La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos referidos a las reiteradas fugas y/o escapes producidos en establecimientos penitenciarios y comisarías de todo el país:

a) Bajo la competencia de dicho Ministerio se encuentra la responsabilidad de "Entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales"; al respecto, ¿qué medidas se están tomando desde su Ministerio para frenar la constante ola de fugas que hace años crece en todo el país?

b) ¿Existe algún programa o protocolo de coordinación entre los establecimientos penales dependientes de las provincias y el Gobierno Nacional que contemple acciones en conjunto para poder disminuir la cantidad de fugas?

c) ¿Existe en la órbita del Ministerio de Justicia y DDHH algún seguimiento, estudio o índice que de cuenta al Gobierno y a la población en general sobre el número de prófugos e intentos de escape en el orden Nacional?

d) ¿A qué atribuye el considerable aumento de fugas de los últimos dos años?

e) ¿Cómo califica el estado de las medidas de seguridad y la infraestructura que hoy ostentan los establecimientos penitenciaros?

f) ¿Existe un plan de obras que contemple el mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios? ¿El Estado Nacional considera hacer aportes para colaborar con la mejoras en aquellos que no son federales?

g) ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta la Dirección de Servicios Penitenciarios Federales y la Subsecretaria de Infraestructura Penitenciaria y cuál es el estado de ejecución de dicho presupuesto en base a los años 2011, 2012 y 2013?

h) ¿Existe un relevamiento nacional que permita conocer en detalle el estado de la infraestructura de los establecimientos penales de todo el país?

i) Dado que muchos de los delincuentes que se dieron a la fuga tanto en 2013 como en lo que va de 2014, están vinculados al narcotráfico y en base al carácter federal que reviste dicho delito, ¿se están tomando medidas para reforzar el marco de seguridad de personas vinculadas a este delito? ¿Han incorporado cambios en el protocolo de traslados de este tipo de presos?

j) Siguiendo con los casos de fugas de establecimientos penitenciarios provinciales relacionados al narcotráfico, ¿Existe un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y DDHH y las instituciones provinciales para poder re capturar a quienes se han dado a la fuga?, ¿Qué recursos concretos aporta el Gobierno Nacional a las Provincias para alcanzar este objetivo?

k) En los últimos días, importantes medios periodísticos dieron cuenta de la existencia de decenas de armas y celulares en tenencia de los internos del establecimiento de máxima seguridad en Campana, ¿Qué medidas se están implementando desde el Ministerio de Justicia y DDHH para evitar la proliferación de estas situaciones? ¿Existe algún programa que establezca protocolos de requisa y controles comunes aplicables a todos los establecimientos del país?

l) En el último período, se han sucedido frecuentemente los titulares del Servicio Penitenciario Federal; más allá de la responsabilidad política que pueda existir en las razones que dan motivo a dichos cambios, ¿Existe un plan a mediano y largo plazo desde el Ministerio de Justicia y DDHH, para evitar que los reemplazos constantes no afecten el avance y el funcionamiento de dicha área?

Señor presidente:

Motiva el presente pedido de informes los hechos de público y notorio conocimiento vinculado al altísimo número de fugas que han tenido lugar en el año 2013 (134) y las que llevamos al 20 de enero de 2014 (34).

La Ley de Ministerios le otorga al Ministro de Justicia y Seguridad (tal como citamos ut supra), la facultad de "Entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y de sus servicios asistenciales promoviendo las mejoras necesarias para lograr la readaptación del condenado y el adecuado tratamiento del procesado y la efectiva coordinación de la asistencia post-penitenciaria"; en consecuencia el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos en miras a procurar la materialización de la justicia en todo el territorio de la Argentina.

El constante cambio de jefes del Servicio Penitenciario Nacional sumado a los cada vez más graves casos de fugas y violaciones a los protocolos de seguridad carcelarios, nos llevan a interpretar una constante improvisación de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad.

Sumado a las fugas de presos por delitos comunes, detectamos que gran parte de los prófugos son criminales vinculados al narcotráfico, lo cuál aumenta nuestra preocupación por las implicancias que el desarrollo y crecimiento que este tipo de organizaciones delictivas puedan tener para nuestra sociedad.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.