La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio al desalojo de las familias que habitaban las casas del Plan Federal de Viviendas, del barrio de La Movediza, Municipio de Tandil, Provincia de Buenos Aires.

Su profunda preocupación por la situación habitacional de las personas que allí habitaban así como su esperanza en que dicha situación sea solucionada de inmediato.

Señor presidente:

El pasado 15 de octubre del corriente año sucedieron hechos dignos de ser repudiados con el mayor vigor posible.

Ese día lunes 15 de octubre funcionarios de la Municipalidad de Tandil, acompañados de fuerzas policiales, desalojaron un grupo de familias de dos terrenos del Plan Familia Propietaria, destinados al Plan Federal de Vivienda, en el barrio de la Movediza.

El violento desalojo fue promovido por el Ejecutivo local y avalado por una decisión judicial previamente solicitada por el Intendente tandilense, Miguel Lunghi. El pedido encontró buena recepción en el Poder Judicial que con una celeridad poco habitual sacó la resolución que desalojó a dichos ocupantes.

Cabe destacar, por declaraciones de María Estela Maldonado, una de las protagonistas del conflicto, que la autorización para dicha ocupación había sido dada por el hijo del intendente, secretario del Jefe Comunal de dicho Municipio, ya que los terrenos estaban abandonados. Dice Maldonado: "Me reuní con Lunghi hijo y le conté cuál era mi situación y qué pensaba hacer y él mi dijo que sí, que no había problemas, que mantuviera el terreno limpio, que parquizara y que pusiera algunas plantitas". Cuenta además que al preguntarle qué iba a hacer con el terreno, su respuesta fue ni más ni menos que lo que hizo, "construir pequeña casita porque más no podía", a lo que la respuesta fue positiva.

Es necesario expresar que las vías de solución de los conflictos para con personas en situación de calle y con necesidades básicas insatisfechas, no puede ser nunca la de la persecución y exclusión sino que se tiene que trabajar con el mayor empeño posible para paliar estas necesidades, que es el Estado en todos sus estamentos el encargado de lograrlo, ya que así lo marca la Constitución Nacional en su articulo 14 bis, al señalar que el Estado deberá garantizar "el acceso a una vivienda digna".

Que los representantes del pueblo de la Nación Argentina no podemos quedarnos inmóviles cuando la Constitución Nacional es violada con semejante flagrancia por la incapacidad de la administración pública a la hora de asignar los recursos sin un direccionamiento político.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.