La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar el más enérgico repudio al nuevo aumento de tarifas anunciado por las empresas de telefonía celular Claro, Movistar, Personal y Nextel, y pedir al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata suspensión de los mismos, así como exigir el pronto tratamiento de esa prestación como de "servicio público".

Señor presidente:

Hoy pudimos conocer que las empresas de telefonía celular que concentran el mercado se disponen nuevamente a aumentar sus tarifas, tratándose del tercer aumento de tarifas en telefonía móvil en lo que va del año, luego de los aplicados en marzo y luego en julio, que alcanzaron a distintos clientes y planes.

Una vez más, nos encontramos ante la abusiva situación a la que se enfrentan los consumidores del servicio de telefonía móvil a lo largo y a lo ancho de nuestro país. La masividad del uso de telefonía y la importancia que adquirió el servicio para la cotidianeidad en la nueva era digital hace indispensable que los ciudadanos visualicen el accionar del Estado en pos de revertir esta situación.

El desarrollo de las sociedades modernas integra nuevos servicios a los básicos para satisfacer el bienestar de la población. Por su consumo extendido a todos los estratos sociales, la telefonía móvil se ha sumado a la misma categoría de los servicios de agua, desagües cloacales, electricidad, gas y telefonía básica. La protección a clientes de compañías privadas que operan en un mercado oligopólico consolidado es una demanda inequívoca de los ciudadanos hacia el Estado.

Estamos en condiciones de decir que en nuestro país, lo único que ha acompañado el crecimiento de líneas celulares, es la ganancia de las empresas y los reclamos de los consumidores. En todos los Organizaciones que se dedican a la defensa de los consumidores, hace años que los reclamos contra el mal funcionamiento de la telefonía móvil o el abuso del que se sienten parte sus usuarios lideran todos los rankings. En todo el país sucede lo mismo.

Esta problemática no es nueva para nadie. Desde aquí hemos presentado un pedido de informes en relación a la ineficiencia del servicio de telefonía móvil en el mes de Marzo (número de expediente 1190-D-2014). Además, venimos insistiendo incansablemente en la declaración de la prestación de la telefonía móvil como servicio público (3582- D-2012), ya que no se trata de un bien suntuoso, sino que representa un servicio esencial. Con este paso obligar a las empresas a que cumplan con los planes establecidos y el usuario tenga herramientas necesarias para poder accionar frente a las faltas y los excesos. De esta forma también se faculta al Estado a tener un mayor grado de intervención en beneficio de proteger a los usuarios.

Según reza su Institucional; "La Comisión Nacional de Telecomunicaciones es un órgano descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cuya misión y funciones son la regulación, contralor, fiscalización y verificación de los aspectos vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, postales y de uso del Espectro Radioeléctrico". Y teniendo en vista nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 42 expresa que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno."

Entonces es obligación del Gobierno Nacional velar por la defensa de los intereses del consumidor, así como generar las condiciones necesarias para garantizar la libertad de elección en la relación del consumo, buscando salvaguardar los derechos de los usuarios y consumidores, también contemplados en la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.