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PROYECTO DE TP
Expediente 8066-D-2013
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR EL ASCENSO DEL GENERAL CESAR LUIS MILANI AL GRADO DE TENIENTE GENERAL Y SU NOMBRAMIENTO COMO JEFE DEL EJERCITO ARGENTINO, Y RECLAMAR AL PODER EJECUTIVO SU INMEDIATA DESTITUCION DEL CARGO.
Fecha: 27/12/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 191
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Repudiar el ascenso del General César Luis
Milani al grado de Teniente General y su nombramiento como Jefe del Ejército
Argentino.
Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional su
inmediata destitución del cargo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombramiento de César Luis Milani, como
Jefe del Ejército, y su reciente ascenso a Teniente General, a pesar de las numerosas
denuncias de familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y
diversas organizaciones sociales y políticas del país que pesan sobre su persona, en cuanto
a su vinculación con casos de desapariciones de personas durante la última dictadura militar
de 1976 al 1983, constituye un agravio y atropello a la lucha que por casi cuarenta años
vienen llevando adelante los organismos de derechos humanos y el movimiento popular
argentino por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio.
Los organismos de derechos humanos y
organizaciones políticas llevan realizadas contundentes y sólidas denuncias que sustentan
este proyecto de resolución. Nos referimos a las que vinculan al ahora Teniente General
Milani con la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Agapito Ledo, con el secuestro y
torturas que sufrieran Ramón Alfredo Olivera -y su padre-, en un centro clandestino de La
Rioja y con el secuestro del periodista riojano Oscar Plutarco Schaller (causa 1828/00
contra Luciano Benjamín Menéndez). Estas gravísimas acusaciones fueron realizadas hace
décadas por las víctimas y sus familiares. A ello se debe agregar la participación de Milani
en el "Operativo Independencia", que eliminó físicamente a gran parte de la militancia
obrera y juvenil de la provincia de Tucumán; su paso como oficial de inteligencia por el
Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 con sede en La Rioja, que fue el epicentro de
la represión en aquella provincia y donde funcionó un Centro Clandestino de Detención, y
finalmente, su paso también por el Batallón de Inteligencia 601, de acuerdo a los listados
desclasificados y publicados por primera vez en febrero de 2010 en la revista Veintitrés. No
podemos dejar
de señalar que allí Milani compartió tareas de
espionaje para el secuestro, tortura y desaparición de personas junto al actual titular de la
UOCRA, Gerardo Martínez, integrado también como Milani al supuesto "proyecto
nacional" que se pregona desde el gobierno nacional.
Como es de público conocimiento, los
senadores del oficialismo y sus aliados adujeron la figura del principio de inocencia para
sostener su designación, a pesar de que Milani está siendo investigado por estos crímenes y
delitos. Sin embargo, esto contradice numerosos antecedentes de ascensos a militares
objetados por militantes y organismos de derechos humanos en virtud de los cuales fueron
denegados por la Cámara Alta. Fueron los casos, por ejemplo, de Rafael Braga (pliego
rechazado el 18 de diciembre de 2002, condenado a prisión perpetua tiempo después) y de
Julio César Binotti (pliego rechazado el 27 de noviembre de 2002, actualmente imputado en
la causa ESMA por su participación en los llamados "vuelos de la muerte"). No nos
equivocamos si consideramos la designación de un represor de la dictadura al frente del
Ejército como un punto final en la demagogia derecho humanista del gobierno nacional y
como un fuerte golpe a la lucha popular por el juicio y castigo a los asesinos, genocidas y
represores de ayer y de hoy. Un gobierno que pasó de "descolgar el cuadro de Videla" a
designar a un acusado por genocidio como máximo exponente del ejército deja claro que en
vez de "defender los derechos humanos", como lo ha venido diciendo con su doble
discurso, los viola.
Milani es un oficial del Servicio de
Inteligencia del Ejército, jefe de ese organismo, que además, por primera vez en la historia,
conserva ambos cargos. Ese servicio de inteligencia está denunciado -como los servicios de
inteligencia de la Policía Federal y de Gendarmería- por espionaje interno a las
organizaciones de trabajadores, populares y políticas. Incluso, han reasignado partidas
presupuestarias y le otorgaron a inteligencia del Ejército fondos adicionales ($ 1.325
millones de partidas extras), mayores que los que recibe la propia SI del Estado. Se advierte
claramente en el perfil de la designación una orientación política sobre el rol del Ejército en
cuestiones internas, lo que junto a los antecedentes como represor de la dictadura,
configuran un claro peligro para la plena vigencia de las libertades democráticas. Esa
presunción de intervencionismo del Ejército en cuestiones internas se vio confirmada con el
desplazamiento de tropas que colaboraron con otras fuerzas de seguridad
en la provincia de Santa Cruz para el desalojo
de familias sin techo ocupantes de tierras. El ex Presidente Fernando De la Rúa intentó
utilizar a esta fuerza para sofocar la rebelión popular de diciembre de 2001, sin éxito. En
los últimos días se emitió un radiograma con "orden de apresto" para los efectivos del
Ejército hasta el 31 de diciembre del corriente por las tensiones sociales que rodean este fin
de año 2013 de aguda inflación y reclamos sociales y salariales. El gobierno nacional está
dando continuidad a la repudiada aprobación de la llama Ley Antiterrorista, con una
jefatura del ejército a la medida de la aplicación de esa ley que introduce las herramientas
de un estado de excepción contra las libertades democráticas.
Si el oficialismo, a pesar de los
cuestionamientos, decidió ignorar estas denuncias y precedentes es por estos motivos de
fondo. No se puede soslayar que el nombramiento del cuestionado Milani se produce en un
marco de crisis de fin de ciclo del Gobierno y de una aguda descomposición de los aparatos
de seguridad y en un marco donde arrecian los reclamos populares contra la carestía y el
ajuste sobre las condiciones de vida, lo que constituye, a juzgar por la experiencia, una
clara señal de reforzamiento del aparato represivo del Estado, en momentos de crisis
económica y política, que será oportunamente utilizado contra los reclamos del movimiento
popular y los trabajadores. Ya es parte de una "política de Estado" de este Gobierno utilizar
a las fuerzas armadas para la represión interior y el espionaje político contra opositores, en
lo cual la Gendarmería Nacional es un caso emblemático. César Luis Milani colaboró con
la profundización del Proyecto X, conjuntamente con la ex ministra de Defensa Nilda
Garré. Recordemos, también, que dicho programa de espionaje contra organizaciones
políticas y sociales opositoras tiene su cabecera en Campo de Mayo, una dependencia del
Ejército y la Gendarmería.
Vale decir que la designación de Milani viene
a jugar un rol político concreto en la crisis actual.
El Gobierno Nacional pretende volver a darles
a las FFAA un protagonismo político, cuestión que se evidenció en el discurso de asunción
del propio Milani, quien se encargó de destacar su intención de poner al Ejército al servicio
de un supuesto "proyecto nacional".
Más allá de su alineación política real, lo que
traduce de gravitar en el poder político y la crisis política en curso.
César Luis Milani no sólo no debería haber
sido ascendido y designado como Jefe del Ejército, sino que debería estar siendo juzgado
por crímenes de lesa humanidad. Si aún no lo está -al igual que miles de partícipes
militares y civiles del genocidio- se debe al imperio durante más de 17 años de las leyes y
decretos de impunidad impuestos por gobiernos radicales y justicialistas, y a un sistema
actual de juicios donde toda la carga de la prueba cae sobre los pocos sobrevivientes del
genocidio, mientras que el Estado cuenta al día de hoy con archivos que este Gobierno, al
igual que sus antecesores desde 1983, se niega a hacer públicos.
Por todo lo expuesto, llamamos a esta Cámara
de Diputados y al pueblo trabajador, a acompañar el presente proyecto de resolución. No
sólo están en juego la reivindicación de la lucha de más de 35 años por el juicio y castigo a
los genocidas: será también una fuerte señal de rechazo y resistencia ante los preparativos
que están en marcha de reforzamiento del aparato militar y de espionaje, que apuntan
inequívocamente contra el movimiento popular.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
PITROLA, NESTOR ANTONIO | BUENOS AIRES | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES |
DEL CAÑO, NICOLAS | MENDOZA | PTS - FRENTE DE IZQUIERDA |
LOPEZ, PABLO SEBASTIAN | SALTA | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
DEFENSA NACIONAL (Primera Competencia) |
Trámite
Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
---|---|---|---|
Diputados | SOLICITUD DE SER ADHERENTE DE LA DIPUTADA ARGUMEDO (A SUS ANTECEDENTES) |