficiarias del proceso licitatorio y copia de los expedientes correspondientes.

14. Mecanismos de selección de las cooperativas y de los beneficiarios, y grado de competencia y/o nivel de intervención de los municipios y provincias en dicha selección. Especifique mecanismos de control de la misma y exigencias y/o directivas del Poder Ejecutivo Nacional al respecto.

15. Grado de competencia y/o nivel de intervención de cada uno de los Ministerios y Secretarias de Estado en la instrumentación del Programa.

16. Responsabilidad del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en la implementación del Programa, en cuyo ámbito se encuentra la Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO).

17. Mecanismos de articulación y coordinación que se han implementado con las distintas provincias y municipios, así como entre los distintos Ministerios y Secretarias de Estado y de éstos con sus pares provinciales, con la finalidad de lograr una correcta y eficaz administración de los recursos destinados a la implementación del Programa. Remita a esta Honorable Cámara copia de los convenios suscriptos a tal fin.

18. Próximos municipios y provincias donde será implementado, y criterios de selección de los mismos.

19. Especificaciones y/o directivas dictadas por el Poder Ejecutivo para garantizar una correcta y transparente publicidad previa de los operativos de inscripción de los potenciales beneficiarios.

20. Cantidad de recursos humanos y especialidad de los mismos que asigna el Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de la realización de visitas domiciliarias a los beneficiarios del Programa.

21. Instituciones públicas y privadas que tienen convenios con el Ministerio de Desarrollo Social para controlar, monitorear y evaluar la implementación del Programa. Remita copia a esta Honorable Cámara de los convenios suscriptos a tal fin, junto con los informes de evaluación de la implementación del Programa elaborados a la fecha por las mismas.

22. Denuncias recibidas en el 0800-222-3294. Tipifique características de las mismas, respuesta que se les ha dado y acciones judiciales o administrativas iniciadas por efecto de las mismas.

23. Qué obras sociales han sido contratadas a los efectos de dar cobertura a los trabajadores del Programa, y cómo evalúa el Poder Ejecutivo el desempeño y las prestaciones otorgadas por parte de las mismas. Informe asimismo si se han corregido los inconvenientes con la obra social OSECAC.

24. Informe sobre la cantidad y tipo de accidentes de trabajo que se han producido a la fecha, y la respuesta por parte de la ART correspondiente para cada caso.

25. Cantidad de planes de obra realizados, detallando características y ubicación de las mismas.

26. Informe proyectos a desarrollar por las cooperativas, especificando qué organismo es el encargado de centralizar esa información y aprobar los planes de obra.

27. Función de las provincias y municipios en la planificación de las obras a desarrollar.

28. Detalle mecanismos de rendición de cuentas por parte de las cooperativas, municipios y provincias. Informe cuál es el organismo responsable de centralizar y monitorear esta información.

29. Remita copia a esta Honorable Cámara de los "Informes de avance de obra" que los distintos Municipios y provincias han entregado al día de la fecha.

30. Si las cooperativas de trabajo del Programa se insertan en el marco normativo compuesto por las leyes N° 20.337 de Cooperativas, y sus normas complementarias, y Nº 20.321 de Asociaciones mutuales, y sus normas complementarias, siendo la Autoridad de Aplicación que surge de dichas leyes y decretos reglamentarios el INAES, habida cuenta que el Decreto 1.067/09 y la Resolución 3.182/09 del Ministerio de Desarrollo Social enmarcan el Programa en el ámbito de la Economía Social, articulándose a través de la participación de cooperativas de trabajo y mutuales.

31. Métodos para garantizar la autogestión de las cooperativas, evitando que las mismas queden a disposición para su utilización por parte de los gobiernos municipales y/o provinciales en labores que difieren de los establecidos en el Programa.

32. Detalle mecanismos de monitoreo y evaluación de la ejecución del Programa, especificando qué organismos son responsables de su correcta implementación.

33. Detalle participación de las Universidades Nacionales y remita copia de los convenios suscriptos a tal fin, así como informes elaborados por las mismas en relación a la implementación del Programa.

34. Detalle a través de qué mecanismos de control se verifica que cada cooperativa ha contratado un seguro de vida personal y ante terceros, cuyo costo forma parte -y esta estipulado a tal fin- del Programa.

35. Remita copia de los módulos de capacitación en primeros auxilios, salud, oficios de construcción y seguridad laboral, cooperativismo y oficios, reglamento interno de las cooperativas, y cualquier otro que el Programa estipule. Detalle asimismo requisitos para obtener el certificado de salud.

36. Remita a esta Honorable Cámara evaluaciones y conclusiones provisorias del Ministerio de Desarrollo Social en relación a la implementación del Programa.

37. Remita a esta Honorable Cámara evaluaciones y conclusiones provisorias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en tanto espacio articulador de planificación y coordinación de la política social nacional, en relación a la implementación del Programa.

38. Plazo previsto de duración del Programa.

39. Cualquier otra información que sirva al presente.-

Señor presidente:

Ha pasado un año de la creación del Programa Ingreso Social con Trabajo, también denominado Programa Argentina Trabaja, que fuera creado en agosto de 2009 por la Resolución 3182/09 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el Decreto N° 1067/09 que estableció su Unidad Ejecutora.

Las irregularidades denunciadas por diversos sectores sociales y políticos a lo largo de estos primeros doce meses de implementación efectiva, dan cuenta de la importancia de una evaluación periódica de éste y de todos los programas sociales financiados con recursos federales, así como la publicidad de los resultados alcanzados, de modo tal que la sociedad pueda saber en qué, cómo y con qué impacto se están invirtiendo los recursos públicos.

El objetivo principal del Programa, que se proponía promocionar el desarrollo económico y la inclusión social a través de la creación de nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario, ha mostrado en los hechos estar bastante alejado de estos ideales. La puesta en marcha se desarrolló, exclusivamente por cierto, en el conurbano bonaerense y en el interior del país (provincia de Tucumán y ciudad de Corrientes) con grandes dificultades que surgieron de arbitrariedades e implementación inequitativa de tan ambicioso plan, las cuales ocasionaron la presentación de numerosas denuncias por parte de Organizaciones Sociales y ciudadanos no enrolados en ninguna agrupación en particular que se sentían discriminados por no poder ingresar en las mismas, aún cuando hubiesen cumplido con todos los requisitos legales exigidos, así como realizado todas las presentaciones en su debido tiempo y forma, o haber sido expulsados de las mismas de manera absolutamente arbitraria.

Ante tales reclamos por falta de trasparencia en la implementación del Programa en cuestión, en esta Honorable Cámara se han presentado numerosos proyectos que tienen por objeto que el Ejecutivo Nacional de cuenta, entre otros, de los mecanismos establecidos para la selección de las cooperativas; los criterios establecidos para la elección de Municipios beneficiados por el programa; la cantidad de Municipios en que se implementa; la cantidad de cooperativas de trabajo que se han incorporado al Programa; el plazo en que la instrumentación del programa se extenderá a las demás Provincias Argentinas; los indicadores sobre los cuales se diseñó el Programa; los mecanismos de monitoreo, etc.

Estos antecedentes legislativos ignorados, sumados a las numerosas denuncias por discriminación presentadas por las organizaciones o ciudadanos no incluidos, nos llevan a solicitar nuevamente al Poder Ejecutivo información sobre los que consideramos algunos de los aspectos más relevantes del desarrollo y aplicación del Programa. La falta de transparencia y las irregularidades denunciadas en la implementación de un Programa de tal envergadura, ameritan una respuesta detallada por parte del Poder Ejecutivo.

Resulta oportuna la ocasión para destacar algunos puntos problemáticos relacionados con la ejecución del Programa que hemos detectado y receptado por parte de ciudadanos y organizaciones afectadas por los mismos. Según estipula el Programa, a las cooperativas no podrán ingresar quienes tengan ingresos por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Programa de Empleo Comunitario, Pensiones no Contributivas u otros. La excepción es el Plan Familias y un alto grado de vulnerabilidad certificado. Esto ha ocasionado en la práctica numerosas demoras debido a que, para la aceptación de los anotados, se cruzan 650 bases de datos por cada uno de ellos (a través de los registros de la Anses, el SINTyS -Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social- y la AFIP). Estas complicaciones han dejado en evidencia la imperiosa necesidad de un registro unificado de beneficiarios de planes sociales que facilite el seguimiento e implementación de todas las políticas sociales en marcha. Sucesivos informes realizados por parte de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación advierten sobre la dificultad que esta situación acarrea a los efectos de un mejor control de los programas, provocando asimismo la superposición de los mismos.

Asimismo, y relacionado con lo anterior, nos parece relevante avanzar en la implementación de mecanismos institucionales de evaluación del impacto de los programas sociales en ejecución o a ejecutarse. Tal ha sido el objetivo de la presentación por parte del Sr. Diputado Eduardo Amadeo del proyecto Nº de Exp. 3046-D-2010, el cual hemos acompañado, que establece la obligación de evaluación periódica de todos los programas sociales financiados con recursos federales, la obligación de publicidad de los resultados de su implementación, y la creación de una Agencia Nacional de Evaluación que tenga como función no sólo la evaluación de dichos programas (y que ya existe en países como México, Chile y España), sino también "ayudar al desarrollo de culturas y técnicas propias de un objetivo tan importante en todas las provincias y municipios, estableciendo diagnósticos, metas y objetivos que los ordenen bajo un marco lógico que dé coherencia a toda la acción". No podemos más que coincidir con el diputado Amadeo cuando observa que se han registrado altos niveles de rechazo a programas bien diseñados y aplicados por la sospecha generalizada de su utilización con fines partidarios.

Los trabajadores son inscriptos como efectores sociales, por lo que tienen acceso al monotributo social, al cual deberá ser inscripto por parte de los municipios intervinientes. Monotributo que garantiza a los trabajadores aportes jubilatorios y un adicional por hijo. Este es otro de los puntos oscuros de la implementación del Programa, habida cuenta de la enorme cantidad de denuncias por parte de los trabajadores en las cuales se dejaba constancia que los municipios incumplían esta obligación.

Los cooperativistas reciben los ingresos mensuales a través de una tarjeta personal del Banco de la Nación Argentina o del Banco Credicoop, que no tiene costo. Al respecto la ministra Alicia Kirchner expresó el 20 de enero del corriente año, en la localidad bonaerense de Lanús, que "por decisión de la presidenta, Cristina Fernández, todos cobran con tarjeta del Banco Nación o del Credicoop, según la obra que se esté realizando". En tal sentido solicitamos al Poder Ejecutivo que informe qué criterios se siguen para determinar la tarjeta a través de la cual se cobra.

El Programa establece que las cooperativas deben realizar obras públicas locales para mejorar la calidad de vida de los barrios más vulnerables de cada municipio o localidad. Oficialmente no deberán suplir el trabajo que realizan de manera permanente los trabajadores municipales o de las empresas en la que los municipios tercerizan servicios. Sin embargo, hemos tomado constancia de que esto no ha sido así. En varios municipios los cooperativistas son obligados a ocupar puestos de trabajo de los municipales efectivos (en Obras Publicas, en Tránsito, en jardines de infantes, en hospitales como telefonistas, en las municipalidades como administrativos, etc.). Esta situación resulta en una precarización de todo el trabajo del estado municipal en el distrito, y un debilitamiento de la organización gremial municipal.

Tras lo sucintamente enumerado hasta aquí, que son sólo algunos de los puntos donde el Programa presenta graves y preocupantes falencias, sumado a las numerosas irregularidades denunciadas en relación a la implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo, consideramos resulta necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional establezca criterios transparentes y fundados de distribución de los recursos destinados a la implementación del Programa, junto con mecanismos de monitoreo y evaluación de la ejecución del mismo que garanticen la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que se solicita a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-