La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación y rechazo por la negativa del Poder Ejecutivo Nacional a desclasificar y dar a conocer el contenido de 478 decretos secretos de la última dictadura cívico militar, y solicitar al mismo a que de cumplimiento inmediato a la publicidad de los mismos.-

Señor presidente:

Ya han pasado 36 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, donde la más sangrienta y perversa dictadura cívico militar secuestró, mató y hizo desaparecer a 30.000 ciudadanas y ciudadanos argentinos que luchaban por un país más justo, equitativo e igualitario. Por ello no se entiende que un gobierno surgido del voto popular se niegue a dar a conocer decretos secretos de aquella nefasta época, los que seguramente, sacarían a la luz hechos y daría quizás respuesta a muchos de los angustiosos interrogantes que venimos arrastrando a través de los años.

Este pedido surgió a partir de una investigación que venía realizando el periodista Claudio Savoia para un medio gráfico nacional, el diario Clarín, y que comienza en setiembre de 2008 cuando se descubre una carpeta negra donde se guardaban una serie de actas que todos los años remite la Secretaría Legal y Técnica al Archivo General de la Nación, donde constan los originales enviados de los decretos presidenciales del período en cuestión, de los que se exceptúan aquellos considerados secretos. En esa carpeta se detallan aquellos decretos secretos firmados por la dictadura los seis días posteriores al golpe, firmados por toda la junta, 21 en total, de los cuales 4 eran reservados. Asimismo se pudo establecer que Videla firmó luego 299, Viola 44, Galtieri 30 y Bignone 101 de los cuales muchos de ellos eran reservados y secretos.

Ante este descubrimiento, el periodista Savoia solicitó el 21 de abril de 2009 acceso a esta información amparándose en el decreto 1172 de 2003, solicitud que es rechazada por la Secretaría Legal y Técnica la que fundamentó el rechazo en que esos decretos secretos y reservados tienen la "excepción a la obligación de proveer la documentación requerida porque involucra información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior", cuestión que, cuando menos, resulta inexplicable que se trate de proteger una información que involucra directamente posibles decisiones tomadas por los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.

Y cabe aquí citar las declaraciones hechos publicas por el constitucionalista Roberto Gargarella, quien expresó que "en una sociedad democrática no existe ninguna razón para convalidad secretos dado que somos todos iguales frente a la Constitución y nadie tiene derecho a saber más que los demás en asuntos de primer interés público. Cuestiones de emergencia militar o diplomática podrían aspirar a una salvedad que debería mirarse con criterios de máxima restricción, revisables judicialmente y diseñados del modo más estrecho posible".

A su vez Ramiro Ugarte, miembro de una asociación de derechos civiles, plantea que "no existe ningún argumento válido para mantener bajo secreto los decretos de la dictadura. ¿Qué daño para la seguridad nacional de un estado democrático puede acarrear la divulgación de información de hace treinta años, relacionada con un régimen autoritario y criminal que se quiere superar? Tengo la esperanza que la respuesta del gobierno haya sido un acto reflejo, producto de la cultura del secreto que heredamos de la dictadura y que todavía permanece enquistada en algunos sectores del estado democrático".

Venimos exigiendo que algunos países, como Estados Unidos desclasifiquen información que pueda brindarnos un más amplio conocimiento de las implicancias de su gobierno con distintas dictaduras que azotaron Latinoamérica en esa época, y no podemos negamos a dar a conocer los que fueron directamente producidos en nuestra patria.

El periodista que realizó el pedido de desclasificación de esos decretos, Claudio Savoia, decide publicar la historia el 15 de mayo de 2011, presentando nuevamente un requerimiento para tener acceso a la información pública, pensando que quizás "nadie se atrevería a quedar pegado" a la dictadura, esperanza que vuelve a frustrarse ante la negativa respuesta obtenida. Y es en ese momento que se inicia la causa que lleva el número 19263/2011 "Savoia Claudio Martín contra el Estado Nacional-Secretaría Legal y Técnica" bajo la forma de amparo, el que bajo la firma de la jueza María Alejandra Biotti determina que la publicidad de los actos de gobierno "constituye uno de los pilares de todo gobierno republicano", puesto que el derecho a la información está consagrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que sobre el tema suscribió nuestro país. Este fallo fue apelado por el gobierno, y la Cámara le dio curso fallando a favor de la apelación con dos votos de sus integrantes, y hoy está para ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cita Savoia en una nota lo manifestado por el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Ezequiel Nino, quien expresara que "el fallo de la Cámara representa un enorme retroceso en materia del derecho humano a la información pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que cualquier ciudadano tiene la potestad de requerir este tipo de información. Sin embargo la Cámara adopta un criterio restringido, según el cual quien reclama a la justicia debe justificar cuál es el perjuicio que le genera la denegatoria. Esto va claramente contra la jurisprudencia regional".

A su vez Rodolfo Pérez Esquivel en declaraciones a los medios a principios de noviembre del corriente año, manifestó que "es una barbaridad que me asombra y me perturba, por no decir que me indigna", agregando "esto es grave, nosotros estamos pidiendo abrir todos los archivos y acá hay documentos de la dictadura que permanecen en las sombras. El gobierno tiene la obligación de dar a conocer esto. Hay que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace".

Este reclamo no es sólo de un periodista, sino el de un ciudadano más, que, como muchos viene exigiendo conocer la verdad. No hay argumentos racionales que justifiquen esta negativa gubernamental, más proviniendo de un gobierno que dice estar comprometido con los derechos humanos. Saber la verdad es un derecho elemental, y en lo que se refiere a esa época nefasta de nuestra historia, ya muchos hombres y mujeres se fueron de este mundo sin conocerla en su totalidad. No le sigamos negando a las generaciones presentes y futuras saber todo aquello que está documentado, el conocimiento de los hechos y decisiones tomadas por el proceso cívico militar nos van a acercar a esos objetivos de verdad y justicia por los que muchos y muchas venimos luchando a lo largo de nuestra vida.

Es por todo lo expuesto que solicito a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.