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PROYECTO DE TP
Expediente 7763-D-2012
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VULNERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS GARANTIAS LEGALES Y PROCESALES DE LA QUE FUERON Y SON OBJETO CINCO PRESOS DE NACIONALIDAD CUBANA DETENIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Fecha: 01/11/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 157
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su preocupación por la vulneración de los Derechos
Humanos y de las garantías legales Y procesales de la que fue y son objeto los cinco presos
cubanos, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar, René González Sehwerert, detenidos en territorio norteamericano.
Si bien esta Honorable Cámara de Diputados reconoce
que dicha lesión hacia los Derechos Humanos de los cinco detenidos, no es atribuible directamente
y en modo total al actual gobierno de los Estados Unidos, resulta incuestionable que, como en todo
estado democrático, el gobierno de turno es el principal responsable de todo acto que vulnere,
lesione o viole derechos inalienables y garantías individuales, y que reside en el mismo la facultad
para constituirse en el garante del pleno ejercicio de éstos, así como también para reparar aquellos
actos que hayan contribuido a socavar la legitimidad y la coherencia del orden que se pretende
sostener.
En función de lo recién expresado, la necesidad de que
el gobierno de los Estados Unidos actúe de manera urgente para evitar que continúe esta injusta
situación.
Su solidaridad con los cinco ciudadanos cubanos
detenidos. La necesidad de difundir la presente Declaración remitiéndola a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la Secretaría General de la UNASUR, al
Secretario General de la ALADI, al PARLASUR y al Alto Representante General del MERCOSUR.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1998 cinco cubanos, fueron
arrestados en Miami por agentes del FBI y aislados en celdas de castigo durante 17 meses
antes que su caso fuera llevado al tribunal.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Fernando González, Antonio Guerrero y René González fueron acusados del nebuloso cargo
de conspiración para cometer espionaje. El gobierno de Estados Unidos nunca los acusó de
espionaje real, ni afirmó que hubiera ocurrido espionaje real ya que no les fue incautado
ningún documento clasificado.
A pesar de la enérgica objeción por parte de
la defensa, el caso se llevó a juicio en Miami, Florida, comunidad con una larga historia de
hostilidad hacia el Gobierno cubano, que impidió en este caso la realización de un juicio
justo.
El juicio duró más de seis meses,
convirtiéndose en el más largo en Estados Unidos hasta ese momento. Más de 119
volúmenes de testimonios y 20.000 páginas de documentos fueron compilados, incluyendo
el testimonio de tres generales retirados del ejército y un almirante retirado, quienes
coincidieron en que no existía evidencias de espionaje.
Al final del juicio, cuando el caso estaba a
punto de ser presentado al jurado para su consideración, el gobierno reconoció por escrito
que había fracasado en probar el cargo principal de conspiración para cometer asesinato
impuesto a Gerardo Hernández, alegando que enfrentaba un "obstáculo insuperable" para
ganar el caso. El jurado, no obstante, encontró culpables a los cinco de todos los cargos,
después de haber sido puesto bajo una intensa presión por parte de los medios de prensa
locales.
Después de ser hallados culpables los cinco
detenidos fueron sentenciados a condenas que suman 4 cadenas perpetuas más 77 años y
confinados a cinco cárceles diferentes de máxima seguridad, totalmente separadas una de
otra y sin comunicación alguna entre ellos.
La distribución de las condenas fueron las
siguientes:
Gerardo Hernández Nordelo: 2 cadenas
perpetuas mas 15 años.
Ramón Labañino Salazar: 1 cadena perpetua
mas 18 años.
Antonio Guerrero Rodríguez: 1 cadena
perpetua mas 10 años.
Fernando González Llort: 19 años.
René González Sehwerert: 15 años.
Parcialmente liberado el 7 de Octubre de 2011, y obligado a residir por un período de 3
años en los Estados Unidos bajo el régimen de "libertad supervisada".
Adicionalmente se les impuso
una cláusula según la cual "como una condición especial adicional de la libertad
supervisada, se les prohíbe asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que
están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones
que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado."
Los cargos de conspiración para cometer
espionaje y conspiración para cometer asesinato conllevaron para tres de ellos sentencias
de cadenas perpetuas, convirtiéndose en las primeras personas en Estados Unidos en
recibir cadena perpetua en casos relacionados con espionaje, donde no existió evidencia
de obtención y transmisión de un solo documento secreto.
La apelación tomó 8 años. El 9
de agosto de 2005, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones revocó sus
veredictos de culpabilidad al considerar que estos cinco hombres no tuvieron un juicio
justo en Miami. En una acción inusual, el Gobierno solicitó a los doce jueces de la Corte de
Apelaciones revisar la decisión del panel en un procedimiento llamado en banc.
Exactamente un año después, el 9 de agosto de 2006, con una fuerte opinión discrepante
por parte de dos de los jueces, el pleno de la Corte revocó por mayoría la decisión de los
tres jueces originales.
Mientras tanto, el 27 de mayo de 2005, el
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, después de estudiar
los argumentos presentados tanto por la familia de los Cinco como por el gobierno de
Estados Unidos, determinó que su privación de libertad era arbitraria y exhortó al gobierno
de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para rectificar esa arbitrariedad.
El Grupo de Trabajo manifestó que, basado
en los hechos y las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el juicio, la naturaleza de
los cargos y la severidad de las sentencias, la privación de libertad de los Cinco viola el
Artículo 14 de la Convención Internacional sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual
Estados Unidos es signatario.
Nunca antes el Grupo de Trabajo sobre
Detención Arbitraria había denunciado como arbitraria la privación de libertad en un caso
juzgado en Estados Unidos debido a violaciones cometidas durante el proceso legal.
La falta de pruebas para sustentar las dos
principales acusaciones - conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer
asesinato en primer grado- y la imposición de condenas de cadenas perpetuas,
completamente irracionales e injustificables, constituyó a lo largo de todo el proceso de
apelación otro argumento clave de la Defensa para explicar la arbitrariedad del proceso.
El 2 de septiembre de 2008 la Corte de
Apelaciones de Atlanta ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco. Ratificó las
sentencias de Gerardo Hernández y René González, y anuló las sentencias de Antonio
Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, por considerarlas incorrectas, enviando
nuevamente a la Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres últimos para ser re-
sentenciados.
En esa ocasión la Corte de Apelaciones en
pleno reconoció que no existía evidencia alguna de que hubo obtención ni transmisión de
información secreta o de defensa nacional en el caso de los acusados del cargo de
conspiración para cometer espionaje.
Por otra parte, uno de los tres jueces del
Panel, la Jueza Phyllis Kravitch emitió una opinión disidente de 16 páginas en la que
argumentó que no existía evidencia alguna para sustentar el cargo de conspiración para
cometer asesinato.
El 15 de junio de 2009 la Corte Suprema de
Estados Unidos anunció, sin más explicaciones, su decisión de no revisar el caso de los
Cinco cubanos a pesar de los sólidos argumentos esgrimidos por los abogados de la
defensa ante las evidentes y múltiples violaciones legales cometidas durante todo el
proceso.
Desconocieron asimismo, el universal respaldo
a esta petición y a los Cinco, expresado en una cifra de 12 documentos de "amigos de la
Corte", cantidad que constituye un hecho sin precedentes ya que representa el mayor
número de amicus que se haya presentado hasta ese momento ante la Corte Suprema de
Estados Unidos para la revisión de un proceso penal.
10 Premios Nobel entre los que figuran el
Presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu,
José Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y
Mairead Maguire; el Senado de México en pleno; la Asamblea Nacional de Panamá; Mary
Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (1997-2002), y el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor,
suscribieron los amicus.
A ellos se sumaron cientos de legisladores de
todo el mundo entre los que se encuentran 75 miembros del Parlamento Europeo,
incluyendo dos ex Presidentes y tres actuales vicepresidentes de ese órgano legislativo;
así como numerosas asociaciones de abogados y de derechos humanos de diferentes
países de Europa, Asia y América Latina, personalidades internacionales y organizaciones
legales y académicas de Estados Unidos.
Con esta decisión del Supremo se agotaron en
la práctica los recursos legales para apelar el fallo de la Corte de Atlanta que ratificó sus
veredictos de culpabilidad.
El 13 de octubre de 2009 tuvo lugar en la
Corte de Distrito de Miami la audiencia de re-sentencia de Antonio Guerrero en el curso de
la cual la propia Jueza que en diciembre de 2001 le impuso una sentencia de una cadena
perpetua más 10 años, se vio obligada a admitir que en el caso de Antonio no existe
evidencia ni de obtención ni de transmisión de información secreta. No obstante, le
impuso la injusta sentencia de 21 años y 10 meses en prisión más 5 años de libertad
supervisada.
El 8 de diciembre tuvo lugar la audiencia de
re-sentencia de Fernando González y Ramón Labañino. La sentencia original de Fernando
(19 años) fue modificada a 17 años y 9 meses en prisión, mientras la de Ramón (1 cadena
perpetua más 18 años), fue reducida a 30 años en prisión.
Durante todos estos años de injusta prisión la
dilación en el otorgamiento de las visas a los familiares de los Cinco cubanos presos en
territorio de Estados Unidos desde Septiembre 12, 1998, ha originado que en la mayoría
de los casos, los mismos hayan podido visitarlos sólo una vez al año como promedio, aun
cuando, de conformidad con las regulaciones de las prisiones respectivas, podrían haberlos
visitado mensualmente.
A dos de ellos, Gerardo Hernández y René
González, se les ha impedido recibir la visita de sus respectivas esposas, Adriana Pérez y
Olga Salanueva, a las que se les ha negado reiterada y sistemáticamente el permiso de
entrada a territorio estadounidense para efectuar tales visitas. Como resultado de dichas
negativas Adriana y Olga no han podido ver a sus esposos.
En el caso de Gerardo Hernández La Corte de
Apelaciones ratificó su sentencia de 2 cadenas perpetuas más 15 años.
Ramón Labañino: la Corte de Apelaciones anuló su
sentencia. El 8 de diciembre de 2009 fue resentenciado a 30 años.
Antonio Guerrero: la Corte de Apelaciones anuló su
sentencia. El 13 de octubre de 2009 fue resentenciado a 21 años y 10 meses.
Fernando Gonzalez: la Corte de Apelaciones anuló su
sentencia. El 8 de diciembre de 2009 fue resentenciado a 17 años y 9 meses.
René González: la Corte de Apelaciones ratificó su
sentencia a 15 años.
En este caso, el proceder de la justicia de
EE.UU. registra graves violaciones a los derechos humanos, a la verdad y a las propias
leyes estadounidenses.
Hay sobradas razones para asegurar que
estos cinco cubanos han sido víctimas de la manipulación política de un caso sin sustento
ni justificación. Ellos vivían y trabajaban en la ciudad de Miami por la necesidad de
proteger a Cuba, Estados Unidos y otros países del terrorismo. Nunca tuvieron en su poder
ni buscaron obtener información sensible relacionada con la seguridad nacional de los
Estados Unidos, lo que quedó demostrado fehacientemente en el proceso legal.
Mientras, los responsables de miles de
atentados, muertes y destrucción en Cuba, como es el caso del confeso terrorista Posada
Carriles, están libres en territorio estadounidense, sin haber sido castigados nunca y
además son homenajeados públicamente pos sus crímenes. La doble moral queda
expuesta como nunca en este caso histórica. La justeza de la causa de defensa de los
cinco presos se extiende por el mundo.
En estos momentos la situación se agrava
para René González Sehwerert, quien es sometido a "libertad provisional supervisada",
nada menos que en Miami, donde este juicio fue falsificado en extremos increíbles para
conformar a esa comunidad cubana local, que por negocios sucios, tiene un fuerte poder
de presión y lobby, y hasta presencia en el propio Congreso de Estados Unidos. René
quedaría a merced de grupos de presión que actúan sobre jueces, policías y además, han
cometido crímenes y atentados en América Latina, en el mundo y en Estados Unidos, como
está comprobado.
También es dramático el caso de Gerardo
Hernández Nordelo, condenado a dos cadenas perpetuas y a otros 15 años de prisión, sin
ninguna comprobación de los hechos de que se lo acusa, y que lo tienen aislado del
mundo y de su familia en cárceles de máxima seguridad.
Actualmente se vive un momento donde la
evidencia es abrumadora y demuestra el ambiente real e intencionalmente hostil en que se
llevó a cabo el juicio. La no admisión por parte del gobierno de lo que hicieron para
envenenar la atmósfera contra los Cinco es una violación fundamental de sus
derechos.
El gobierno norteamericano todavía se resiste
a presentar la evidencia documental en la que se muestra, mucho más claramente que en
la que tiene la Defensa, lo que pasó exactamente con las avionetas de Hermanos al
Rescate y qué estaba pasando con algunas de las transmisiones de acá para allá que
muestran que Gerardo nunca tuvo intención de hacer ningún daño a los Estados Unidos ni
tuvo intención de hacer ningún daño a nadie. Y los documentos del gobierno, incluyendo
por ejemplo las evidencias del satélite, podría haber mostrado una vía hacia una defensa
correcta de Gerardo, pero el gobierno nunca los entregó.
Lo que los Cinco Cubanos y sus abogados no
supieron durante el juicio, fue que el gobierno de EE.UU., a través de su agencia de
propaganda oficial, el Buró de Gobernadores de Transmisiones (BBG), les estaba pagando
en secreto a prominentes periodistas de Miami, que, al mismo tiempo que el gobierno
hacía su acusación, saturaban los medios de Miami con reportes que eran altamente
provocativos y perjudiciales para los Cinco Cubanos.
La presencia de periodistas de Miami en las
nóminas de pago del gobierno de EE.UU., quienes pretendían reportar como si se tratara
de prensa "independiente", va a lo más intrínseco en la injusta condena de los Cinco,
quienes no solo fueron víctimas de una acusación por causas políticas, sino también de la
operación de propaganda realizada por el gobierno.
Existen pruebas de contratos que evidencian
el pago del gobierno de EE.UU. a periodistas en Miami, cuyos reportes constituían un
esfuerzo sostenido por crear una atmósfera de histeria y parcialidad contra Cuba y los
Cinco Cubanos. Tres de los Cinco Cubanos-Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y
Ramón Labañino - han presentado recursos de habeas corpus argumentando que sus
derechos constitucionales a tener un debido proceso fueron escandalosamente socavados
por la operación del gobierno en Miami y los pagos a los reporteros de Miami.
Los reportes de estos periodistas y sus
contratos con el gobierno, demuestran una estrecha asociación entre Washington y los
reporteros del ala derecha del exilio cubano. Prominentes periodistas que publican
tendenciosos temas en contra de Cuba en los medios de Miami, son generosamente
recompensados con contratos de BBG (Buró de Gobernadores de Transmisiones).
"La conducta del gobierno -- la financiación
de una campaña de propaganda en la sede del juicio -- constituye una violación sin
precedentes al derecho de un acusado a un juicio justo, y es un llamado para una
solución". William M. Norris, abogado de Ramón Labañino
El proceso ha llegado a un punto donde existe
un nivel convincente de nueva evidencia que no puede ser ignorado.
Por todo lo expuesto, considero que esta
Honorable Cámara no puede ser ajena a semejante violación a derechos inalienables y
garantías individuales, ya que de este modo se estaría contribuyendo por omisión, a la
vulnerabilidad de los derechos de todos los individuos y ciudadanos del mundo que
pudieran encontrarse en situación semejante.
Que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
ejerce un compromiso irrenunciable en materia de respeto hacia los Derechos Humanos, y que por
ende, es de incumbencia de los legisladores señalar arbitrariedades y violaciones que constituyan
amenazas para las personas, más allá de que éstas no estén bajo jurisdicción nacional.
Que los cinco (5) presos cubanos, Antonio Guerrero
Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René
González Sehwerert, detenidos en los Estados Unidos de Norteamérica permanecen en una
situación de total desamparo legal e incertidumbre debido a que su causa judicial no es ajena a los
intereses políticos en disputa y por ende, resulta contaminada de parcialidad, existiendo
numerosas pruebas que así lo indican.
Que por dicha razón están siendo vulnerados sus
derechos individuales más elementales al constituirse en objetos de una contienda ideológica y en
factor de coerción política por parte de ciertos grupos de presión.
Por tal motivo, solicito a mi pares el
acompañamiento de la presente Declaración.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| PERIE, JULIA ARGENTINA | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| HELLER, CARLOS | CIUDAD de BUENOS AIRES | NUEVO ENCUENTRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |