La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle que, por intermedio de los organismos y dependencias competentes, informe acerca de las medidas que tiene previsto adoptar en respuesta a los serios cuestionamientos y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, que contiene el último informe final emitido en Ginebra el 22 de Octubre pasado, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Señor presidente:

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió el pasado 22 de Octubre en la sede de Ginebra, el informe final de evaluación sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, que contiene duras advertencias y críticas al gobierno nacional.

La comitiva que representa a nuestro país encabezada por el Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, recibió dicho informe de la ONU que incluye 119 conclusiones y recomendaciones para que el gobierno nacional "tome nota" de varios aspectos críticos de su política de derechos humanos.

Entre las cuestiones más destacadas, el informe conocido internacionalmente como Examen Periódico Universal (EPU) que las Naciones Unidas elaboran cada cuatro años, mencionó las evidencias de tortura en las cárceles, los reiterados reclamos por mayor libertad de expresión, la situación de extrema debilidad de grupos indígenas, la falta de acceso a la información pública y la manipulación de las estadísticas oficiales.

Este es el segundo año en el que Argentina asiste al EPU, mecanismo por el cual se evalúa cada cuatro años a todos los países miembros de las Naciones Unidas, de los cuales 60 se encargan de monitorear la situación interna de cada Estado en materia de derechos humanos. Cabe destacar que a partir del año 2013 nuestro país pasará a formar parte del Consejo evaluador del organismo.

En favor del gobierno nacional, el referido Informe de las Naciones Unidas destacó como un hecho ejemplar la política de derechos humanos de la Argentina, por la condena judicial a militares de la dictadura. No obstante, en este caso se incluyó la preocupación de Canadá por la seguridad y la protección de los testigos en los juicios, requiriendo se tomen iniciativas para su protección.

Con relación a las denuncias de tortura en las cárceles, el informe recomendó establecer un mecanismo nacional para la prevención de este delito y aprobar una ley de creación del sistema nacional de prevención de la tortura, rescatando un proyecto que se encuentra frenado desde el año 2011, recogiendo una advertencia de más de 20 países.

En cuanto a la situación del servicio penitenciario, el informe de la ONU recomendó "seguir mejorando las condiciones en las cárceles del país y los centros de detención provinciales". Y en otra de las recomendaciones instó a "mejorar las condiciones del sistema penitenciario, la lucha contra el hacinamiento y promover la capacitación en derechos humanos para los agentes penitenciarios".

También se pidió fortalecer las acciones de todos los órganos del Estado en la lucha contra la violencia de género con el objetivo de reducir la cantidad de muertes por femicidio, en un reclamo que hicieron España, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda y Noruega, entre otros.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a la Argentina a aprobar una legislación sobre el acceso a la información pública mediante una ley que cubra las tres ramas del poder. De tal manera rechazó la excusa que situó nuestro país en días anteriores cuando justificó que ese derecho estaría garantizado con un Decreto que sólo alcanza al Poder Ejecutivo. En el mismo sentido el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Álvaro Herrero, había expresado que "el acceso a la información ha empeorado enormemente en los últimos cuatro años".

Acerca de la prensa, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Gobierno "fortalecer las acciones para defender la libertad de expresión". Se incluyó expresamente un apartado que formuló Estados Unidos para "respetar y aplicar las decisiones de la Corte sobre los artículos pendientes de la ley de medios". También el Informe instó al gobierno nacional a garantizar la protección de los periodistas.

En otro tramo del informe, las Naciones Unidas pidieron a nuestro país garantizar el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Se incluyó un pedido especial de varios países para "garantizar el derecho al aborto por violación en todo el país", de conformidad con la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sobre el mismo tema, Amnistía Internacional de Argentina pidió al gobierno que cumpla con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

También en cuanto a la situación de las minorías indígenas, la ONU puso énfasis particular sobre el derecho a la propiedad, el acceso a la vivienda, el derecho a la participación y la educación intercultural de los pueblos originarios.

Por todo ello, resulta evidente que la política de derechos humanos de la Argentina debió sortear un examen trascendente ante la comunidad internacional, luego de someterse al procedimiento de Examen Periódico Universal (EPU), diseñado por las Naciones Unidas hace cuatro años, con el objetivo de que los estados se controlen recíprocamente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

De acuerdo al mecanismo del EPU, cada uno de los miembros de la ONU debe presentar un informe sobre el estado de los derechos humanos en su territorio y luego prestarse a un diálogo con los demás países, que están habilitados para hacer preguntas y formular recomendaciones, cuyo cumplimiento es monitoreado en la siguiente presentación, cuatro años más tarde.

En 2008, a la Argentina se le recomendó abordar la discriminación contra las mujeres, mejorar las condiciones penitenciarias, garantizar el castigo al delito de tortura, brindar rapidez en los juicios de derechos humanos en curso y asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Comentarios difundidos en la sede de Ginebra de la ONU reconocen que en los últimos años se han producido importantes progresos en el juicio y castigo a los responsables de los gravísimos delitos cometidos por la última dictadura.

Sin embargo, "hay situaciones actuales que siguen constituyendo deudas", según lo expresado por la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. La experta agregó que en nuestro país: "las mujeres siguen siendo discriminadas en materia de derechos sexuales y reproductivos: durante los últimos 20 años la falta de acceso a abortos seguros ha sido la principal causa de mortalidad materna. Las condiciones carcelarias, siguen siendo, en algunos casos, inhumanas y degradantes y raramente son investigadas las denuncias de torturas. La situación de los pueblos indígenas es también muy preocupante, ya que no se les reconoce el derecho a sus tierras tradicionales y siguen siendo víctimas de desalojo, a pesar de que una ley vigente ordenó relevar y registrar las tierras".

Además, según una información de la Asociación de Derechos Civiles de Argentina (ADC), diez organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres presentaron en una conferencia de prensa dada en Ginebra, un informe sobre éstos y otros temas relevantes de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, que fue tenido en cuenta para formular preguntas a los representantes del país durante el análisis. También reiteraron una petición para que el Ministro de Salud de la Nación ratifique por resolución ministerial la Guía técnica para la atención integral de los Abortos No Punibles.

El Informe de la ONU aportó información precisa sobre la desigualdad en el acceso a los abortos no punibles y a los métodos anticonceptivos, y resaltó las dificultades en la atención a la salud sexual de los adolescentes. A su vez, las organizaciones no gubernamentales denunciaron la desigualdad jurídica en cuanto al cumplimiento en el país del fallo de la Corte sobre derechos sexuales y reproductivos, señalando que es diferente la respuesta que recibe una mujer que reclama ese derecho de acuerdo a donde viva.

"La comunidad internacional y la sociedad toda están pidiendo que el Estado Argentino se aboque a una solución integral para la salud de las mujeres, que al menos garantice la cobertura cuando enfrentan una práctica legal, como los abortos en los casos permitidos por la ley, y también que habilite el debate en el Congreso Nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo", reclamaron las organizaciones no gubernamentales.

Las representantes de las organizaciones reforzaron la necesidad de que el Ministerio de Salud dela Nación adquiera una posición activa y responsable en relación con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclamaron que trate el tema en el Consejo Federal de Salud (COFESA). Los problemas y resistencias que se vienen observando ameritan que se refuerce el nivel de cumplimiento del mismo en las Provincias. Para ello solicitan que, entre otras medidas, se eleve a Resolución Ministerial la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles para otorgarle un status legal a la guía y de ese modo, los Ministerios de Salud de las Provincias estén obligados a adoptarla.

En virtud de todos los aspectos críticos de la actual política de derechos humanos ya señalados, resulta menester se informen al Congreso de la Nación las medidas que tiene previsto adoptar el gobierno nacional en respuesta a los serios cuestionamientos y recomendaciones que contiene el último informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para dar aprobación al presente proyecto de resolución.