La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacio- nal que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre la consti- tución y reconocimiento del Consejo de Coordinación en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas cuya creación prevé la ley 23.302 de política indígena y apo- yo a las comunidades aborígenes, y respecto a los siguientes puntos:

a) Si el Ministe- rio de Desarrollo de la Nación o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le ha informado de la sanción conminatoria (astreintes) de CIEN PESOS ($100.-) diarios que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal aplicó a dicho ministerio mediante sentencia del 18 de abril de 2008 y de la de DOSCIENTOS PESOS ($200.-) que aplicó al presidente del INAI el 4 de diciembre de 2008 por la reiterada omisión al cumplimiento de la sentencia que ordena la constitución del Consejo de Coordinación (como ór- gano del INAI conforme lo establece el artículo 5° de la Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes y su Decreto Reglamentario N° 155/89 - artículo 10° segunda parte -) y que dicha constitución debe hacer- se a través de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que ratifique la designa- ción previa propuesta por el Presidente del INAI. Que a tal efecto la Sala II de la Cámara en la Contencioso Administrativo Federal el 18 de septiembre de 2007 en el juicio "ASOCIACIÓN INDÍGENA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO" (iniciado por dicha asociación en el año 1991) expresó "XI.- Que la situación expuesta afecta el propio sistema republicano de gobierno que la Constitución Nacional estableció en su Art. 1°, porque el incumplimiento de la voluntad legis- lativa (ley 23.302/85) y de la decisión judicial (sentencia fs. 545/550 y 999/1001) importa el avasallamiento a la división de poderes del Estado. Por lo expuesto, corresponde intimar a la demandada para que en el plazo de 30 (treinta) días hábiles administrativos, acredite de modo fehaciente la conforma- ción del Consejo de Coordinación y del Consejo Asesor, indicando sus integran- tes y la modalidad de su actuación, bajo apercibimiento de aplicar las astreintes que el magistrado de la instancia previa fije por cada día de retardo". Y asimis- mo, también solicitamos se informe si el Ministerio de Desarrollo Social le ha informado que la Sala II de dicho Tribunal el 17 de marzo de 2009, en decisión por la que desestimó la apelación de dicho ministerio, expuso: "VIII.- Que, por lo demás, tampoco resultan procedentes los agravios expresados por la refe- rencia de la Sra. magistrado a quo, a la refrenda del decreto que ratifique la designación efectuada por el Presidente del INAI, no sólo porque no se advierte de qué modo afecta a la demandada la decisión indicada, sino que además, surge del dictamen jurídico obrante a fs. 1320/1322 que el Director de Asuntos Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Desarro- llo Social, opinó - en oportunidad de pronunciarse sobre el proyecto de decreto elaborado por la demandada -, que éste podía refrendarse, en uso de las facul- tades conferidas por la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y com- plementarias. Ello así, habiendo sido sugerido por el órgano asesor del Ministe- rio mencionado, no se advierte cuál es la causa que justifique que, cuando es ordenado por la sentenciante, se torne de imposible cumplimiento".

b) Si el Ministerio de Desa- rrollo de la Nación o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le ha informado del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptando el reclamo de las comunidades integradas por indígenas ranqueles localizados en las provincias de San Luis y La Pampa, por lo que con- sideran actos discriminatorios del Estado Nacional contra los pueblos indíge- nas.

c) Solicitar a la Presidencia de la Nación la firma del Decreto que ratifique los delegados indígenas en el Consejo de Coordinación del INAI para que por fin se constituya legalmente el mismo, así como la designación de los funcionarios previstos (Art. 9 Decreto reglamentario N° 155/89). Esto en razón de haber considerado que ni el Minis- terio de Desarrollo Social ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) han hecho conocer debidamente a la Presidencia de la Nación los fallos del Po- der Judicial de la Nación y que esto ha provocado la omisión reiterada del Poder Ejecutivo Nacional a lo ordenado por el Poder Legislativo y el Poder Judi- cial.

Señor presidente:

A fin de la acabada comprensión de la injusticia que aún sostiene el gobierno nacional para con los pueblos indí- genas, luego de ya más de 20 años del juicio iniciado por la Asociación Indíge- na de la República Argentina para instar a que el gobierno cumpla con la ley 23.302 sancionada hace 25 años, tenemos aquí las numerosas y extensas sen- tencias por las que el Poder Judicial insta a que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas esté legal y funcionalmente constituido a fin de iniciar el proceso de resarcimiento a los pueblos indígenas y puedan estos alcanzar el objetivo indi- cado en el artículo 1° de la Ley 23.302 que reza:

Declárase de inte- rés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preser- vación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

Téngase presente que sin la cons- titución del órgano Consejo de Coordinación dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es a todas luces imposible de cumplirse ese objetivo y que toda acción iniciada hasta la fecha por dicho instituto ha sido radicalmente dis- criminatoria por la ausencia de participación indígena que resulta indispensable para respetar los propios valores y modalidades de los pueblos indígenas.