La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo Nacional que convoque a través de los organismos que corresponda, en el transcurso de la primer quincena del mes de enero a la paritaria docente nacional, a efectos de definir la pauta salarial testigo que será tomada como base en las respectivas negociaciones provinciales.

Asimismo se considera procedente que a través del Consejo Federal Educativo se invite a las provincias a llevar adelante las correspondientes paritarias en cada una de las jurisdicciones, con el propósito que las mismas se concreten durante el mes de enero, y puedan concluir, por lo menos, quince días antes del inicio del ciclo lectivo.

Señor presidente:

Todos los años el tema central para el inicio de las clases está atado a las negociaciones salariales, y éste no parece ser la excepción, sin embargo estamos convencidos que en esta oportunidad debemos anticiparnos a los hechos, para evitar que la dilación de las paritarias, como fue la experiencia pasada, termine retrasando el inicio de clases, con un único perjudicado como son los chicos que no llegan a tener la cantidad mínima de días de clases.

En función de ello se considera que las paritarias no pueden empezar en febrero, porque el riesgo que su extensión haga peligrar el inicio de clases es alto, es imprescindible que tanto el gobierno nacional en la convocatoria de la paritaria nacional y los gobiernos provinciales en sus correspondientes jurisdicciones hagan los esfuerzos necesarios para que estas negociaciones se inicien y concluyan durante el mes de enero. La política debe tener capacidad de anticipación y no perder tiempo innecesario porque la formación de los chicos debe ser prioritaria.

La paritaria docente nacional es clave porque funciona como caso testigo para la negociación de los aumentos salariales en las provincias, que son las que en definitiva terminan fijando los salarios docentes. El gobierno nacional también debe reconocer que no puede aplicar el mismo criterio de los últimos dos años, cuando fijó la pauta salarial por decreto, dado los importantes niveles de desfasaje que hoy existen en los ingresos del sector. Además tiene que seguir comprometiéndose con el sostenimiento del fondo de garantías para aquellas provincias que no llegan a alcanzar a pagar ese mínimo, como así también a otras jurisdicciones, como Buenos Aires, que recibe una de las más bajas coparticipación per cápita ($2.103 versus $11.343 que recibe por ejemplo Santa Cruz).

En un escenario inflacionario como el que se está registrando actualmente, sin lugar a dudas, reclamos de aumentos salariales de la mayoría de los trabajadores, muchos de los cuales vieron reducir el poder adquisitivo de sus ingresos durante el 2013, como es el caso de los docentes, quienes recibieron incrementos salariales muy inferiores a la tasa de inflación.

Aunque en los últimos años aumentó el presupuesto educativo hasta alcanzar el objetivo del 6% del PBI, sin embargo ello no se tradujo en una mejora en la calidad educativa, ya que las últimas pruebas demostraron que los alumnos argentinos no reúnen los saberes mínimos en lectura, matemáticas y ciencias. Ello lleva a la necesidad de plantear no sólo mejoras en los niveles salariales de los docentes, sino también a un cambio integral del sistema educativo, que permitan asegurar una educación de calidad e igualdad de posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.

En el sistema educativo de calidad la clave es el docente. Los sistemas educativos con mejores resultados pueden ser diferentes en varios aspectos, pero todos tienen algo en común: una docencia con prestigio y con una sólida formación. Y es responsabilidad del Estado fortalecer a la docencia. Asimismo, la desigualdad del sistema educativo se sigue acentuando, pues los logros de aprendizajes son bajos y desiguales. La diferencia entre lo que aprenden ricos y pobres en Argentina es una de las más grandes del mundo.

La ausencia de una clara política de Estado orientada a erradicar la pobreza y la desigualdad hace que el sistema educativo siga estando lejos de cumplir su objetivo primordial, que consiste en garantizar igualdad de oportunidades y de integración social.

La situación de precariedad laboral y social que actualmente presentan los jóvenes de entre 18 y 25 años, entre los cuales casi el 40% -en su gran mayoría pertenecientes a hogares pobres- no cuenta con estudios secundarios completos y están desempleados, es un importante problema que el gobierno nacional todavía no supo resolver, por ello es imprescindible generar políticas sociales y educativas de inclusión, donde no sólo se logre el acceso a la escolaridad obligatoria, sino también implique brindar la jornada de escolaridad completa o extendida prevista por la ley, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. El gobierno debería garantizar la obligación de brindar contenidos y servicios educativos de alta calidad, sólo ello permitirá igualar las oportunidades de cada individuo, de manera independiente de su origen geográfico o económico.

Una vez que se logre concluir con las negociaciones salariales, se debería avanzar en los otros aspectos del sistema educativo, que hacen a reclamos elementales de las condiciones de la educación en nuestro país, sin embargo hoy lo urgente es lograr la convocatoria a las paritarias docentes, para evitar la demora en el inicio de las clases y las graves consecuencias en materia de educación y de organización cotidiana de las propias familias que ello origina.

Esperando ser acompañados en la presente iniciativa, elevamos el presente proyecto de Resolución a consideración de esta Honorable Cámara.