La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, disponga un incremento arancelario del Sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, de al menos, en los siguientes porcentajes:

Prestaciones ambulatorias: 48%

Prestaciones de hogar o alojamiento: 63,10%

Prestaciones de transporte: 72,3%

Señor presidente:

El presente Proyecto de Declaración tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, por medio del organismo que corresponda, disponga el siguiente incremento arancelario del Sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad en los siguientes porcentajes:

Prestaciones ambulatorias 48%

Prestaciones de hogar o alojamiento 63,10%

Prestaciones de transporte 72,3%

En la actualidad hay en Argentina 1.025 instituciones acreditadas ante el sistema de Juntas Evaluadoras coordinadas por el Sistema Nacional de Rehabilitación que prestan servicios de atención a personas discapacitadas. Las prestaciones aludidas alcanzan 1.700 servicios tales como estimulación temprana, escuelas, integración, residencias, hogares, centros de día, centros educativo-terapéuticos, prestaciones de apoyo, transporte, entre otros, todos ellos establecidos en el Nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Dichas prestadoras brindan atención en todas las provincias de nuestro país a más de 100.000 personas con discapacidad, y proveen empleo directo e indirecto a 90.000 personas.

Estas instituciones han hecho reiterados reclamos ante las autoridades para que se actualicen los aranceles del Sistema de prestaciones básicas de atención a personas con discapacidad debido la grave situación económica que se encuentran atravesando y que pone en riesgo su continuidad como prestadoras. En respuesta a esos reclamos en julio de 2014 el Ministerio de Salud, mediante la Resolución Nº 1151/2014, otorgó un aumento único del 18% en los aranceles para todas las prestaciones.

Sin embargo, este incremento no es suficiente para cubrir las necesidades actuales de los prestadores. En el informe de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIPESA) se expresan los porcentajes en que deben incrementarse los aranceles para poder seguir brindándose las prestaciones en la forma debida. El incremento arancelario reclamado para las diferentes prestaciones son los siguientes:

Prestaciones ambulatorias: 48%. Los valores solicitados al 30/04/2014, serían de un 15,52 % calculado esto en relación al Índice de Precios al Consumidor oficial, a lo que se sumaría lo ya acordado por Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN, elegida por los funcionarios como convenio referencial) en un porcentaje de 28,15%, dando como resultado un coeficiente de readecuación de aranceles del 48%.

Prestaciones de hogar o alojamiento: 63,10%. La gravedad de la situación mostrada en los informes presentados referidos a dichas prestaciones, refleja la necesidad de una adecuación porcentual del 23,06%, capaz de compensar la diferencia que se genera por la errónea aplicación del Nomenclador en las prestaciones combinadas. Esto, sumado al incremento acordado con la UPCN por un 28,15% refleja un total de 63,1% de aumento para dichas prestaciones.

Prestaciones de transporte: 72,3%. Esta prestación requiere analizar un componente particular dada su incidencia en la composición del costo, que es el valor del combustible, lo que determina un porcentaje de incremento de un 34,5% al 30/04/2014 que, sumado al incremento de UPCN del 28,15%, arroja un incremento del orden del 72,3%.

El Ministerio de Salud y los organismos responsables, a pesar de los reiterados reclamos realizados no dan con las respuestas necesarias, colocando a las instituciones en una situación de total vulnerabilidad, exponiendo a las personas con discapacidad a quedar sin atención, o a que sus familias afronten los costos de los tratamientos. De esta manera se está vulnerando el derecho a la atención de las personas establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el principio de igualdad ante la ley establecido por nuestra Constitución Nacional, y la obligatoriedad de asegurar la atención de las personas con discapacidad establecido por la Ley 24.901.

Es importante recordar que si no se realiza esta adecuación arancelaria no solo peligra la continuidad de las prestaciones sino que además se ponen en riesgo los 90.000 puestos de trabajo requeridos para brindar una atención de calidad.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, acompañen con su voto el presente Proyecto de Declaración.